Las personas médicas residentes en México enfrentan precarización laboral, violencia de género, guardias extenuantes y agotamiento físico y emocional, además de una dualidad jurídica que las coloca como estudiantes y trabajadores sin garantizar plenamente sus derechos, de acuerdo con un informe especial presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Ante este panorama, la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, llamó a las instituciones públicas y privadas que participan en los programas de residencias médicas a homologar sus procesos y realizar ajustes para proteger a quienes cursan una especialidad. También exhortó a las cámaras de Diputados y Senadores a dictaminar las iniciativas de reforma existentes en la materia.
Durante la presentación del “Informe Especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas médicas residentes en México”, destacó la necesidad de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) actualice sus programas y convenios de colaboración con las instituciones de salud para garantizar espacios libres de violencia.
Sostuvo que no es posible aspirar a un sistema de salud fuerte si quienes lo sostienen durante las guardias, en las urgencias y en los quirófanos enfrentan condiciones que vulneran sus propios derechos.
Explicó que el documento identifica la desprotección derivada de que las personas residentes sean tratadas como estudiantes en formación o como personal trabajador, según las circunstancias, una situación que también tiene consecuencias para quienes reciben atención médica.
La presidenta de la CNDH atribuyó estos problemas al desmantelamiento del sistema de salud que, afirmó, propiciaron las políticas neoliberales implementadas desde los años ochenta y durante casi cuatro décadas.
