La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sancionaron a 22 funcionarios de 15 dependencias del gobierno de México por faltas administrativas graves y no graves. Las sanciones incluyen destituciones, inhabilitaciones de hasta 10 años, suspensiones y multas por un total de 967 mil pesos.
Entre los casos graves destaca el de una funcionaria del Banco del Bienestar, quien fue destituida, inhabilitada por 10 años y multada con 961 mil pesos por reportar en 2023 un saldo de caja de un millón de pesos cuando sólo contaba con 45 mil pesos. En la Secretaría de Salud, otro funcionario fue inhabilitado por un año y sancionado con 6 mil pesos por presentar una licencia médica del ISSSTE en un formato no oficial. En la CFE, dos funcionarias fueron destituidas por irregularidades en una evaluación que permitió contratar por 5 millones de pesos a una empresa que no cumplía los requisitos.
En el SAT, un funcionario fue suspendido durante 30 días por atender fuera de plazo una resolución relacionada con un adeudo fiscal de 87 mil pesos. Por faltas no graves, Pemex suspendió a un trabajador por omisiones en reportes sobre una válvula de llenado de azufre; mientras que en la Secretaría de Salud un funcionario fue suspendido por acoso sexual y en el Instituto Nacional de Bellas Artes otra trabajadora fue sancionada por insultar a una compañera debido a su condición física y orientación sexual.
En otros casos, funcionarios de Hacienda y Economía fueron suspendidos por irregularidades en la adquisición de licencias de software y por alterar un justificante de asistencia. En IMSS-Bienestar, un trabajador fue destituido e inhabilitado por acoso sexual contra dos pasantes. La Guardia Nacional destituyó a cinco funcionarios por presentar certificados escolares no válidos, mientras que en el IMSS un funcionario fue inhabilitado por acoso y agresión contra compañeras.
También hubo sanciones en el Banco Nacional del Ejército, ISSSTE, Financiera para el Bienestar e Indep por solicitar dinero para conseguir empleo, entregar una licencia médica sin autorización, irregularidades en el manejo de recursos y omitir información laboral.
Las autoridades señalaron que las sanciones se impusieron conforme a la ley y considerando la gravedad y proporcionalidad de cada falta. Los funcionarios tienen derecho a impugnar las resoluciones, mientras que las dependencias aseguraron que defenderán sus determinaciones con base en la evidencia.
