El regreso a clases volvió a colocar sobre las familias del Valle de Toluca un gasto que no aparece en las listas oficiales de útiles, uniformes o zapatos: las aportaciones solicitadas por asociaciones de padres de familia en escuelas públicas, que legalmente deben ser voluntarias, pero que en algunos planteles terminan relacionadas con la entrega de fichas de inscripción, el mantenimiento de los salones o distintas formas de presión para conseguir el pago.
La Ley General de Educación establece que la enseñanza impartida por el Estado es gratuita y prohíbe condicionar la inscripción, el acceso al plantel, las evaluaciones o la entrega de documentos al pago de cualquier contraprestación. Las aportaciones de madres y padres pueden existir, pero deben mantenerse como voluntarias y las autoridades educativas tienen la obligación de establecer mecanismos para regular su aplicación, destino, transparencia y vigilancia.
En el Estado de México existe además regulación específica para las asociaciones escolares. El Reglamento de Participación Social señala expresamente que sus recursos pueden provenir de aportaciones voluntarias y vuelve a prohibir que el ingreso o permanencia de un alumno sea condicionado a su entrega. Las autoridades de las escuelas tampoco pueden administrar directa o indirectamente ese dinero.
La distancia entre esa norma y lo que ocurre al comenzar el ciclo escolar aparece en los testimonios recabados por AD Noticias en tres planteles de Toluca.
Las aportaciones solicitadas por asociaciones de padres de familia deben ser voluntarias en las escuelas públicas. / Archivo AD
Pagar antes de inscribirse
Ana tiene un hijo en la escuela Alfonso Gómez de Orozco, donde estudian alrededor de 450 alumnos. Este ciclo, la aportación solicitada fue de 450 pesos y, de acuerdo con su experiencia, el carácter voluntario prácticamente desaparece cuando llega el momento de cumplir con el pago.
“Pagamos 450. Sí, sí es obligatorio”, señala.
La presión, asegura, no ocurre únicamente durante las inscripciones, pues el ciclo anterior, cuando el gobierno entregó pintura para mejorar los salones, la asociación de padres condicionó los trabajos a que todos los integrantes del grupo hubieran cubierto previamente su aportación.
“Incluso el año pasado el gobierno dio una pintura para los salones y la sociedad de padres condicionó que solo se pintarían los salones donde ya hubieran pagado todos los niños”.
Si los aproximadamente 450 estudiantes aportaran los 450 pesos solicitados, la asociación reuniría alrededor de 202 mil 500 pesos durante el ciclo. Ana sostiene que desde hace más de un año no conoce un informe sobre la utilización de esos recursos y señala otro problema: la persona que encabeza la organización lleva más de tres años en esa posición, aunque, de acuerdo con lo que conocen los padres del plantel, la representación debería renovarse.
“Tampoco han rendido cuentas desde hace más de un año. Se supone que cada año debería de cambiar la sociedad de padres de familia, pero la persona a cargo ya lleva más de tres años al frente”.
La situación cambia dependiendo de cada escuela y de la organización que tengan los padres.
Familias del Valle de Toluca enfrentan gastos adicionales al inicio del ciclo escolar por lo que estas cuotas afectan. / Foto: Archivo AD
Cuando la cuota sí es voluntaria
María, profesora de la primaria Miguel Hidalgo y Costilla de San Marcos Yachihuacaltepec, explica que el plantel tiene también alrededor de 450 alumnos y solicita una aportación de 600 pesos por estudiante, aunque asegura que en este caso el pago no se utiliza como condición para ingresar o permanecer en la escuela.
“Se pagan 600 pesos por niño, pero no es obligatorio”, señala.
La cantidad permitiría recaudar hasta 270 mil pesos si todas las familias decidieran cubrirla. Según María, ese dinero termina financiando gastos que existen todos los días dentro de la escuela y que no son cubiertos con recursos gubernamentales.
“Ese dinero se usa para comprar productos de limpieza, darle mantenimiento a la escuela y pagarle al personal de intendencia, puesto que ninguno de los dos recibe pago del gobierno”, explica.
La profesora señala que anteriormente una plaza destinada a esa función fue cambiada por un puesto administrativo, por lo que actualmente las familias absorben el costo.
En este plantel, asegura, la asociación presenta cuentas dos veces durante el ciclo y existe información sobre el destino de lo recaudado.
Su testimonio muestra otra cara de las aportaciones: recursos que las familias terminan entregando para cubrir necesidades básicas de funcionamiento que, de otra manera, permanecerían sin atender.
Aportaciónes de hasta 600 pesos por alumno. / Foto: Archivo AD
La presión para efectuar el pago
Karla forma parte de la asociación de padres de familia de la Secundaria Federal Agustín Melgar, en Toluca, donde estudian alrededor de mil alumnos. La aportación solicitada es de 550 pesos y, aunque formalmente no se presenta como obligatoria, describe un procedimiento en el que pagar facilita continuar con la inscripción.
“Pues no es que se obligue, pero sí se presiona para que paguen. Primero pagan y luego se les da su ficha de inscripción”, explica.
El monto adquiere otra dimensión por el tamaño de la matrícula: si las mil familias cubrieran la cantidad completa, la bolsa alcanzaría aproximadamente 550 mil pesos.
La asociación utiliza los recursos para comprar productos de limpieza y pagar a los conserjes cuando realizan determinadas faenas, según Karla. Quienes no pueden entregar los 550 pesos reciben otra alternativa.
“Si alguien no llega a pagar, son muy pocos, se le dice que haga faenas”.
Entregar una ficha únicamente después de recibir una aportación coloca la práctica en una zona que contradice la gratuidad establecida en la legislación, pues la Ley General de Educación no distingue entre impedir definitivamente una inscripción y establecer un pago como paso previo para realizarla: el acceso al servicio educativo no puede condicionarse a ninguna contraprestación.
Si las familias de los alrededor de 450 alumnos cubrieran la aportación de 600 pesos, la escuela podría reunir hasta 270 mil pesos. / Foto: Archivo AD
Otro gasto para las familias
Los 450, 550 o 600 pesos pueden parecer cantidades menores frente al costo total de un ciclo escolar, pero cambian cuando una familia tiene dos o tres hijos, ya que dos estudiantes en planteles con una aportación de 600 pesos representarían mil 200 pesos adicionales justo al inicio del ciclo, cuando también deben comprarse útiles, uniformes, calzado y otros materiales.
La presión económica aumenta precisamente en los hogares donde varios menores estudian al mismo tiempo y convierte una cooperación presentada como voluntaria en un gasto que muchas familias terminan incorporando como si fuera parte obligatoria de la inscripción.
Los testimonios muestran también que no existe una sola forma de administrar las aportaciones. Mientras María describe una asociación que informa dos veces al año qué hizo con el dinero, Ana asegura que en su escuela llevan más de un año sin conocer cuentas; Karla reconoce que existe presión para conseguir el pago, aunque quienes no pueden cubrirlo llevan a cabo trabajos en beneficio del plantel.
a Ley General de Educación establece que la inscripción, el acceso a las escuelas, las evaluaciones y la entrega de documentos no pueden condicionarse al pago de una contraprestación. / Foto: Archivo AD
La regulación mexiquense reconoce y ordena el funcionamiento de las asociaciones de padres de familia, por lo que no puede afirmarse que sean organizaciones ilegales; tampoco deben confundirse necesariamente con asociaciones civiles constituidas ante notario: son órganos de participación escolar sujetos a reglas educativas, y esa naturaleza puede volver menos sencilla para las familias la exigencia de responsabilidades sobre el manejo del dinero fuera de los mecanismos escolares y administrativos.
La propia normatividad contempla que las asociaciones participen en la aplicación de las cooperaciones y que exista vigilancia sobre esos recursos; el problema aparece cuando las familias desconocen cuánto se reunió, quién tiene el dinero, en qué se gastó o cuándo se presentará el siguiente informe.
Con el nuevo ciclo ya iniciado, las cuotas vuelven así a mostrar una contradicción que se repite en las escuelas públicas: la ley establece que nadie debe pagar para conseguir un lugar en el aula, mientras algunas familias siguen llegando a las mesas de inscripción con una ficha que, en la práctica, puede comenzar con una pregunta muy distinta: ¿usted ya pagó la cooperación?
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