El próximo sábado 8 de agosto, las calles de Toluca volverán a recibir la Marcha del Orgullo LGBTIQAPNB+ del Estado de México. El contingente se reunirá a las 11:00 horas en el Jardín Reforma y avanzará hasta la Plaza de los Mártires, centro político de la entidad.
Será la vigésima segunda edición de una movilización que comenzó en 2004 con menos de 50 participantes y que hoy representa al sector de la diversidad sexual más numeroso del país.
El desfile, la música y las banderas constituyen su expresión visible. Debajo permanece una discusión más profunda: qué significa pertenecer a la diversidad sexual en una entidad históricamente conservadora, atravesada por la desigualdad, la violencia y gobiernos que durante décadas administraron la diferencia antes que reconocerla plenamente.
Más de medio millón de mexiquenses
La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género estimó que en 2021 vivían en el Estado de México 490 mil personas LGBTI+ de 15 años o más. Ninguna otra entidad concentraba una población tan numerosa: la Ciudad de México registró 311 mil y Veracruz, 308 mil.
Si el dato se actualiza únicamente conforme al crecimiento demográfico y se mantiene constante la proporción registrada por el INEGI, en 2026 habría entre 510 mil y 530 mil mexiquenses de la diversidad sexual y de género.
Es una proyección conservadora: no considera a menores de 15 años ni el creciente autorreconocimiento entre las generaciones jóvenes.
La cifra real podría ser mayor. La identidad no depende solamente de la demografía, sino de las condiciones sociales para nombrarse sin miedo. Allí donde la familia, la escuela, la Iglesia, el trabajo o la comunidad sancionan la diferencia, la estadística no registra ausencia: registra silencio.
La población LGBTI+ es, además, considerablemente joven. En México, 67.5% tiene entre 15 y 29 años. Dentro del grupo de 15 a 19 años, 15.6% se reconoce como parte de la diversidad sexual o de género.
No se trata de una moda generacional, sino de una generación con mayor información, lenguaje y libertad para expresar lo que antes debía ocultarse.
Que el Edomex tenga la mayor población de personas LGBTI+ responde a una nueva generación que no tiene miedo de expresarse. / Fotos: Archivo AD Noticias.
De menos de 50 personas a ocupar la capital
La primera Marcha del Orgullo en Toluca se realizó en 2004. De acuerdo con testimonios recuperados por AD Noticias, la convocatoria reunió a menos de 50 personas y fue encabezada por el activista Israfil Filós Real.
En aquellos años, las exigencias eran elementales: transitar por el espacio público sin ser detenidos, hostigados o agredidos por la policía.
Las mujeres trans desempeñaron un papel fundamental en la formación del movimiento mexiquense. Antes de que las instituciones hablaran de inclusión, ellas colocaron el cuerpo en las calles. La movilización nació menos como celebración identitaria que como ejercicio de resistencia frente a la violencia institucional.
Veintidós años después, el recorrido llegará a la Plaza de los Mártires. El desplazamiento tiene significado político: quienes antes eran expulsados del espacio público ahora ocupan el lugar desde el cual actúan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Ocupar la plaza, sin embargo, todavía no equivale a ejercer plenamente la ciudadanía.
Conforme han pasado los años, las marchas del orgulo LGBTi+ en Toluca han reunido a mas personas pertenecientes a la comunidad. / Foto: Archivo AD Noticias.
Los derechos llegaron tarde
Durante décadas, el régimen mexiquense fue conservador por convicción y pragmatismo. Su relación con la diversidad sexual osciló entre el silencio, la tolerancia subordinada y la contención política.
El problema no era exclusivamente moral. Reconocer nuevos sujetos de derechos implicaba alterar el orden familiar, religioso y corporativo sobre el cual descansaba buena parte de la cultura priista.
La Ciudad de México reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo desde 2009 y comenzó a celebrarlo en 2010. El Estado de México esperó hasta octubre de 2022, casi trece años, para aprobarlo. Para entonces era una de las últimas entidades que se resistían a modificar su legislación.
La historia exige una precisión. Dos avances centrales ocurrieron todavía durante el gobierno priista de Alfredo del Mazo:
En 2021 se aprobó el procedimiento administrativo para que las personas trans mayores de edad modificaran su acta de nacimiento conforme a su identidad de género.
En 2022 se reconocieron el matrimonio y el concubinato entre personas del mismo sexo.
No fueron concesiones espontáneas del régimen. Llegaron después de años de presión social, litigios, movilizaciones, iniciativas congeladas y una correlación legislativa distinta. El PRI terminó reconociendo jurídicamente aquello que durante demasiado tiempo había evitado políticamente.
Por muchos años el territorio mexiquense fue gobernado por el conservadurismo, después de años de lucha ahora la comunidad LGBTI+ cuenta con más reconocimiento y derechos. / Foto: Archivo AD Noticias.
Un gobierno progresista bajo examen
La llegada de Delfina Gómez en 2023 produjo una ruptura histórica: terminó con casi nueve décadas de gobiernos priistas y colocó al frente de la entidad a una administración que se define de izquierda, humanista y progresista.
El cambio de lenguaje es visible. La diversidad sexual dejó de ser tratada exclusivamente como un “grupo vulnerable” y comenzó a aparecer en documentos, encuentros gubernamentales, programas sociales y espacios legislativos.
En 2025, el Congreso mexiquense tipificó el transfeminicidio, con penas de 40 a 60 años de prisión. En enero de 2026 se realizó el primer Parlamento LGBTTTIQNB+ del Estado de México.
De aquel ejercicio surgieron demandas concretas: protocolos policiales en los 125 municipios, reconocimiento normativo de las personas asexuales, una legislación laboral trans, protección contra la violencia familiar y mecanismos permanentes de participación.
Los avances son importantes, pero existe una contradicción difícil de soslayar. El presupuesto estatal destinado a la población LGBTIQ+ se mantuvo en 36 millones de pesos para 2026, sin incremento respecto de 2025.
Para una población estimada en más de medio millón de personas, representa aproximadamente 70 pesos anuales por habitante.
El progresismo no puede medirse por el número de banderas colocadas en los edificios públicos. Se acredita en el presupuesto, las fiscalías, los hospitales, las escuelas y las oportunidades laborales. Lo demás corre el riesgo de convertirse en escenografía inclusiva.
La inclusión del termino «transfeminicidio» ha sido una de las luchas más apalaudidas por la comunidad, ya que la no existencia del término representaba un borrado histórico de los derechos de la comunidad trans y de las violencias diarias que padecen. / Foto: Archivo AD Noticas.
Toluca no es todavía la Ciudad de México
La comparación con la capital del país resulta inevitable. La Ciudad de México no solamente reconoció antes el matrimonio igualitario y la identidad de género; también construyó una arquitectura institucional especializada: organismos contra la discriminación, clínicas para personas trans, protocolos de atención, programas territoriales y espacios culturales donde la diversidad adquirió presencia cotidiana.
En 2021 promulgó la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI, que articula obligaciones en salud, educación, trabajo, seguridad, participación política y acceso a la justicia.
El Estado de México posee una población LGBTI+ mayor en términos absolutos, pero una densidad institucional menor.
Su territorio también es más complejo: 125 municipios, grandes distancias, zonas rurales, corredores industriales, comunidades indígenas y gobiernos municipales con capacidades y convicciones muy diferentes.
En la Ciudad de México, una persona puede encontrar redes, servicios y espacios seguros relativamente próximos. En numerosos municipios mexiquenses, el ejercicio de los derechos puede depender todavía de la familia, el empleador, el policía, el presidente municipal o la autoridad religiosa.
El código postal continúa determinando cuánto derecho puede ejercerse.
La capital del país tampoco constituye una utopía. La discriminación laboral, la violencia y los transfeminicidios persisten incluso dentro del territorio con la legislación más avanzada. La diferencia es que posee más instituciones para identificar, atender y perseguir esas violencias.
La lucha LGBTI+ en el Edomex tiene avances significativos, sin emvargo la lucha sigue. / Foto: Archivo AD Noticias.
La desigualdad dentro de la diversidad
Las personas de la diversidad sexual no constituyen una comunidad socialmente homogénea.
No enfrenta las mismas condiciones un profesionista gay del Valle de México que una mujer trans sin empleo formal en el sur de la entidad; una joven lesbiana con respaldo familiar que una adolescente expulsada de su casa; una persona no binaria en Toluca que otra en una comunidad rural.
Las mayores brechas se concentran en cinco ámbitos:
Violencia y justicia. Faltan protocolos generalizados para investigar homicidios, agresiones y desapariciones desde la hipótesis de violencia por prejuicio.
Empleo. Las personas trans encuentran mayores barreras para ingresar al trabajo formal. La discriminación las empuja hacia economías precarias y aumenta su exposición a distintas formas de violencia.
Salud. Se requieren servicios especializados, atención hormonal segura, prevención de VIH e infecciones de transmisión sexual y servicios de salud mental sin patologización.
Educación. El acoso por orientación sexual, identidad o expresión de género continúa expulsando simbólica y materialmente a estudiantes.
Municipios. La política estatal no ha logrado homologar capacidades de atención en los 125 ayuntamientos.
La ENDISEG muestra la profundidad del problema: 26.1% de la población LGBTI+ ha tenido pensamientos suicidas, frente a 7.9% de la población no LGBTI+.
En total, 28.7% declaró haber pensado o intentado quitarse la vida. Los problemas familiares, escolares y de pareja aparecen entre las causas principales.
No se trata de una fragilidad inherente a la diversidad, sino del costo emocional de crecer bajo el rechazo.
Foto de las primeras marchas del orgullo LGBTI+ / Foto: Archivo AD Noticas.
Del desfile a una política de Estado
La marcha del próximo sábado debe conservar su dimensión festiva. Celebrar la vida también constituye una forma de resistencia. Pero reducirla al folclor, al carnaval o al consumo de una tarde significaría despojarla de su historia.
El Estado de México ya cuenta con matrimonio igualitario, reconocimiento de identidad de género y tipificación del transfeminicidio. El siguiente nivel exige una política integral de diversidad sexual, presupuesto creciente, información actualizada, fiscalías capacitadas, clínicas regionales, educación contra el acoso y protocolos obligatorios en los 125 municipios.
El viejo régimen concedió derechos tarde y bajo presión. El nuevo afirma compartir sus principios. La diferencia importa, pero no basta.
El progresismo será real cuando una persona LGBTI+ pueda vivir con la misma seguridad en Toluca, Nezahualcóyotl, Tejupilco, Atlacomulco o Valle de Bravo; cuando salir del clóset no signifique perder la familia, el trabajo o la vida.
Hasta entonces, el arcoíris sobre la Plaza de los Mártires será simultáneamente celebración, memoria y exigencia.
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