Hay algo más inquietante que la corrupción política, más difícil de detectar que el abuso de poder y, por lo mismo, más peligroso: el momento en que una élite deja de creer en su propio país. No lo dice en voz alta, no lo declara en un manifiesto, pero lo sugiere en cada gesto, en cada argumento, en cada vez que mira hacia fuera buscando la solución de lo que no supo construir dentro.
Eso es lo que empieza a asomarse en el debate público mexicano.
Cuando figuras políticas como Jorge Romero Herrera, Alejandro Moreno Cárdenas o Lilly Téllez, acompañadas por actores empresariales como Ricardo Salinas Pliego y Claudio X. González, colocan la idea de que la presión externa puede ser un mecanismo legítimo para resolver problemas internos, no están simplemente adoptando una postura política: están revelando una forma de entender el poder.
Una forma que tiene menos que ver con la ideología que con la incapacidad.
Porque lo primero que se pierde no es la soberanía, sino la convicción de que vale la pena ejercerla. Y esa pérdida es, ante todo, intelectual. Epistemológica, si se quiere decir con precisión: la idea de que el conocimiento válido, la solución eficaz y el orden posible no están aquí, sino en otra parte. Afuera. En otro sistema, en otro poder, en otra lógica.
A partir de ahí, todo lo demás se vuelve una consecuencia.
El lenguaje se suaviza, se vuelve técnico, casi higiénico: se habla de cooperación, de alineamientos, de estándares. Pero debajo de esa superficie pulida se instala una premisa más antigua que el propio Estado mexicano: que el país es insuficiente. Que necesita tutela. Que no alcanza.
Y cuando una clase dirigente empieza a pensar así, el país deja de ser un sujeto político para convertirse en un problema que alguien más debe resolver.
No es la primera vez que ocurre.
La historia mexicana está marcada por momentos en los que esa fractura interna se encontró con un apetito externo perfectamente dispuesto a aprovecharla. La pérdida de Texas no fue un accidente geográfico, sino el resultado de un Estado que había dejado de estar presente donde decía gobernar. La guerra con Estados Unidos no fue solo un conflicto militar, sino el choque entre una expansión con proyecto y una nación en disputa consigo misma. El Tratado de Guadalupe Hidalgo no negoció la realidad: la registró.
Nada de eso empezó en el campo de batalla.
Empezó antes, en la forma de pensar el país.
Por eso el fenómeno actual no puede leerse como una simple estrategia política. Tiene una dimensión más profunda, casi psicológica. No se trata de actores particularmente audaces, sino de actores estructuralmente inseguros. Incapaces de construir poder sostenido dentro de su propio sistema, buscan compensar esa debilidad con validación externa.
No es un gesto ideológico.
Es un reflejo.
Y ahí es donde la dimensión moral deja de ser un adjetivo para convertirse en un problema real. Porque no se trata de que “no quieran” al país —eso sería una simplificación útil pero torpe—, sino de que están dispuestos a subordinarlo si eso les permite acceder al poder, al negocio o a la impunidad.
No es traición en el sentido clásico.
Es algo más moderno y, por eso mismo, más inquietante: la conversión del país en instrumento.
El cálculo es transparente. La presión externa sirve para debilitar adversarios internos, para reconfigurar correlaciones de fuerza, para abrir espacios económicos, para desplazar responsabilidades. Es, en suma, una forma de poder sin costo electoral inmediato.
El poder sin votos.
Pero con respaldo.
Y ahí es donde la geopolítica deja de ser una abstracción para convertirse en una realidad incómoda. Porque los actores externos —y en particular Estados Unidos— no operan por altruismo ni por vocación moral. Operan por interés. Siempre lo han hecho. Lo hicieron en el siglo XIX y lo hacen hoy, con otros instrumentos, con otros lenguajes, con otros métodos.
Pensar lo contrario no es ingenuo.
Es irresponsable.
Por eso el riesgo no está en una intervención inmediata ni en una pérdida territorial —esas son las formas visibles de un problema más profundo—, sino en la normalización de una idea: que México necesita que otros decidan por él.
Y esa idea, una vez instalada, es difícil de revertir.
Porque la soberanía no se pierde en un acto dramático.
Se erosiona.
Se relativiza.
Se negocia.
Hasta que deja de existir como principio y sobrevive apenas como retórica.
Ahí es donde el ciudadano tiene que hacer el trabajo que la clase política ha decidido no hacer: leer, traducir, desconfiar. Entender que cada vez que se invoca la presión externa como solución, lo que está en juego no es solo una política pública, sino la capacidad misma del país para decidir su destino.
La pregunta no es si México puede resolver sus problemas.
La pregunta es quién está dispuesto a intentarlo sin pedir permiso.
Y quién, en cambio, ya decidió que es más rentable no hacerlo.
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