El expresidente reapareció en una boda de lujo en Italia junto a Avishai Neriah, empresario mencionado en el expediente sobre un presunto soborno de 25 millones de dólares. La fotografía abre otra vez la pregunta que la justicia mexicana lleva casi ocho años sin responder: ¿de qué vive Enrique Peña Nieto y qué ocurrió con las investigaciones abiertas en su contra?
Enrique Peña Nieto volvió a aparecer como lo ha hecho desde que dejó la Presidencia: lejos de México, en una celebración reservada para personas adineradas y acompañado por alguien relacionado con uno de los expedientes que persiguen a su gobierno.
Esta vez fue en Portofino, el pequeño puerto italiano convertido en refugio veraniego de celebridades y grandes fortunas. El expresidente asistió a la boda del cantante israelí Omer Adam y Sacha Israelovich. Vestía traje oscuro, llevaba una kipá y, sentado entre los invitados, conversaba con el empresario israelí Avishai Neriah.
La kipá es una prenda utilizada por los hombres durante las ceremonias judías como expresión de reverencia y respeto. En las bodas suele proporcionarse también a los invitados no judíos. Que Peña Nieto la llevara no supone una conversión religiosa ni revela algo distinto al cumplimiento del protocolo ceremonial.
Lo importante de la imagen no está sobre su cabeza, sino a su lado.
Neriah es uno de los empresarios mencionados en documentos de un arbitraje realizado en Israel, donde se habla de una “inversión” conjunta de aproximadamente 25 millones de dólares en una figura identificada como “N”, también descrita como “N electo”. Las fechas y referencias contenidas en el litigio corresponden con el ascenso y el periodo presidencial de Peña Nieto.
La investigación fue publicada originalmente por el diario israelí TheMarker. De acuerdo con los documentos, Neriah y su entonces socio Uri Emanuel Ansbacher habrían entregado los recursos para obtener acceso a funcionarios y contratos durante el sexenio peñista.
Ansbacher fue intermediario de NSO Group, fabricante de Pegasus, el programa de espionaje utilizado en México contra periodistas, defensores de derechos humanos, opositores y activistas.
Ansbacher fue intermediario de NSO Group, fabricante de Pegasus / Foto: El Imparcial
Peña Nieto negó haber recibido ese dinero. Calificó la información como falsa y carente de sustento. La fotografía en Portofino tampoco acredita un soborno. Sí confirma que el expresidente y Neriah mantienen, por lo menos, una cercanía social suficiente para coincidir y dejarse fotografiar en una celebración privada.
No son desconocidos. Durante el gobierno de Peña Nieto, Neriah fue nombrado cónsul honorario de México en Haifa. En septiembre de 2016 fue fotografiado junto al entonces presidente durante el funeral de Shimon Peres en Jerusalén.
El expediente de los 25 millones
La revelación sobre los presuntos pagos obligó a reaccionar a la Fiscalía General de la República. En julio de 2025, su entonces titular, Alejandro Gertz Manero, anunció la apertura de una carpeta de investigación y dijo que solicitaría asistencia jurídica a Israel.
Después llegó el silencio.
Un año más tarde, la FGR no había informado sobre declaraciones, peritajes financieros, solicitudes de información, órdenes judiciales ni resultados derivados de aquella carpeta. Tampoco se sabe si obtuvo oficialmente los documentos del arbitraje israelí.
La boda se celebró mientras el expediente permanecía en el limbo: sin acusación ante un juez, sin exoneración fundada y sin explicación pública.
No es una excepción. Es la constante en casi todas las investigaciones relacionadas con Peña Nieto.
Tres carpetas y ninguna acusación
En agosto de 2022, la propia Fiscalía anunció que tenía abiertas tres carpetas contra el expresidente.
La primera estaba relacionada con posibles delitos electorales y patrimoniales vinculados con OHL. La segunda investigaba transferencias internacionales y posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. La tercera examinaba un eventual enriquecimiento ilícito.
La FGR aseguró entonces que preparaba la judicialización de algunos de esos asuntos “en los próximos meses”. Han transcurrido cuatro años sin que se conozca una imputación contra Peña Nieto.
En agosto de 2022, la propia Fiscalía anunció que tenía abiertas tres carpetas contra el expresidente. / Foto: Archivo AD Noticias
Tampoco se ha informado que los expedientes hayan sido cerrados por falta de elementos.
La justicia mexicana no lo ha declarado culpable, pero tampoco ha explicado por qué las investigaciones que anunció con tanta solemnidad dejaron de producir noticias.
Veintiséis millones desde México
Una de las carpetas comenzó con información de la Unidad de Inteligencia Financiera.
En julio de 2022, la UIF informó que Peña Nieto había recibido 26 millones 1 mil 429 pesos mediante tres transferencias realizadas desde México hacia España por una familiar consanguínea.
La primera operación, por 16 millones de pesos, fue efectuada en agosto de 2019. Las otras dos, de cinco millones cada una, se realizaron en octubre de 2021.
La unidad presentó una denuncia ante la FGR y reportó posibles vínculos del expresidente con empresas que acumulaban irregularidades fiscales y financieras.
En julio de 2022, la UIF informó que Peña Nieto había recibido 26 millones 1 mil 429 pesos / Foto: Archivo AD Noticias
Una transferencia familiar no constituye por sí misma un delito. Peña Nieto dijo que confiaba en que las autoridades le permitirían aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio. Cuatro años después, la investigación no ha producido una resolución pública que confirme una conducta ilegal o explique satisfactoriamente el origen de los recursos.
El asunto quedó atrapado en esa zona donde los expedientes siguen abiertos, pero la rendición de cuentas permanece cerrada.
¿De qué vive Peña Nieto?
Peña Nieto dejó la Presidencia el 30 de noviembre de 2018. Desde entonces no se le conoce una actividad empresarial, profesional o académica pública y verificable que permita identificar sus fuentes actuales de ingresos.
No dirige una fundación, no ocupa un cargo corporativo conocido, no imparte clases regularmente ni aparece en el mercado internacional de conferencias y consultorías que suele proporcionar ingresos a los exmandatarios.
Eso no significa que carezca de recursos legítimos. Significa que su procedencia no puede comprobarse con información pública.
Su última declaración patrimonial como presidente reportó bienes por alrededor de 50.6 millones de pesos, parte de ellos obtenidos mediante donaciones y herencias. Desde que dejó el servicio público ya no está obligado a presentar declaraciones que permitan conocer la evolución de su fortuna.
Enrique Peña Nieto / Foto: AS México
En 2020 obtuvo en España una visa dorada mediante la compra de un local comercial convertido en vivienda, localizado en el barrio madrileño de Chamberí y valuado en más de 500 mil euros. El permiso de residencia fue renovado posteriormente hasta 2027.
Investigaciones periodísticas españolas documentaron que el inmueble era utilizado esporádicamente y que Peña Nieto pasaba temporadas en una residencia más amplia ubicada en Valdelagua, una exclusiva urbanización cercana a Madrid.
Sus reapariciones posteriores han ocurrido en restaurantes, complejos turísticos y campos de golf de España y República Dominicana. Ahora se le observa en una boda en Portofino.
La vida de alto costo no constituye una prueba judicial. Pero, tratándose de un expresidente investigado por transferencias internacionales, enriquecimiento ilícito y presuntos sobornos, la falta de una explicación patrimonial completa es un asunto de interés público.
Peña Nieto ha convertido su retiro en un discreto oficio de bon vivant: vive fuera del país, cultiva relaciones, viaja y aparece únicamente cuando la cámara de algún invitado rompe el cerco de privacidad.
El hombre de las maletas
En febrero de 2025, una balacera en una residencia de la colonia Ciprés, en Toluca, abrió otra ventana hacia el círculo más próximo al expresidente.
Cinco hombres que se hicieron pasar por repartidores de Mercado Libre intentaron entrar en la propiedad. Un escolta respondió al ataque. Uno de los presuntos agresores murió y otros fueron detenidos.
La casa pertenecía a José Antero Rodarte Cordero, antiguo colaborador de Peña Nieto y titular de la Unidad de Apoyo a la Presidencia durante su gobierno. Anteriormente había ocupado puestos administrativos y financieros en el Gobierno del Estado de México.
Fuentes relacionadas con la investigación señalaron a AD Noticias que el objetivo del grupo no habría sido secuestrar a Rodarte, como se informó inicialmente, sino apoderarse de dinero supuestamente guardado en el inmueble. Esa versión no ha sido acreditada mediante una sentencia.
El nombre de Rodarte ya había aparecido en la denuncia presentada en 2020 por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.
Lozoya declaró ante la FGR que Rodarte era uno de los hombres encargados de manejar dinero en efectivo para Peña Nieto. Afirmó que trasladaba maletas con fajos de billetes y que parte de los recursos era resguardada en un inmueble construido por Grupo Higa.
Son acusaciones de un imputado que buscaba obtener beneficios procesales y no han sido probadas ante un tribunal. El ataque en Toluca tampoco confirma lo dicho por Lozoya. Su relevancia reside en que volvió a colocar bajo la luz pública a un personaje que administró recursos y ocupó cargos de absoluta confianza junto a Peña Nieto.
Ni la Fiscalía federal ni la mexiquense han ofrecido una explicación integral sobre el episodio, el dinero que presuntamente buscaban los agresores o las actividades actuales de Rodarte.
La Casa Blanca y el contratista favorito
Mucho antes de Pegasus, de las transferencias desde México y de las maletas descritas por Lozoya, estuvo la Casa Blanca.
En 2014 se reveló que Angélica Rivera adquiría una residencia valuada en aproximadamente siete millones de dólares, construida a su gusto por una empresa de Grupo Higa. Su propietario, Juan Armando Hinojosa Cantú, había recibido contratos públicos durante los gobiernos de Peña Nieto en el Estado de México y en la Presidencia.
La investigación por conflicto de interés quedó a cargo de Virgilio Andrade, nombrado secretario de la Función Pública por el propio Peña Nieto. Andrade exoneró al presidente, a Rivera y a Luis Videgaray.
Años después, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador informó que el expediente original había desaparecido y presentó denuncias por su sustracción. El caso que simbolizó la relación entre el poder político y los contratistas terminó concentrado en la pérdida de documentos, no en el conflicto de interés que les dio origen.
Grupo Higa conservó contratos y concesiones. Empresas relacionadas con Hinojosa continuaron recibiendo recursos públicos por proyectos carreteros otorgados durante el ascenso político de Peña Nieto.
El presidente se retiró; algunos de sus contratistas siguieron cobrando.
Odebrecht: órdenes sin responsables
La denuncia de Emilio Lozoya también señaló directamente a Peña Nieto y a Luis Videgaray.
El exdirector de Pemex afirmó que ambos le ordenaron canalizar más de 100 millones de pesos procedentes de Odebrecht hacia la campaña presidencial de 2012. También aseguró que recibió instrucciones para entregar recursos a legisladores con el propósito de conseguir respaldo para las reformas estructurales.
Odebrecht reconoció ante autoridades de distintos países que pagó sobornos en México. Lozoya fue procesado. Sin embargo, las acusaciones contra quienes presuntamente impartieron las órdenes no condujeron a un proceso penal contra Peña Nieto.
Odebrecht reconoció ante autoridades de distintos países que pagó sobornos en México./ Foto: Archivo AD Noticias
La palabra de Lozoya requería corroboración documental, financiera y testimonial. Esa era precisamente la tarea de la Fiscalía.
Casi seis años después de la denuncia, no se sabe si la institución consiguió pruebas, descartó la versión o prefirió dejarla envejecer.
La gran deuda de la 4T
Andrés Manuel López Obrador construyó buena parte de su legitimidad política denunciando la corrupción de los gobiernos anteriores. Sin embargo, al llegar a la Presidencia sostuvo que no promovería procesos contra los exmandatarios y trasladó el asunto a una consulta popular.
La consulta se realizó en 2021. Su resultado no produjo procesos contra Peña Nieto.
La responsabilidad penal no depende de una votación. Si había pruebas, correspondía investigar y acusar. Si no existían, la Fiscalía debía cerrar los expedientes y explicar sus razones.
Durante el sexenio de López Obrador, Rosario Robles permaneció tres años en prisión preventiva antes de ser absuelta; Emilio Lozoya fue procesado; otros funcionarios de menor nivel enfrentaron investigaciones. Peña Nieto, titular del gobierno que la llamada Cuarta Transformación presentó como emblema de la corrupción, permaneció fuera del país y de los tribunales.
Después de conocerse el expediente de los empresarios israelíes, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que existiera un pacto de impunidad y sostuvo que la FGR debía informar sobre la investigación.
La explicación sigue pendiente.
Peña Nieto no ha sido condenado ni formalmente acusado. Esa precisión es indispensable. Pero la falta de una sentencia no equivale automáticamente a una demostración de inocencia cuando las instituciones llevan años sin concluir las investigaciones que ellas mismas anunciaron.
El problema no es sólo Peña Nieto. Es un sistema capaz de producir escándalos, carpetas y conferencias de prensa, pero no conclusiones judiciales.
La fotografía de la impunidad
En Portofino, Peña Nieto parece cómodo. Sonríe, conversa y participa en una celebración frente al Mediterráneo. Nada en la imagen recuerda el descrédito que rodeó el final de su gobierno.
A su lado está Avishai Neriah, uno de los empresarios mencionados en el arbitraje que originó la investigación por los presuntos 25 millones de dólares.
La fotografía no prueba el soborno, el enriquecimiento ilícito, el financiamiento ilegal de Odebrecht ni las historias sobre maletas de efectivo. Documenta algo más sencillo: Peña Nieto puede continuar frecuentando los círculos relacionados con asuntos que la justicia mexicana no ha conseguido esclarecer.
La impunidad no siempre termina en una absolución. También puede consistir en mantener una investigación abierta hasta volverla irrelevante, anunciar expedientes que nunca llegan ante un juez y dejar pasar los años hasta que la indignación pública se convierte en cansancio.
Casi ocho años después de abandonar Los Pinos, Peña Nieto lleva una vida cuyo financiamiento se conoce sólo parcialmente. Reside en España, juega golf, viaja y asiste a celebraciones privadas entre fortunas internacionales.
México continúa esperando respuestas.
El bon vivant reaparece. La justicia se escurre.
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