El pasado viernes 15 de mayo, el Bulevar Ignacio Zaragoza, conocido también como la Vía Corta, amaneció bloqueado por un intenso tráfico vehicular, la causa fue la implementación del dispositivo de seguridad «Operativo Pegaso», coordinado por fuerzas estatales y municipales en los límites de Nicolás Romero y Atizapán de Zaragoza.
El despliegue, enfocado en la revisión de motocicletas, generó un choque inmediato en la opinión pública. Mientras un sector de la población exige controles estrictos ante el incremento de delitos a bordo de estos vehículos, activistas y periodistas señalaron in situ irregularidades, revisiones inconstitucionales y la retención arbitraria de unidades a favor de empresas privadas de grúas.
La movilización policial se concentró en puntos estratégicos como el semáforo de Heineken en Manantiales y la entrada a Bulevares del Lago. En los filtros de revisión participaron elementos de la Policía Municipal de Nicolás Romero, la Policía Estatal, Tránsito del Estado de México y la Guardia Nacional.
El saldo oficial de la jornada de inspección refleja la magnitud del filtro:
300 motocicletas verificadas.
200 infracciones con remisión al corralón.
305 personas inspeccionadas.
Los agentes en campo requirieron a los conductores la licencia de conducir, placas, tarjeta de circulación y el uso adecuado del casco. Sin embargo, el procedimiento tras la infracción es el punto donde convergen las denuncias de opacidad.
Hipólito Escobar, líder social de Nicolás Romero, documentó el actuar de los agentes y del personal de Grúas Pegaso. De acuerdo con sus registros, las autoridades remitieron decenas de vehículos al depósito por faltas administrativas menores cuando ameritan la simple imposición de la multa.
«Esto ya más bien parece un negocio», denunció Escobar desde Bulevares del Lago. «De una falta administrativa, que pudiera haber sido no traer un casco o no traer una placa… sucede que ya no solo les levantaron la infracción, ahora los están remitiendo al corralón».
Escobar cuestionó el objetivo real de las autoridades de tránsito. «No sabemos en qué reglamento de tránsito esté permitida esta situación. Ya el negocio es un negocio redondo. Infracción y arrastre».
Además, Escobar evidenció un problema de jurisdicción al señalar la presencia de patrullas de Atizapán de Zaragoza operando dentro del territorio de Nicolás Romero.
Periodistas confrontaron a los elementos de seguridad al registrar violaciones a los protocolos de actuación, documentando en video cómo los policías inspeccionaban directamente las carteras y pertenencias íntimas de los motociclistas.
«Están violentando completamente el artículo 16 de la Constitución, donde nadie puede ser molestado en su persona ni en su propiedad. Están revisando prácticamente sus pertenencias personales», increparon a los oficiales en el lugar. Las autoridades justificaron el acto argumentando la búsqueda de estupefacientes.
La irregularidad más grave reportada fue la negativa de Tránsito Estatal a liberar las motocicletas, incluso cuando los conductores ya habían pagado la multa correspondiente en el sitio. Los oficiales obligaron a los ciudadanos a trasladarse al depósito de Grúas Pegaso para recuperar sus vehículos.
El operativo preventivo en Nicolás Romero expone la línea delgada entre la procuración de seguridad vial y las prácticas de extorsión institucionalizadas. Las autoridades municipales y estatales aún no han emitido una postura oficial respecto a las denuncias por abusos y el actuar de la empresa concesionaria de grúas durante esta jornada.
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