La Operación Enjambre, coordinada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, suma 111 personas detenidas hasta el 8 de septiembre de 2026, como parte de una estrategia contra la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales. Entre los detenidos hay presidentes y expresidentes municipales de distintas fuerzas políticas.
De los arrestados, 14 alcaldes y exalcaldes han sido vinculados a proceso o encarcelados: seis pertenecían a la coalición PRI-PAN-PRD, cuatro a Morena-PT-PVEM, tres a Movimiento Ciudadano y uno a un partido local. El gobierno sostiene que la operación aplica una política de “cero impunidad” y que ningún funcionario será protegido por su cargo o afiliación partidista.
El resto de los detenidos está integrado principalmente por exservidores públicos, mandos de seguridad, policías y operadores presuntamente infiltrados en los ayuntamientos para facilitar actividades delictivas. Entre los casos destacados se encuentran funcionarios señalados por vínculos con La Familia Michoacana, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El Estado de México concentra la mayor parte de las acciones, con 60 detenidos, más de la mitad del total. En esta entidad, las autoridades han enfocado sus esfuerzos en desarticular presuntas redes de extorsión y estructuras policiales vinculadas con La Familia Michoacana. Puebla y Morelos también acumulan cuatro casos de alcaldes o exalcaldes cada uno.
La operación también se ha extendido a Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Chihuahua, Tlaxcala y Tamaulipas, donde las investigaciones han detectado presuntas redes relacionadas con extorsión comercial, robo de transporte de carga, desvío de recursos y protección institucional a grupos criminales. En total, Enjambre acumula 20 sentencias condenatorias firmes.
García Harfuch destacó además que, fuera de los resultados específicos de Operación Enjambre, la Secretaría de Seguridad ha detenido a más de 67 mil personas por delitos de alto impacto y a unas 2 mil por extorsión durante el actual sexenio, como parte de la estrategia federal contra el crimen organizado.
