Frank Abagnale, el personaje que inspiró Atrápame si puedes, descubrió muy joven que para engañar a una institución no era necesario conocer todo su funcionamiento. Bastaba encontrar el momento en que la apariencia sustituía a la comprobación. Un uniforme abría la puerta; una firma hacía el resto.
La referencia resulta útil para aproximarse a Fernando Flores Fernández, aunque sus historias y conductas sean distintas. El hoy presidente municipal de Metepec no falsificó cheques ni se hizo pasar por piloto. Aprendió a moverse entre contratos públicos, servicios tecnológicos difíciles de verificar, funcionarios con facultades imprecisas y organismos que investigan cuando el dinero ya fue pagado.
Su trayectoria transcurrió a la vista de todos. Primero fue proveedor de gobiernos; después, candidato de los partidos que gobernaban varias de las instituciones contratantes. Finalmente se convirtió en alcalde, obtuvo la reelección y adquirió poder político propio.
Fernando Flores, alcalde de Metepec y empresario vinculado a CIFO Technologies. / Foto: Archivo AD Noticias
No existe una sentencia firme que lo declare responsable de corrupción, fraude, lavado de dinero o desvío de recursos. Tampoco hay una explicación oficial que cierre los señalamientos acumulados alrededor de su actividad empresarial. Lo que queda es una sucesión de contratos, auditorías y expedientes inconclusos: las irregularidades se documentan, los funcionarios responden y el proveedor permanece fuera del alcance de las sanciones conocidas.
CIFO: una empresa para cada necesidad
La historia empresarial de Flores está ligada a CIFO Technologies S.A. de C.V.
Aunque se presentaba como una compañía tecnológica, su oferta resultó mucho más amplia. Digitalizó registros civiles, integró bases de datos, instaló sistemas de cobro para transporte público, dio mantenimiento a cajeros automáticos y proporcionó logística médica, limpieza y auxiliares de cocina.
Buena parte de sus contratos se concentró en servicios cuyos resultados son difíciles de revisar años después. La digitalización de millones de actas, el desarrollo de una plataforma o la integración de un padrón no dejan una obra física. Para comprobarlos se necesitan archivos, códigos, licencias, equipos, respaldos y actas técnicas de recepción.
En varios de los casos revisados, la fiscalización comenzó cuando los contratos habían terminado y el dinero ya había salido del erario.
Campeche: casi 22 millones para digitalizar la historia
En 2016, durante el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas, CIFO obtuvo el contrato 129/2016, por 21 millones 868 mil 204 pesos, para realizar el “inventario y digitalización del acervo histórico del estado”.
La empresa tuvo personal trabajando en Campeche. Una exempleada describió que en 2017 revisaba libros de escrituras, corregía errores, incorporaba datos e imágenes a una base y elaboraba reportes.
Fernando Flores, vinculado a CIFO Technologies, empresa que obtuvo un contrato por casi 22 millones de pesos para digitalizar el acervo histórico de Campeche. / Foto: Archivo AD Noticias
Hasta ahora no se ha localizado el expediente completo del servicio: número de libros procesados, archivos entregados, medios de almacenamiento, actas de recepción, pagos y revisiones de la Auditoría Superior del Estado.
El contrato y la presencia operativa de CIFO están documentados. No hay elementos suficientes para sostener que el trabajo fue incumplido, pero tampoco información pública que permita verificar integralmente sus resultados.
Querétaro: volver a pagar lo contratado
En 2017, el gobierno de Querétaro celebró con CIFO el contrato OM/DA/208/2017, por 57 millones 989 mil 874 pesos. La empresa debía integrar padrones de beneficiarios, información sobre hogares, diagnósticos y herramientas informáticas. La garantía permanecía vigente hasta diciembre de 2021.
Un año después, el mismo gobierno firmó con el mismo proveedor el contrato OM/DA/RE/047/2018, por 20 millones 606 mil 664 pesos.
La Entidad Superior de Fiscalización de Querétaro encontró que el segundo convenio incluía servicios ya contemplados en el primero. Los trabajos se realizaron sobre la misma base de datos y prácticamente el mismo universo territorial: más de 900 localidades, con una diferencia de sólo tres comunidades.
La fiscalización consideró injustificado el nuevo pago y señaló violaciones a los principios de austeridad, eficiencia, economía y honradez.
La Entidad Superior de Fiscalización de Querétaro encontró que el segundo convenio incluía servicios ya contemplados en el primero / Foto: RR.SS
Ambos contratos sumaron 78 millones 596 mil 538 pesos. No se conoce una resolución que obligara a CIFO a devolver el segundo pago, una inhabilitación de la empresa o una denuncia penal contra Flores. Tampoco se ha hecho pública una explicación que desvirtúe la observación.
En 2020, el DIF municipal de Querétaro entregó a CIFO dos contratos más. El ADQ-017-2020, por 27 millones 275 mil 719 pesos con IVA, correspondió a la logística del programa Médico en tu Calle. El ADQ-018-2020, por 2 millones 737 mil 20 pesos, incluyó limpieza y auxiliares de cocina.
No se han documentado sanciones por estos últimos convenios. Sirven, en cambio, para mostrar la elasticidad comercial de la empresa: tecnología, padrones, logística sanitaria, aseo y personal de cocina bajo la misma razón social.
Oaxaca: el gran contrato del Registro Civil
El gobierno de Alejandro Murat Hinojosa fue el principal contratante identificado de CIFO.
En 2018 entregó a la compañía un contrato por 190 millones 679 mil 787 pesos para modernizar el Registro Civil. El proyecto comprendía la instalación de aproximadamente 150 quioscos y la digitalización de 8 millones 360 mil 564 actas: 7 millones 253 mil 879 de nacimiento y un millón 106 mil 685 de matrimonio.
El contrato concluyó en noviembre de 2022, al terminar el sexenio de Murat.
Cinco meses después, la nueva titular del Registro Civil, Dulce Belén Uribe Mendoza, informó que documentaba anomalías para proceder legalmente. En la entrega-recepción, dijo, no se proporcionaron los archivos necesarios para comprobar la digitalización.
La dependencia encontró oficialías con equipos obsoletos y quioscos colocados en localidades sin conexión a internet. Al vencer el contrato, CIFO comenzó a retirar las máquinas.
CIFO Technologies obtuvo durante el gobierno de Alejandro Murat contratos por alrededor de 358 millones de pesos en Oaxaca. / Foto: Archivo AD Noticias
El Registro Civil también informó que la Federación había enviado otros 10 millones de pesos para modernizar las instalaciones, sin que la administración entrante encontrara datos suficientes sobre su aplicación. Ese dinero no puede atribuirse automáticamente a CIFO y debe mantenerse separado del convenio principal.
La denuncia pública del gobierno oaxaqueño fue contundente. Su desenlace permanece borroso. No se sabe si la dependencia presentó una denuncia penal o administrativa contra la compañía, reclamó el cumplimiento del contrato, exigió la devolución de recursos o llegó a un arreglo.
Tampoco existe una resolución pública que haya exonerado a CIFO.
La propuesta más cara
El 18 de octubre de 2019, CIFO obtuvo el contrato IFREO-001-2019, por 27 millones 725 mil 247 pesos, para digitalizar, indexar y capturar información jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca.
La compañía presentó una oferta de 27.7 millones de pesos. Smartsoft propuso alrededor de 21 millones y ADEA México, 3 millones 96 mil pesos.
Las dos ofertas más económicas fueron descalificadas por no acreditar, de acuerdo con la autoridad, los requerimientos técnicos. El contrato terminó adjudicado a una propuesta casi nueve veces superior a la más baja.
Una licitación no está obligada a elegir el menor precio cuando el participante incumple las especificaciones. Lo que no se ha encontrado es una auditoría técnica que permita saber si los requisitos eran razonables, si se aplicaron de manera uniforme y si el precio pagado correspondía al valor del mercado.
Citybus: castigaron a quienes firmaron
En septiembre de 2020, funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Oaxaca suscribieron el contrato SEMOVI/DA/LPN-001/CITYBUS/2020, por 106 millones 828 mil 349 pesos, para adquirir e instalar un sistema de recaudo.
El procedimiento derivó años después en el expediente administrativo 08/2024.
Un tribunal determinó que tres funcionarios carecían de facultades para contratar en nombre del sistema de transporte y se atribuyeron funciones que correspondían a otro organismo. La resolución estableció que sus actuaciones beneficiaron a CIFO.
Las sanciones incluyeron inhabilitaciones de 10, 15 y 20 años, además de responsabilidades económicas superiores a 53.4 millones de pesos.
La resolución acreditó irregularidades graves y señaló expresamente a la compañía como beneficiaria. La responsabilidad terminó, sin embargo, en los servidores públicos. No se ha localizado una inhabilitación de CIFO, una orden para restituir el dinero ni un proceso contra Fernando Flores derivado del contrato.
Los funcionarios que autorizaron el negocio fueron castigados. El proveedor que recibió el beneficio quedó fuera de la resolución conocida.
Otro contrato para el mismo sistema
En 2021, la Secretaría de Movilidad contrató nuevamente a CIFO. El convenio SEMOVI-DA-LPN-002/2021, por 33 millones 582 mil pesos, correspondió a un servicio integral para desarrollar una plataforma tecnológica de administración del recaudo de Citybus.
El exdirector administrativo de la dependencia, Óscar Guillermo Guzmán Saavedra, fue detenido en octubre de 2023 por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades. La acusación se relacionó con ese contrato.
La existencia de dos convenios consecutivos abre una pregunta todavía sin respuesta: qué diferencia había entre la plataforma adquirida en 2021 y el sistema de recaudo contratado un año antes por 106.8 millones.
Alejandro Murat Hinojosa estuvo a cargo de la Secretaría de Movilidad en Oaxaca de 2016 a 2022 / Foto: Ruta 135 Noticias
Resolverlo exige comparar los anexos técnicos, licencias y entregables. Sin esa revisión no puede afirmarse que se haya pagado dos veces por el mismo servicio. Lo comprobable es que ambas operaciones acabaron bajo investigación y que, nuevamente, las acciones legales conocidas se dirigieron contra los funcionarios.
Los cuatro contratos localizados de CIFO durante el gobierno de Murat suman aproximadamente 358 millones 815 mil pesos.
No hay pruebas públicas de que Alejandro Murat haya intervenido para proteger penalmente a Flores. Los contratos sí permiten identificar su administración como el principal patrocinador gubernamental de CIFO. También muestran que algunas de las operaciones más importantes terminaron en sanciones e investigaciones después de que Murat dejó el poder.
Baja California: el servicio comenzó antes de la firma
En Baja California, CIFO recibió el contrato DAD-ADQ-SPF-89-19 para implementar, probar y dar soporte a unidades inteligentes destinadas a la Secretaría de Planeación y Finanzas.
El documento fue firmado el 27 de agosto de 2019, pero el periodo reportado para prestar el servicio comenzaba el 13 de marzo y terminaba el 31 de diciembre.
Si ambas fechas corresponden a la misma operación, los trabajos habrían comenzado más de cinco meses antes de la formalización. Las órdenes de servicio, actas de inicio y entregables permitirían explicar la secuencia, pero no se han hecho públicos.
CIFO facturó 13 millones 599 mil 173 pesos. El 29 de septiembre de 2020, el gobierno reconoció el adeudo. La empresa concedió un descuento de 10 por ciento durante la emergencia sanitaria y el monto final quedó en 12 millones 239 mil 255 pesos.
El Congreso estatal autorizó una ampliación presupuestal para pagar.
Yucatán: 96 millones bajo reserva
En 2024, CIFO apareció en el contrato ATY-P-01-21-06-2024, relacionado con la Agencia de Transporte de Yucatán y el Fideicomiso Público Maestro Irrevocable de Administración e Inversión F/2460492.
El monto reportado fue de 96 millones 537 mil 765 pesos.
La documentación sustantiva quedó clasificada como reservada. No es posible conocer con precisión el servicio contratado, los criterios utilizados para fijar el precio, los entregables, las modificaciones ni la cantidad efectivamente pagada.
La reserva no prueba una irregularidad. Sí impide que el destino de casi 100 millones de pesos pueda revisarse públicamente.
CFE: mantenimiento de cajeros
En 2019, la Comisión Federal de Electricidad adjudicó a CIFO aproximadamente 5 millones 130 mil pesos para dar mantenimiento a equipos CFEmáticos.
No se encontraron observaciones o sanciones relacionadas con este convenio. Su inclusión permite completar la presencia nacional de la empresa, no atribuirle una irregularidad inexistente.
Los expedientes de la UIF
El 31 de mayo de 2021, durante la conferencia del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el reportero Carlos Domínguez expuso la presunta existencia de tres expedientes de la Unidad de Inteligencia Financiera relacionados con Flores y CIFO:
1601290, del 1 de marzo de 2016.
1923132, del 23 de septiembre de 2019.
2010511, del 19 de noviembre de 2020.
El señalamiento aludía a posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. López Obrador no confirmó el contenido de los documentos. Respondió que el caso sería revisado después de las elecciones de junio.
No se volvió a informar qué ocurrió.
De 2016 a 2019 la UIF tenía tres expedientes con Flores y CIFO / Foto: Archivo AD Noticias
La UIF no aclaró públicamente si encontró operaciones irregulares, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, solicitó bloquear cuentas, archivó los expedientes o descartó los señalamientos.
Los números atribuidos a la Unidad no equivalen a carpetas penales y tampoco prueban un delito. El silencio posterior, por su parte, no puede considerarse una exoneración.
Cinco años después, el gobierno no ha explicado qué revisó ni a qué conclusión llegó.
Los papeles de Metepec
La candidatura de Flores a la Presidencia Municipal de Metepec fue impugnada en 2021. Sus adversarios sostenían que no cumplía la residencia efectiva porque vivía en el fraccionamiento Los Encinos, ubicado en Lerma.
Los asuntos fueron revisados en los expedientes ST-JRC-29/2021 y ST-JDC-456/2021.
Flores presentó su credencial para votar, recibos de predial y agua, una certificación catastral, un acta notarial, una constancia expedida por el segundo delegado municipal de San Francisco Coaxusco y un documento del secretario del ayuntamiento.
La sentencia registró tres formas distintas de identificar el domicilio. También reconoció que algunos comprobantes, particularmente los relacionados con 2018, tenían un valor limitado para demostrar por sí solos la residencia.
La residencia de Fernando Flores en Metepec fue impugnada durante el proceso electoral de 2021; tribunales determinaron que los documentos presentados acreditaban el requisito legal. / Foto: Archivo AD Noticias
La Sala Regional Toluca consideró que, analizados en conjunto, los documentos acreditaban al menos tres años en Metepec.
Los recursos SUP-REC-710/2021 y SUP-REC-711/2021 fueron desechados después de la elección porque el asunto se había vuelto irreparable. La Sala Superior no realizó un nuevo estudio sobre el domicilio efectivo.
Flores cumplió jurídicamente el requisito. El tribunal validó las constancias presentadas; no investigó dónde se encontraba realmente el centro de su vida familiar, empresarial y cotidiana.
El proveedor se vuelve alcalde
En 2021, PAN, PRI y PRD postularon a Flores para gobernar Metepec. Ganó y, tres años después, consiguió la reelección.
El tránsito cerró un círculo. Durante años había sido proveedor de administraciones priistas y panistas. Después, esos partidos respaldaron su llegada al gobierno.
Como contratista dependía de las decisiones de otros funcionarios. Como alcalde obtuvo presupuesto, estructura administrativa, comunicación institucional y mando sobre la policía municipal.
Ese cambio es central para entender lo ocurrido en el Club Deportivo La Asunción.
Una familia al frente del club
La disputa por La Asunción comenzó muchos años antes de que circulara el video del alcalde acompañado por hombres armados.
Accionistas inconformes sostienen que integrantes de la familia Flores Fernández asumieron posiciones dentro del consejo de administración entre 2003 y 2005. En 2011 se aprobó un reglamento que obligó a los socios a cubrir cuotas de mantenimiento aunque no utilizaran las instalaciones.
Según los denunciantes, algunos accionistas entregaron sus títulos para cubrir adeudos. Esas acciones no habrían sido ofrecidas al resto de los socios, sino endosadas a integrantes de la familia Flores, que aumentó de esa forma su peso dentro de la sociedad.
Entre los miembros señalados aparecen Alberto, Luis Enrique, Ricardo, Antonio y Fernando Flores Fernández. La presidencia del consejo quedó en manos de Luis Flores Huerta, hijo de Luis Enrique.
La disputa por La Asunción comenzó muchos años antes de que circulara el video del alcalde acompañado por hombres armados./ Foto: Archivo AD Noticias
Los inconformes niegan que los Flores sean propietarios del club. Aseguran que la sociedad está integrada por alrededor de mil 200 accionistas y que cerca de 300 cuestionan la administración.
Un grupo de 24 socios presentó una demanda mercantil. Pide anular el reglamento de 2011, invalidar diversas asambleas —incluida la celebrada en 2025— y cancelar los endosos controvertidos.
La representación del club sostiene que las restricciones de acceso se deben a cuotas pendientes desde 2020. Los accionistas aseguran que intentaron pagarlas y, aun así, les cerraron las puertas.
No existe todavía una sentencia que determine si hubo apropiación ilegal, despojo de acciones o irregularidades en las asambleas.
Detrás del litigio hay un patrimonio considerable. Los inconformes calculan que el terreno alcanza un valor aproximado de 640 millones de pesos. No se conoce un avalúo público independiente que confirme esa cifra.
La mañana en que todo quedó grabado
La pugna familiar salió de los libros corporativos el 4 de junio de 2026.
Alrededor de las 8:55 de la mañana, Flores llegó al club acompañado por integrantes de la seguridad municipal, algunos con armas largas. Las grabaciones muestran forcejeos en el acceso, la entrada del grupo y la agresión contra un hombre en el interior.
El alcalde declaró que había recibido un llamado de auxilio y acudió para impedir que el conflicto escalara. Reconoció que se trataba de un problema entre particulares.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México le imputó lesiones y abuso de autoridad.
Fotograma de una cámara de seguridad captado durante los hechos ocurridos en el Club Deportivo La Asunción. / Foto: Archivo AD Noticias
Durante la audiencia inicial del 3 de julio, su defensa informó que había llegado a un acuerdo reparatorio con las víctimas por las lesiones. El cargo salió del procedimiento. No se conocen el monto, las condiciones ni quién cubrió la reparación.
El convenio no estableció que la agresión fuera inexistente. Permitió resolver ese delito sin llevarlo a juicio.
El 9 de julio, un juez vinculó a Flores a proceso por su probable participación en abuso de autoridad. Le ordenó firmar periódicamente, le prohibió acercarse a las víctimas y le impidió ingresar al club.
La investigación complementaria concluye el 3 de septiembre de 2026.
Flores permanece en el cargo porque no enfrenta prisión preventiva y una vinculación no equivale a una sentencia. Será la Fiscalía la que deberá demostrar si utilizó policías y recursos municipales para intervenir en una disputa privada.
El hilo que une los expedientes
Los casos reunidos en este perfil no tienen la misma naturaleza jurídica. Una observación administrativa no equivale a fraude. Un reporte de inteligencia no es una acusación penal. Una demanda mercantil no demuestra un despojo. Una vinculación a proceso tampoco significa culpabilidad.
La relación se encuentra en otra parte.
En Querétaro, una autoridad fiscalizadora documentó un pago injustificado, pero no se conoce una consecuencia para CIFO. En Oaxaca, los funcionarios relacionados con los contratos fueron sancionados o detenidos; el proveedor quedó fuera. En la UIF se anunciaron tres expedientes cuyo desenlace nunca fue explicado. En La Asunción, las lesiones se resolvieron mediante un acuerdo y el proceso quedó reducido al abuso de autoridad.
Flores no ha sido exonerado de cada uno de esos señalamientos. En la mayoría, sencillamente no existe una resolución pública sobre su responsabilidad personal.
La audiencia próxima pondrá a prueba algo más que una carpeta de investigación. La Fiscalía tiene videos, testimonios, registros policiales y la posibilidad de reconstruir quién ordenó movilizar a los elementos armados. La defensa podrá cuestionar cada prueba y aprovechar cualquier error del Ministerio Público.
Si la acusación se sostiene, será el primer expediente conocido que avance directamente contra Fernando Flores. Si vuelve a naufragar, su trayectoria habrá sumado otro episodio sin consecuencias.
No hará falta recurrir a la ficción.
Los documentos cuentan la historia.
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La entrada El escurridizo señor Flores: ¡atrápenme… si pueden! se publicó primero en AD Noticias.
