Capítulo de apertura
La detención de Raúl Piña Horta en Acapulco no cerró una investigación: abrió varias. Horas después fue capturado en la Ciudad de México Carlos Eduardo Solares Vega. Los dos dirigían las áreas desde las cuales el Gobierno del Estado de México controlaba verificentros, líneas de inspección y hologramas.
La Fiscalía sostiene que utilizaron esas facultades para construir una maquinaria de extorsión que produjo más de 430 millones de pesos. Cuando el expediente llegó ante una jueza, ya no estaba en juego solamente la suerte de dos funcionarios. La trama había alcanzado oficinas privadas de Bosques de las Lomas, domicilios de Cuajimalpa, razones sociales, empresarios, operadores financieros, dirigentes vinculados al Partido Verde y la cadena de nombramientos del gobierno de Delfina Gómez.
Raúl Piña Horta / Foto: Archivo AD Noticias
El responsable de conducir la investigación no era un fiscal recién designado por Morena. José Luis Cervantes Martínez había llegado al cargo en marzo de 2022, durante el gobierno de Alfredo del Mazo. Procedía de las instituciones del viejo régimen y dirigía, en esencia, la misma Fiscalía heredada de los gobiernos priistas.
Cervantes no recibió una institución saneada. La FGJEM conserva corrupción, negligencia, burocracia, filtraciones, grupos internos e intereses construidos durante décadas. Puede integrar una carpeta de miles de fojas contra funcionarios poderosos y, al mismo tiempo, obligar a una víctima común a regresar varias veces para que le reciban una denuncia. Los expedientes estratégicos avanzan con recursos extraordinarios; los asuntos cotidianos suelen perderse en una maquinaria lenta y hostil.
La llegada de Delfina Gómez no produjo una refundación. No hubo una depuración general ni una sustitución completa de mandos, agentes y ministerios públicos. Sin embargo, comenzaron a prosperar investigaciones que antes habrían encontrado un límite político.
José Luis Cervantes Martínez encabeza la Fiscalía General de Justicia del Estado de México desde marzo de 2022 / Foto: Archivo AD Noticias
Con el mismo fiscal y prácticamente la misma estructura fueron llevados ante jueces alcaldes en funciones, directores de seguridad, policías municipales, altos funcionarios estatales, operadores de la nómina y agentes de la propia Fiscalía. Organizaciones capaces de bloquear carreteras y movilizar grupos de choque dejaron de ser tratadas únicamente como interlocutores sociales.
La institución cambió menos que la voluntad para utilizarla.
En el Estado de México, las protecciones políticas rara vez quedan asentadas por escrito. Se expresan de manera más discreta: una orden de aprehensión que tarda, una diligencia que nunca se practica, una carpeta que cambia de escritorio o un ministerio público que siempre encuentra una prueba pendiente. No es necesario cerrar un expediente cuando se le puede dejar sin tiempo, sin personal y sin urgencia.
Durante el gobierno de Delfina Gómez se retiraron algunas de esas barreras. Dependencias estatales entregaron información, presentaron denuncias y aceptaron que las investigaciones alcanzaran a funcionarios en activo. El gobierno federal aportó inteligencia, coordinación y capacidad operativa. Cervantes puso el conocimiento de una maquinaria en la que se había formado. Un fiscal del antiguo régimen terminó convertido en una pieza decisiva del nuevo.
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