Tres trabajadores murieron y tres más resultaron lesionados este miércoles 19 de agosto tras el desplome de un muro de contención en una construcción particular de Lomas de Tecamachalco, Huixquilucan. El accidente no ocurrió sobre un riesgo desconocido para las autoridades municipales: Protección Civil había inspeccionado el inmueble tres meses antes y determinado que la estructura representaba un peligro.
El derrumbe ocurrió en la zona de Fuente de Diana, Fuente de María Luisa y Fuente de Marcela. Los cuerpos de emergencia rescataron a Eduardo “N”, Vidal “N” y Abelardo “N”, de 19, 20 y 20 años, respectivamente, quienes fueron trasladados al Hospital de Lomas Verdes. En el sitio murieron Ramiro “N”, Luis Ángel “N” y un tercer trabajador cuya identidad no había sido confirmada públicamente.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) quedó a cargo de las diligencias para determinar qué provocó el colapso y establecer posibles responsabilidades.
Estos tres incidentes en pocos meses, no representan una culpabilidad directa; sin embargo, ponen bajo la lupa la actuación del ayuntamiento. / Foto: N +.
El Ayuntamiento conocía el riesgo
La información difundida por el propio Gobierno de Huixquilucan coloca la supervisión previa en el centro del caso. El 12 de mayo de 2026, la Coordinación Municipal de Protección Civil realizó una inspección en el inmueble y concluyó que el muro de contención presentaba un alto riesgo.
Mediante el oficio SHA/CMPC/268/2026, la dependencia notificó a la propietaria y ordenó realizar obras correctivas para estabilizar la estructura con asesoramiento profesional.
Casi tres meses después, el 7 de agosto, la propietaria informó a la Subdirección de Gestión Urbana que comenzaría los trabajos; doce días más tarde, durante esas labores, el muro colapsó sobre los trabajadores.
Pese a esto, la versión municipal sostiene que los trabajos no requerían una licencia ordinaria de construcción, ya que fueron presentados como una intervención urgente para prevenir accidentes y ejecutar medidas de seguridad, algo que se puede corroborar en el artículo 18.24 del Libro Décimo Octavo del Código Administrativo mexiquense.
El problema, por tanto, no se reduce a determinar si había o no una licencia.
La información conocida hasta ahora no permite establecer públicamente qué revisiones realizó el Ayuntamiento después del aviso del 7 de agosto, si personal municipal regresó al inmueble antes del accidente, qué medidas de seguridad fueron verificadas ni quién era el responsable técnico de ejecutar la estabilización de una estructura que Protección Civil ya había considerado peligrosa.
El municipio conocía desde mayo que existía un muro de alto riesgo y aun así continuaron / Foto: RR.SS.
Supervisar es responsabilidad municipal
Pese al argumento del ayuntamiento, se puede señalar que la ausencia de una licencia por tratarse de trabajos urgentes tampoco significa que la construcción quedara fuera de las facultades de vigilancia del municipio.
El Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Huixquilucan establece entre las atribuciones de las áreas de Desarrollo Urbano la realización de inspecciones y visitas de verificación en predios e inmuebles para vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a las obras de construcción. También contempla la integración de expedientes cuando existen irregularidades urbanas.
Esto no implica culpabilidad, pero sí abre, sin embargo, una pregunta que hasta ahora no ha sido respondida: si el municipio conocía desde mayo que existía un muro de alto riesgo y desde agosto sabía que sería intervenido, ¿qué seguimiento realizó para verificar que los trabajos se ejecutaran de manera segura?
No es el primer accidente
El caso sucedido el 19 de agosto es tan solo uno de tres accidentes en construcciones que se han dado en áreas de trabajo en tan solo unos meses, aumentando los cuestionamientos sobre las inspecciones del ayuntamiento.
El 24 de abril de 2025, un trabajador murió sepultado por un talud mientras participaba en la construcción de locales comerciales sobre la carretera Huixquilucan-La Marquesa, en la comunidad de Allende. Después del accidente, autoridades detectaron que había al menos dos taludes sin protección y que la obra no contaba con los permisos legales necesarios; únicamente tenía una autorización ejidal, por lo que fue suspendida.
Menos de una semana antes del derrumbe de Tecamachalco, el 14 de agosto de 2026, otra mujer murió cuando una estructura metálica cayó sobre el vehículo en el que circulaba frente a Paseo Interlomas. En la zona se desarrollaban trabajos de repavimentación en Palma de Dátil-Vialidad de la Barranca.
AD Noticias documentó que, mientras se realizaban las maniobras, la vialidad permanecía abierta a los automóviles y señaló que no había señalización en el punto del accidente. La versión oficial indicó que una revolvedora habría golpeado la estructura, causando la detención del conductor del vehículo implicado, sin que, hasta el momento, ni la empresa contratada ni el ayuntamiento de Huixquilucan asuman responsabilidades por las omisiones.
En poco menos de 16 meses, estos tres accidentes relacionados con obras dejaron cinco personas muertas; cuatro de ellas fallecieron solamente entre el 14 y el 19 de agosto.
Un trabajador murió sepultado por un talud mientras participaba en la construcción de locales comerciales / Foto: Imagen ilustrativa / RR.SS.
La revisión que falta
Estos tres incidentes en pocos meses no representan una culpabilidad directa; sin embargo, ponen bajo la lupa la actuación del ayuntamiento en las zonas en que se llevan a cabo obras que representan riesgo para los habitantes.
En abril de 2025, tras la muerte del trabajador, Huixquilucan anunció una inversión superior a 59.7 millones de pesos para estabilizar taludes y reducir riesgos por deslizamientos, bajo el argumento de prevenir accidentes durante la temporada de lluvias.
El expediente del derrumbe del 19 de agosto deberá aclarar ahora si esa política preventiva también se refleja en la inspección cotidiana de construcciones particulares.
Conocer las visitas efectuadas después del dictamen del 12 de mayo, el proyecto utilizado para estabilizar el muro, la identidad del responsable de obra y las medidas de seguridad exigidas a la propietaria permitirá establecer la previsibilidad del accidente y deslindar responsabilidades.
La caída del muro dejó tres muertos, pero también dejó una pregunta para el Gobierno de Huixquilucan: ¿su sistema de supervisión está diseñado para detectar los riesgos antes de los accidentes o para intervenir cuando estos ya ocurrieron?
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