El senador Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales y estatales a garantizar las condiciones mínimas de infraestructura materno-infantil en los centros penitenciarios que albergan a mujeres con bebés.
Según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatales 2025 del Inegi, al cierre de ese año 280 menores de seis años permanecían viviendo con sus madres privadas de la libertad en centros penitenciarios del país: 145 niñas y 135 niños.
Adicionalmente, el censo reportó 146 mujeres embarazadas y 149 en periodo de lactancia dentro de los penales, lo que evidencia que la demanda de servicios materno-infantiles dentro del sistema penitenciario es significativamente mayor a la capacidad instalada actual.
En su argumentación, el senador por Jalisco explicó que la Ley Nacional de Ejecución Penal reconoce expresamente que las mujeres privadas de la libertad tienen el derecho a la maternidad y la lactancia; conservar la guardia y custodia de su hijo menor de tres años, a recibir alimentación adecuada para estos, a recibir educación inicial, vestimenta acorde a su edad y atención pediátrica, además de contar con instalaciones adecuadas y los artículos necesarios para una estancia digna y segura.
A pesar de la presencia documentada de cientos de bebés, así como de mujeres embarazadas en los centros de reclusión, hay un déficit estructural alarmante en la infraestructura penitenciaria destinada a la maternidad e infancia.
“De los 184 centros penitenciarios para mujeres o mixtos en el país, sólo 39.1% cuenta con espacios para la maternidad, incluyendo salas de parto y áreas de lactancia, lo que significa que 60% de los penales carece de estas instalaciones básicas”, advirtió.
Agregó que “únicamente 36.4% dispone de espacios diseñados para el alojamiento o pernocta conjunta de las niñas y niños con sus madres, y apenas 33.7% cuenta con espacios para la educación integral y formativa”.
Ante este panorama, Castañeda señaló que las autoridades penitenciarias deben atender las carencias de infraestructura y garantizar que las mujeres embarazadas y madres privadas de la libertad puedan ejercer sus derechos sin que ello implique vulnerar el bienestar y desarrollo de sus hijos. Consideró necesario fortalecer los servicios de salud, alimentación, lactancia y educación dirigidos a esta población.
El coordinador de Movimiento Ciudadano sostuvo que la situación de los menores que permanecen en los centros penitenciarios debe ser atendida desde una perspectiva de derechos de la infancia, por lo que llamó a las autoridades a establecer acciones que permitan mejorar las condiciones de estancia y asegurar espacios adecuados para su desarrollo.
Asimismo, planteó que las condiciones de los centros penitenciarios deben ser revisadas de manera periódica para identificar las necesidades específicas de las mujeres y sus hijos. Señaló que contar con instalaciones adecuadas no sólo permitiría cumplir con las disposiciones legales, sino también reducir los riesgos que enfrentan los menores durante su permanencia junto a sus madres.
Castañeda urge garantizar atención materno-infantil en cárceles
