CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 Pocos casos de presuntos delincuentes han afectado la relación de México con otros países. Uno de ellos es la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, que ha lastimado seriamente la relación entre nuestro país y Estados Unidos.
El caso, que actualmente se resuelve en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, se sumó a las presiones del gobierno del presidente Donald Trump para permitir la intervención militar en territorio nacional, con el fin de “ayudar” a terminar con los cárteles de la droga.
En julio del 2024, “El Mayo” Zambada fue detenido en Texas, al bajar de una avioneta donde —según su relato— fue trasladado en contra de su voluntad por Joaquín Guzmán López y personal de “Los Chapitos”, la facción del Cártel de Sinaloa que lideran los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien en algún momento fue su socio y cofundador de dicha organización delictiva.
Desde entonces, el caso ha provocado una serie de señalamientos entre los gobiernos de México y Estados Unidos que han reparado en que la relación entre ambos países sea más tensa, en el contexto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, también, con Canadá.
—–Una detención con discrepancias
Las condiciones en las que se dio la detención de “El Mayo” Zambada fue una de las primeras discrepancias entre ambos gobiernos. Todavía bajo la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno mexicano acusó al gobierno estadounidense de no comunicarle los detalles de la detención.
“El Gobierno de Estados Unidos tiene que dar un informe completo, no es nada más de declaraciones generales. Hay que informar, tiene que haber transparencia”, dijo AMLO en su conferencia diaria del 26 de julio, un día después de la detención de Zambada.
En ese momento, el gobierno mexicano rechazó la posible intervención de fuerzas de seguridad estadounidenses; como ahora, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que han reclamado se aclare una posible intervención del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en dicha detención.
“De confirmarse la participación del FBI, sin informar al gobierno de México, representa una violación a la carta de las Naciones Unidas, a la carta de los Estados Americanos, a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional”, aseguró la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, este martes.
—–La carta de “El Mayo”
Posterior a su detención, la defensa de Ismael “El Mayo” Zambada publicó una carta donde aseguraba que su detención no fue una “entrega voluntaria”, como lo señaló en un inicio el gobierno estadounidense, sino una emboscada que implicó la colusión de sus socios y agencias de seguridad de Estados Unidos.
“Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Conocía una disputa entre Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, excongresista federal, Alcalde de Culiacán y Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sobre quién debería dirigir esa institución. Me dijeron que además de Héctor Cuén y el Gobernador Rocha Moya, en la reunión también estaría Iván Guzmán Salazar”.
En la misiva, “El Mayo” Zambada aseguró que fue secuestrado en la finca Huertos del Pedregal, donde fue llevado con engaños por Joaquín Guzmán López, y personas que trabajan con “Los Chapitos” asesinaron a su jefe de seguridad, así como al entonces diputado federal electo del PRI Héctor Melesio Cuén Ojeda.
“Tengo conocimiento que la versión oficial que dan las autoridades del estado de Sinaloa es que Héctor Cuén fue baleado la noche del 25 de julio en una gasolinera por dos hombres en motocicleta que querían robar su camioneta. Eso no es lo que pasó. A él lo mataron al mismo tiempo y en el mismo lugar donde a mí me secuestraron. Héctor Cuén era un viejo amigo mío y lamento profundamente su muerte”.
—–Los actores políticos
La carta de “El Mayo” Zambada contenía una parte de verdad, antes de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmara en octubre de 2024 que los restos de Héctor Melesio Cuén Ojeda eran los de la finca y no los de la camioneta encontrada baleada en la gasolinera de Culiacán.
Parte de esa verdad era la enemistad entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el líder del Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuén, quien fue también su secretario de Salud al inicio de la administración estatal, en 2021.
EL UNIVERSAL publicó el 15 de mayo pasado esta historia: Rocha Moya se había enemistado con Cuén Ojeda por sus aspiraciones adelantadas de llegar al Congreso federal, dejando tirado el trabajo de la Secretaría de Salud estatal y acercándose a políticos morenistas, como el en ese momento secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
Finalmente, Cuén Ojeda fue candidato a diputado federal por la alianza PAN-PRI-PRD al Congreso y quedó por la vía plurinominal, apoyando la campaña de Xóchitl Gálvez a la Presidencia de la República.
A partir de la carta de Zambada y de la posible revelación de los vínculos entre el Cártel de Sinaloa y políticos sinaloenses, el gobierno estadounidense clavó la pista en los movimientos de los gobernantes mexicanos, sobre todo, en estados fronterizos.
—–El caso Rocha Moya
En abril pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de éste por supuestamente conspirar con el Cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas y recibir apoyo político a cambio de sobornos.
Las autoridades estadounidenses solicitaron su detención provisional y extradición, pero la FGR determinó llevar, primero, una investigación propia; y el gobernador emanado de Morena solicitó licencia de su cargo.
El asunto sirvió para que la oposición política mexicana crucificara a Morena bajo la campaña de “narco partido”, presunción que el partido en el poder y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum han rechazado de manera categórica. A ese caso se suman otros de alcaldes y síndicos y regidores emanados de Morena, donde autoridades mexicanas sí han encontrado pruebas de colusión con el crimen.
En mayo, se entregaron a las autoridades de Estados Unidos tres de los políticos señalados en el caso Rocha Moya: Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien se entregó en la garita de Nogales, Arizona, y fue trasladado para comparecer en una corte de Brooklyn, Nueva York.
Otro fue Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, quien es acusado de servir como enlace entre funcionarios del gobierno y el crimen organizado, otro es Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa.
—–Las visas
Aunado a este caso, el gobierno de Estados Unidos ha retirado los visados a diversos políticos que están siendo presuntamente investigados por supuestos vínculos con el crimen, existe ellos están:
Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California y su esposo, Carlos Torres Torres.
Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas.
Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora.
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.
Beto Granados, alcalde de Matamoros.
Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali y su esposo, Luis Samuel Guerrero Delgado.
Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales.
Óscar Eduardo Castro Castro, expresidente municipal de Puerto Peñasco.
José Luis Dagnino, alcalde de San Felipe, Baja California.
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