La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que una agente del Ministerio Público fue detenida este 9 de septiembre por su presunta relación con una red dedicada a extorsiones, secuestros, despojos, robos con violencia y narcomenudeo dentro y en los alrededores de la Central de Abasto de Ecatepec.
Las investigaciones han dejado hasta ahora 10 personas detenidas, seis inmuebles y 20 vehículos asegurados, además de otros posibles participantes que continúan bajo investigación.
La indagatoria comenzó a partir de 13 denuncias y se desarrolló durante aproximadamente seis meses. Según la Fiscalía, la estructura estaría vinculada con organizaciones que operaban con fachada sindical, entre ellas la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON) y la Organización de Comercio, Transporte, Productores y Campesinos de Alta Participación Social de México (COTRAMEX); también investiga la posible participación de integrantes del Consejo de Administración de la Unión de Comerciantes, Productores y Condóminos del Centro de Abasto Ecatepec.
Las investigaciones de la FGJEM han permitido la detención de 10 personas involucradas a esta presunta red de extorsión. /Foto: FGJEM.
Una agente del MP, bajo investigación
Isela “N”, agente del Ministerio Público de la propia Fiscalía mexiquense, fue detenida la mañana de este miércoles. La institución sostiene que presuntamente proporcionaba a Alejandro “N”, alias “El Gordo”, información sobre investigaciones en curso y le advertía sobre operativos que pudieran afectar las actividades atribuidas al grupo.
La servidora pública fue aprehendida por su probable participación en el delito de extorsión y trasladada al Centro Penitenciario de Cuautitlán, donde quedó a disposición de un juez. Hasta la emisión del comunicado no se había resuelto su situación jurídica.
Alejandro “N”, señalado por la Fiscalía como dirigente de COTRAMEX, había sido detenido el 19 de agosto, pues la dependencia sostiene que esta organización prestaba servicios de transporte de mercancías dentro y alrededor de la Central de Abasto y que algunos de sus integrantes estarían relacionados con el traslado de productos robados.
Durante las investigaciones también se documentó que “El Gordo” presuntamente se presentaba como fiscal regional, Ministerio Público, magistrado, legislador o abogado, pese a no contar con cédula profesional. Una de las víctimas declaró ante el Ministerio Público que el imputado le habría exigido 100 mil pesos después de amenazarla con llevarla a prisión.
Fue vinculado a proceso el 2 de septiembre por secuestro exprés con fines de extorsión, relacionado con hechos ocurridos en febrero en Otumba, y permanece bajo prisión preventiva en el penal de Texcoco.
Entre los detenidos se encuentra Isela «N» quien es Ministerio Público, es acusada de filtrar información. /Foto: FGJEM.
Cuotas de hasta mil pesos diarios
La investigación de la Fiscalía describe un esquema de cobros que alcanzaba a distintos trabajadores y comerciantes de la Central de Abasto. Aproximadamente 100 franeleros habrían sido obligados a pagar 250 pesos diarios, mientras los pepenadores entregaban 20 pesos y las bodegas o negocios pagaban entre 500 y mil pesos al día, dependiendo de su tamaño.
Laura “N” y su hija Magaly “N” fueron detenidas el 21 de agosto y son señaladas como presuntas cobradoras de estas cuotas. De acuerdo con la Fiscalía, Laura habría asumido parte de esa actividad después de la detención de su esposo, Miguel Ernesto “N”, alias “El Maiky”, ocurrida en agosto de 2025. Ambas fueron vinculadas a proceso el 2 de septiembre por secuestro exprés con fines de extorsión.
La acusación se relaciona con hechos del 30 de abril, cuando presuntamente participaron en la privación de la libertad de personas a quienes buscaban obligar a pagar una cuota mediante amenazas contra ellas y sus familias.
Enrique “N”, alias “Siddhartha”, también fue detenido durante las investigaciones. Comerciantes lo identificaron como prestamista dentro de la Central, actividad que presuntamente realizaba con autorización de algunos integrantes de la administración.
La Fiscalía señala que imponía réditos y cuotas y que amenazaba con causar daños o despojar de bodegas y puestos a quienes no pagaran.
“Siddhartha” fue vinculado a proceso por extorsión por hechos ocurridos el 18 de mayo en Nezahualcóyotl, donde habría exigido a una persona 500 pesos semanales para permitirle vender productos cosméticos.
«Siddharta» fue identificado como prestamista dentro de la Central, actividad que presuntamente realizaba con autorización de algunos integrantes de la administración. /Foto: FGJEM.
Dos líderes y bienes asegurados
Jorge Antonio “N”, alias “Coronel”, identificado por la Fiscalía como uno de los dirigentes de USON, fue detenido el 4 de julio en Tizayuca, Hidalgo. Se le investiga por extorsión, robo con violencia y despojo, y el 10 de julio fue vinculado a proceso por secuestro exprés con fines de extorsión.
Los cateos relacionados con su investigación permitieron asegurar seis propiedades, entre ellas un despacho de abogados en Ecatepec, dos ranchos en Axapusco, un salón de fiestas, otra propiedad particular y una escuela de educación básica.
Dentro de uno de los ranchos fueron localizados tractores, maquinaria, remolques y decenas de animales.
La Fiscalía aseguró además 20 vehículos, entre ellos 16 camionetas, tres automóviles y una cuatrimoto. La procedencia de los inmuebles, vehículos y demás bienes permanece bajo investigación para determinar si fueron adquiridos con recursos de origen lícito.
Otros cuatro detenidos —Marco Antonio “N”, Roberto “N”, alias “El Abeja”; Vladimir Alejandro “N”, alias “El Mudo”, e Iván “N”— son investigados por venta de drogas y por presuntamente cobrar derecho de piso a comerciantes. Los cuatro fueron vinculados a proceso el 20 de agosto por extorsión agravada y permanecen en prisión preventiva.
Las investigaciones continúan abiertas y la Fiscalía no ha dado por concluida la identificación de todas las personas que pudieron intervenir en la red. Las acusaciones descritas forman parte de carpetas y procesos en curso, por lo que la responsabilidad penal de las personas detenidas deberá ser determinada por la autoridad judicial.
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