La próxima audiencia del alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, no resolverá necesariamente su culpabilidad. El plazo de investigación complementaria vence el jueves 3 de septiembre y, a partir de entonces, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México deberá decidir si presenta una acusación, solicita una prórroga debidamente justificada o conduce el expediente hacia una salida anticipada.
Lo que se pondrá a prueba no será únicamente la conducta del presidente municipal. También estarán en juego la capacidad técnica de la Fiscalía, la independencia de la justicia y un principio elemental: si la fuerza pública sirve a los ciudadanos o puede ser utilizada como guardia privada de quien gobierna.
1. Lo que muestran las imágenes
La mañana del 4 de junio, alrededor de las 8:55 horas, Fernando Flores llegó al Club Deportivo La Asunción después de recibir un mensaje de su hermano, quien le pidió apoyo ante un conflicto dentro del inmueble.
No llegó solo.
Lo acompañaban policías municipales de Metepec que portaban armas largas. Eran servidores públicos adscritos a la corporación que depende del ayuntamiento encabezado por el propio Flores.
En los videos se observa a trabajadores intentando impedir el acceso; al alcalde empujando a una mujer; a sus acompañantes forzando la entrada y al grupo avanzando hacia un hombre que intenta retirarse. La víctima es alcanzada y golpeada entre las protestas del personal.
No se ha informado de una orden judicial, una llamada al 911, una solicitud ministerial o una emergencia pública que justificara aquella intervención. El propio alcalde reconoció que acudió después de recibir una petición de ayuda y posteriormente ofreció disculpas por lo que calificó como un exceso.
Nuevos videos obtenidos y verificados por AD Noticias contradicen la versión del alcalde de Metepec.
Fernando Flores aseguró que acudió al Club Deportivo La Asunción para atender un llamado de emergencia. Sin embargo, las nuevas imágenes muestran al edil participando… pic.twitter.com/yxow8VOChz
— AD Noticias (@ADNoticiasMex) June 5, 2026
Durante la audiencia de vinculación, el juez consideró que existían datos suficientes para establecer la probable participación de Flores en el delito de abuso de autoridad. De acuerdo con lo expuesto, habría ordenado a dos de sus escoltas abrir la puerta utilizando recursos humanos y materiales del municipio. Por eso fue vinculado a proceso y sujeto a medidas cautelares.
La secuencia central está documentada: una llamada privada, un alcalde en horario laboral, policías municipales armados, un acceso forzado y una agresión.
2. El video como prueba central
La grabación puede convertirse en la prueba principal del caso. Para conseguirlo, la Fiscalía debe incorporar los archivos originales, autenticar su procedencia, preservar la cadena de custodia y demostrar que las imágenes no fueron alteradas.
También necesita acompañarlas con:
Declaraciones de la víctima y de los trabajadores del club.
Informes médicos sobre las lesiones.
Identificación de los policías municipales presentes.
Roles de servicio y asignación de escoltas.
Registros de armas y vehículos oficiales.
Geolocalización de las unidades.
Llamadas y mensajes anteriores al ingreso.
Órdenes recibidas por los agentes.
Protocolos municipales para la actuación de escoltas.
Constancia de que no existió una solicitud institucional de auxilio.
Declaraciones de los propios policías y demás participantes.
La Fiscalía debe individualizar las conductas: quién ordenó, quién abrió, quién golpeó, quién permitió la utilización de recursos públicos y qué hizo Flores durante cada momento de la agresión.
No parte de rumores ni de testimonios aislados. Tiene imágenes, testigos, policías identificables, armas registradas, documentos administrativos y comunicaciones recuperables. Es, en términos probatorios, un caso difícil de perder.
3. Si la Fiscalía formula una acusación sólida
Si la investigación acredita el uso de policías y recursos municipales para intervenir en un conflicto privado, el Ministerio Público deberá presentar una acusación formal. Después vendría la etapa intermedia, en la que se depurarán las pruebas, y eventualmente el juicio.
Flores no iría automáticamente a prisión. Puede seguir el proceso en libertad y conservar el cargo mientras no exista una sentencia o una medida judicial distinta. Pero el costo político aumentaría: un alcalde en funciones quedaría acusado formalmente de utilizar el poder público para atender un asunto familiar.
En ese escenario, gana la Fiscalía, porque demostraría que puede actuar contra un presidente municipal con poder económico, relaciones políticas y abogados experimentados.
Fernando Flores podría enfrentar una acusación formal si la Fiscalía logra acreditar el uso de policías y recursos municipales en un conflicto privado. / Foto: Archivo AD Noticias
Gana la víctima, porque el ataque dejaría de ser solamente un video difundido en redes para convertirse en un hecho perseguido por el Estado.
Gana Metepec, porque quedaría establecido que sus policías no pueden ser utilizados como escoltas familiares ni como fuerza privada del gobernante.
Pierde Fernando Flores, aunque permanezca en el ayuntamiento. Llegaría a juicio debilitado y bajo la posibilidad de una condena que podría incluir prisión, multa, destitución e inhabilitación.
Pierde el PAN, obligado a decidir si sostiene políticamente a un alcalde acusado o toma distancia antes de que el expediente afecte sus posibilidades electorales.
El mensaje sería claro: el poder político no cancela la responsabilidad penal.
4. Si la Fiscalía presenta mal las pruebas
El segundo escenario es el de la incompetencia. Puede existir evidencia suficiente y, aun así, perderse el caso por una investigación mal integrada: videos sin autenticar, originales extraviados, cadenas de custodia rotas, testimonios contradictorios, peritajes incompletos o una acusación incapaz de precisar qué hizo cada persona.
El Ministerio Público también puede fracasar si no acredita la relación entre Flores y los policías municipales. No basta con afirmar que llegaron juntos: debe comprobar quién ordenó el desplazamiento, bajo qué instrucciones actuaron los agentes, qué armas portaban y cuál era el fundamento legal de su intervención.
Fernando Flores, alcalde de Metepec, fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de abuso de autoridad. / Foto: Archivo AD Noticias
En ese escenario, ganan los abogados de Flores, no necesariamente porque demuestren que los hechos nunca ocurrieron, sino porque la Fiscalía fue incapaz de convertir la evidencia en una acusación jurídicamente sostenible.
Pierde la víctima, obligada a atravesar un proceso sin respuesta.
Pierde la Fiscalía, porque la incompetencia produciría el mismo resultado práctico que la protección política: impunidad.
Pierde la sociedad, porque el mensaje sería demoledor: incluso un abuso registrado puede desaparecer entre errores, omisiones y formalismos.
El problema no es que Fernando Flores tenga buenos abogados. El problema sería que la Fiscalía les entregue una mala investigación.
5. Si el expediente es debilitado deliberadamente
Es el escenario más grave y también el que exige mayor precisión. Una protección política no puede afirmarse sin pruebas; puede advertirse, sin embargo, mediante omisiones verificables: diligencias que nunca se practicaron, policías que no fueron interrogados, comunicaciones que no se solicitaron, videos que dejaron de incorporarse o plazos que vencieron sin explicación.
Flores dispone de recursos económicos, relaciones políticas y una defensa profesional capaz de explotar cualquier error. Eso no demuestra por sí mismo una intervención indebida, pero establece una realidad: la Fiscalía no enfrenta a un imputado indefenso.
La falta de diligencias o pruebas clave abriría cuestionamientos sobre la actuación de la Fiscalía en el caso. / Foto: Archivo AD Noticias
Si el expediente se debilita inexplicablemente, la pregunta no será sólo qué hicieron sus abogados, sino qué dejó de hacer el Ministerio Público.
La sospecha resultaría inevitable: que el acceso a la justicia depende del tamaño de la defensa, del dinero disponible y de la cercanía con los centros de poder.
6. Si Fernando Flores evita el juicio
Si la Fiscalía no formula acusación, solicita el sobreseimiento o el juez determina que las pruebas son insuficientes, Flores obtendrá una victoria jurídica y política inmediata.
Pero salir del proceso no borraría las imágenes ni respondería las preguntas esenciales:
¿Por qué acudió en horario laboral? ¿Por qué lo acompañaron policías municipales con armas largas? ¿Quién ordenó forzar el acceso? ¿Qué emergencia pública justificaba intervenir en un conflicto relacionado con su familia?
La Fiscalía tendría que explicar qué elemento del delito no pudo acreditar. No bastaría con anunciar el cierre del expediente.
Si el expediente se debilita inexplicablemente, la pregunta no será sólo qué hicieron sus abogados, sino qué dejó de hacer el Ministerio Público./ Foto: Archivo AD Noticias
Gana Fernando Flores, porque conservaría el cargo y neutralizaría el mayor riesgo judicial de su trayectoria política.
Ganan sus abogados, cuya estrategia habría conseguido desmontar o inutilizar la acusación.
Pierden la Fiscalía y el gobierno estatal, porque el desenlace reforzaría la percepción de que la justicia mexiquense es firme frente a funcionarios menores, pero vacila cuando encuentra poder, dinero y relaciones.
7. Si el caso llega a juicio
El juicio trasladaría la disputa del terreno político al probatorio. La Fiscalía tendría que reconstruir el episodio y demostrar la responsabilidad individual de Flores. La defensa intentará separar al alcalde de la violencia, justificar su presencia como respuesta a una petición de auxilio y atribuir los golpes exclusivamente a otras personas.
El video será la pieza central, acompañado por los registros policiales, los testimonios del personal, los informes médicos, las comunicaciones previas y las órdenes impartidas a los agentes.
Si es declarado responsable de abuso de autoridad, el Código Penal del Estado de México contempla, dependiendo de la conducta acreditada, de uno a cinco años de prisión, multa, destitución definitiva e inhabilitación de dos a ocho años para desempeñar empleos, cargos o comisiones públicas, además de la reparación del daño cuando corresponda.
Una acusación formal no obliga automáticamente a Flores a separarse del ayuntamiento. La exigencia política, sin embargo, sería razonable: gobernar una corporación cuyos integrantes forman parte de las pruebas plantea un conflicto evidente.
Si es absuelto, la resolución podría significar que la conducta imputada no se acreditó o que la Fiscalía no consiguió probarla más allá de una duda razonable. La absolución penal tampoco convertiría en aceptable el comportamiento registrado.
8. Un historial de señalamientos sin desenlace
El proceso llega después de otros episodios que no produjeron consecuencias conocidas para Flores.
En 2021 se hicieron públicos señalamientos sobre tres supuestos expedientes de la Unidad de Inteligencia Financiera relacionados con él y con CIFO Technologies. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el asunto sería revisado después de las elecciones. Hasta ahora no existe información pública suficiente para saber si las indagatorias fueron cerradas, judicializadas o permanecen abiertas.
No puede afirmarse que esos expedientes hayan probado algún delito. Sí puede señalarse que nunca tuvieron un desenlace público satisfactorio.
Fernando Flores ha enfrentado otros señalamientos e investigaciones cuyo desenlace público sigue sin conocerse. / Foto: Archivo AD Noticias
CIFO Technologies, empresa vinculada con Flores, obtuvo contratos públicos en diferentes entidades. En Oaxaca recibió en 2018 un contrato por 190 millones 679 mil 787 pesos para modernizar el Registro Civil mediante kioscos digitales y la digitalización de más de 8.3 millones de actas.
El proyecto fue cuestionado por sus resultados y en 2026 se informó de la inhabilitación de exfuncionarios oaxaqueños relacionada con irregularidades en aquella contratación. Tampoco existe una sentencia contra Flores por esos hechos, pero el episodio dejó de ser únicamente una denuncia periodística: hubo responsabilidades administrativas para funcionarios que participaron en el procedimiento.
Para entender mejor: La estafa CIFO
Flores ha sorteado esos señalamientos sin que se conozca una resolución penal en su contra. Su experiencia política, sus recursos económicos y la calidad de sus abogados le proporcionan una capacidad de defensa muy superior a la de un ciudadano común.
Lo que no puede asegurarse sin pruebas es que haya obtenido impunidad mediante dinero o relaciones. La pregunta periodística es otra: ¿por qué las investigaciones anunciadas públicamente no produjeron resultados igualmente públicos?
9. La credibilidad del fiscal
El fiscal general José Luis Cervantes Martínez no llega a esta prueba sin resultados. Bajo su conducción, la institución ha procesado a servidores públicos y participado en operaciones como Enjambre, que rompieron la idea de que los gobiernos municipales eran territorios intocables.
Esa actuación elevó las expectativas. Una Fiscalía que ha demostrado capacidad para investigar redes municipales debe poder sostener un caso documentado contra el alcalde de Metepec.
El proceso contra Fernando Flores pondrá a prueba la capacidad de la justicia mexiquense para investigar a un alcalde en funciones. / Foto: Archivo AD Noticias
Si procede con rigor, fortalecerá valores esenciales: igualdad ante la ley, límites al poder, protección de las víctimas y confianza institucional.
Si fracasa por negligencia, destruirá parte del crédito acumulado.
Si cede ante presiones, confirmará la peor sospecha: que la justicia funciona hasta que encuentra a alguien suficientemente poderoso.
La verdadera resolución
Fernando Flores ya atravesó acusaciones políticas, señalamientos financieros e investigaciones cuyo destino público se desconoce. Esta vez existe algo distinto: una secuencia grabada, policías identificables, armas oficiales, testigos, registros administrativos y el reconocimiento del alcalde de que acudió después de recibir una llamada de auxilio.
Por eso el expediente resulta difícil de perder y todavía más difícil de explicar si se pierde.
Si llega a juicio, el mensaje será que ningún alcalde puede utilizar la fuerza municipal para intervenir en un conflicto privado.
Si el caso naufraga por una acusación mal construida, el mensaje será que en el Estado de México incluso la evidencia más visible puede sucumbir frente a una defensa poderosa.
Y si el expediente es debilitado deliberadamente, ya no se tratará únicamente de la impunidad de Fernando Flores.
Será la derrota de la justicia mexiquense frente al poder.
También te puede interesar: ¿Qué celebran Delfina y Macedo con Fernando Flores?
La entrada La justicia mexiquense a prueba: verdad, incompetencia o impunidad se publicó primero en AD Noticias.
