El asesinato de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista y productor vinculado con Camilo Séptimo, junto con su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar, volvió a colocar a Atizapán de Zaragoza frente a una pregunta que el gobierno municipal no puede responder únicamente con porcentajes: ¿qué tan segura es una ciudad en la que una familia puede ser sometida y asesinada dentro de un fraccionamiento de Zona Esmeralda?
El multihomicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2026 en Grand Viure no es el único episodio de violencia extrema registrado desde que Pedro Rodríguez Villegas regresó a la presidencia municipal, el 1 de enero de 2022. Durante sus administraciones consecutivas, Atizapán ha sido escenario de feminicidios dentro de viviendas, asesinatos captados por cámaras, homicidios durante asaltos y la ejecución de un narcotraficante buscado internacionalmente.
Los casos no permiten afirmar, por sí mismos, que todos los delitos hayan aumentado ni que el alcalde sea responsable penal de ellos. Sí permiten exigir una explicación política sobre la prevención, la vigilancia y la capacidad de reacción de la policía municipal. La investigación de los homicidios corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y su resolución a los tribunales; impedirlos, atender emergencias y proteger el territorio también involucra al ayuntamiento.
Comunicado del más reciente cmultihomicidio / Foto: FGJEM
Cuatro personas asesinadas dentro de Grand Viure
La noche del 1 de septiembre de 2026, autoridades ingresaron a un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en Bosque Esmeralda. Encontraron sin vida a Jonathan Meléndez; a su esposa, Ana Paola, quien cursaba un embarazo; a su hija de tres años y a una mujer de 21 años que trabajaba en el domicilio. Un niño de seis años fue localizado con vida. La mascota de la familia también fue hallada atada.
Las primeras diligencias ubicaron el ataque entre las 17:30 y las 19:40 horas. De acuerdo con la información difundida por autoridades, no se observaron señales de una entrada forzada. La investigación se orientó hacia una persona cercana al músico, quien habría aprovechado una relación de confianza para ingresar. Diego Sebastián “N”, señalado como socio de la víctima, y Gerardo “N” fueron detenidos por su probable intervención. El móvil y las responsabilidades definitivas siguen bajo investigación.
La detención rápida de dos sospechosos es relevante, pero ocurrió después de que cuatro personas fueran asesinadas durante varias horas dentro de uno de los sectores residenciales de mayor costo del municipio. El caso exhibió los límites de la seguridad privada y de la vigilancia pública en una zona utilizada recurrentemente por el gobierno como escaparate del desarrollo de Atizapán.
El ataque en Grand Viure ocurrió en una zona residencial con sistemas de seguridad privada y controles de acceso. / Foto: ESPECIAL
Renata Palmer y el caso del ‘Güero Bisnero’
El 5 de octubre de 2025, Renata Palmer fue encontrada sin vida en un departamento del conjunto Loma Antigua, también en Zona Esmeralda. La investigación estableció que fue atacada con un objeto punzocortante y que en el inmueble había rastros de violencia.
Rodolfo “N”, conocido en redes sociales como el “Güero Bisnero”, fue detenido y vinculado a proceso por su probable intervención. Reportes judiciales han señalado que permanece en prisión preventiva. La familia de la víctima ha exigido que el caso sea investigado y sancionado como feminicidio y ha denunciado una posible alteración de la escena; esas acusaciones deben ser resueltas por el Ministerio Público y el juez.
Meses después del crimen, familiares, amistades y colectivos bloquearon la avenida Jorge Jiménez Cantú para exigir justicia. La protesta evidenció que, más allá de la captura del imputado, la respuesta institucional seguía siendo considerada insuficiente por el entorno de la víctima.
Ana María Serrano: un feminicidio presentado inicialmente como suicidio
El 12 de septiembre de 2023, Ana María Serrano Céspedes, de 18 años, fue localizada sin vida dentro de su casa en Condado de Sayavedra. El reporte inicial apuntaba a un suicidio, pero los peritajes determinaron que murió por asfixia mecánica y que existían indicios de homicidio.
La Fiscalía revisó grabaciones del fraccionamiento y ubicó a Allan “N”, expareja de la joven, entrando en distintas ocasiones al residencial. Fue detenido, vinculado a proceso por feminicidio y sujeto a prisión preventiva. En octubre de 2025, un juez rechazó modificar esa medida cautelar; hasta esa fecha el proceso continuaba sin sentencia.
El caso plantea un cuestionamiento adicional para las autoridades: el homicidio ocurrió dentro de un fraccionamiento con controles de acceso y cámaras. La existencia de registros permitió reconstruir movimientos, pero no evitó que el presunto agresor llegara hasta la vivienda de la víctima.
Presunto responsable del asesinato de Renata Palmer / Foto: Archivo AD
Un feminicidio registrado por videovigilancia
El 21 de junio de 2023, una mujer fue asesinada en la calle Coahuila de la colonia Lázaro Cárdenas. Cámaras de seguridad captaron el momento en que Eliott Michelle Acuña Figueroa la estranguló. El responsable huyó a la Ciudad de México, donde fue detenido cinco días después mediante un operativo en el que participaron autoridades federales, estatales, capitalinas y municipales.
En abril de 2024 recibió una sentencia de 55 años de prisión por feminicidio. El video contribuyó a su identificación y captura, pero también dejó documentada una agresión mortal ocurrida en el espacio público del municipio.
Una adolescente asesinada y abandonada en la calle
En 2023 también fue detenido en Atizapán un hombre identificado como Luis Arturo “N”, alias “El Bombón”, por su probable participación en el asesinato de una adolescente de 16 años. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la menor fue privada de la vida y su cuerpo fue abandonado en la vía pública.
El caso debe tratarse con cautela debido a que los reportes disponibles se refieren a la detención y a una imputación, no a una sentencia firme. Su inclusión resulta relevante por la edad de la víctima y por la exposición de su cuerpo en calles del municipio.
Un asalto que terminó en doble homicidio
El 4 de agosto de 2022, en Boulevard Ignacio Zaragoza, colonia Hogares de Atizapán, un hombre y una mujer fueron interceptados, despojados de sus pertenencias y asesinados con un arma de fuego. Cristopher Sánchez Huerta y José Luis Morales García fueron posteriormente condenados a 110 años de prisión por homicidio calificado.
El hecho ocurrió durante el primer año del regreso de Pedro Rodríguez a la alcaldía. Aunque las sentencias acreditaron la actuación de los responsables, la resolución judicial posterior no elimina el cuestionamiento sobre las condiciones que permitieron un asalto y dos asesinatos en una vialidad municipal.
Los casos no permiten afirmar, por sí mismos, que todos los delitos hayan aumentado ni que el alcalde sea responsable penal de ellos / Foto: Archivo AD
El narcotraficante europeo ejecutado en Atizapán
El 13 de febrero de 2025, Marco Ebben, narcotraficante neerlandés buscado por Europol, fue asesinado con al menos 15 disparos en Atizapán. Había sido condenado en Países Bajos por tráfico de cocaína y era relacionado con una facción del Cártel de Sinaloa. Al momento de su muerte utilizaba documentos falsos y se desplazaba en un vehículo blindado.
La ejecución no fue solamente otro homicidio. Reveló que un fugitivo de interés internacional podía moverse y refugiarse en el municipio hasta ser localizado por sus atacantes. El episodio colocó a Atizapán dentro de una disputa criminal de alcance internacional y obligó a preguntar qué información tenían las autoridades locales sobre su presencia.
El contraste con el discurso oficial
El gobierno de Pedro Rodríguez ha presentado la reducción de la percepción de inseguridad como uno de sus principales logros. Con base en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la administración difundió que el indicador pasó de 75 por ciento al cierre de 2021 a 45.5 por ciento en junio de 2026.
La percepción, sin embargo, no mide directamente cuántos homicidios se cometen ni la gravedad de cada caso. Tampoco puede utilizarse para diluir una sucesión de asesinatos que alcanzó tanto colonias populares como residenciales de Zona Esmeralda. A ello se suma que información basada en registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó cerca de 10 mil denuncias por distintos delitos en un año en Atizapán, con predominio de los robos.
El dato favorable de percepción debe ser consignado porque forma parte del balance. Pero una política de seguridad no puede evaluarse sólo por lo que la población responde en una encuesta: también debe examinarse su capacidad para identificar riesgos, proteger a víctimas de violencia, vigilar accesos, reaccionar ante emergencias y evitar que el municipio sirva de refugio o escenario para delincuentes de alto perfil.
La percepción, sin embargo, no mide directamente cuántos homicidios se cometen ni la gravedad de cada caso. / Foto: Archivo AD
Las preguntas pendientes para Pedro Rodríguez
Después de más de cuatro años de gobiernos consecutivos, el alcalde debe explicar qué evaluación ha realizado su administración sobre los homicidios de alto impacto; cuántas cámaras funcionaban en los sitios y fechas de los ataques; cuáles alertas fueron recibidas previamente; cuánto tardaron las unidades municipales en responder y qué cambios concretos se implementaron después de cada caso.
También debe informar si la policía municipal tenía identificada la presencia de Marco Ebben; qué coordinación mantiene con la Fiscalía para atender violencia feminicida; qué protocolos se aplican en los fraccionamientos privados y cómo se fiscalizan o coordinan sus sistemas de seguridad.
Pedro Rodríguez no investiga ni sentencia homicidios. Pero dirige el gobierno responsable de la seguridad preventiva del municipio. La captura posterior de los sospechosos y la difusión de indicadores favorables no sustituyen la rendición de cuentas sobre los crímenes consumados. En Atizapán, las cifras oficiales de percepción conviven con una cronología de violencia que el ayuntamiento no puede reducir a hechos aislados.
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