El panorama del acceso a la información y la rendición de cuentas en el Estado de México se encuentra en un punto de sin retorno luego de que el martes 11 de agosto el gobierno estatal, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, envió a la Legislatura local la iniciativa para expedir la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El documento no es una simple actualización jurídica, sino el acta de defunción del histórico Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM).
Este viernes 14 de agosto, la discusión de la reforma dio inicio en el Congreso mexiquense, donde desde el inicio se presentaron opiniones encontradas. Mientras el diputado de Morena Gerardo Pliego señaló que la aprobación representará disminuir el gasto público, Omar Ortega Álvarez, del PRD, consideró que se trata de un retroceso en materia de transparencia.
Ante las versiones encontradas, será imprescindible comprender a detalle lo que propone esta reforma, así como los alcances que puede tener.
Con la desaparición del INFOEM, se preveé una nueva reforma que vea por la transparencia, sin embargo, la propuesta de reforma presenta opiniones encontradas. / Foto: Archivo AD Noticias.
¿Qué dice la nueva Ley de Transparencia?
El eje central de la reforma es la desaparición de un árbitro único y autónomo. El INFOEM, con sus comisionados y más de 150 trabajadores, será liquidado una vez que la ley se publique en la Gaceta de Gobierno.
En su lugar, la propuesta hecha por la gobernadora apuesta por la división de las obligaciones de transparencia: las funciones que antes concentraba IFOEM, ahora se repartirán entre las distintas ramas del poder gubernamental bajo el concepto de un nuevo «subsistema de transparencia»:
Poder Ejecutivo y municipios: quedarán bajo la jurisdicción de un nuevo organismo llamado Transparencia Mexiquense.
Poder Legislativo y Judicial: sus obligaciones serán la atención a solicitudes y los recursos de revisión serán resueltos por sus respectivas estructuras y contralorías internas.
Órganos autónomos: instituciones como el Instituto Electoral (IEEM), la Fiscalía General (FGJEM) o la Comisión de Derechos Humanos (CODHEM) garantizarán la transparencia a través de sus propios Órganos de Control Interno (OCI).
Una vez que sea publicado en la gaceta oficial, el INFOEM desaparecerá y sus comisionados y trabajadores serán liquidados y reubicados en otros organismos gubernamentales. / Foto: Archivo AD Noticias.
¿Qué es y cómo funcionará «Transparencia Mexiquense»?
El corazón de la controversia radica en la naturaleza de Transparencia Mexiquense, la institución «heredera» del INFOEM.
A diferencia de su antecesor, que ostentaba autonomía constitucional, Transparencia Mexiquense nace como un órgano administrativo desconcentrado adherido a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo. Aunque el artículo 27 del proyecto le reconoce «autonomía técnica y operativa», su estrecha relación con el gobierno en turno es evidente: el artículo 31 establece que su titular será nombrado de manera directa por la gobernadora.
Otro de los grandes retos es el tema logístico.
Las autoridades han reconocido que Transparencia Mexiquense deberá atender no solo las solicitudes dirigidas a las dependencias del gobierno estatal, sino también las de los 125 municipios del Estado de México. En la práctica, esto significa que el nuevo órgano desconcentrado absorberá más del 90% de la carga histórica de solicitudes de información y protección de datos personales de toda la entidad.
El titular de Transparencia Mexiquense será nombrado directamente por la gobernadora, Delfina Gómez de acuerdo con los artículos del proyecto.
Argumentos encontrados
La administración estatal defiende esta reestructuración basándose en dos pilares fundamentales:
Austeridad y eliminación de burocracia: la exposición de motivos argumenta que la desaparición del INFOEM obedece a un proceso de simplificación administrativa y racionalización de la estructura gubernamental. Al eliminar los sueldos de los comisionados y la estructura de un organismo autónomo, el gobierno asegura que habrá un ahorro significativo de recursos públicos.
Eficiencia directa: al integrar la transparencia en las áreas de contraloría, el oficialismo sostiene que se agilizarán los procesos de sanción contra los funcionarios que nieguen u oculten información, ya que los órganos de control interno tendrán el mandato directo sobre ellos.
Al eliminar el INFOEM y los sueldos de los comisionados. el gobierno asegura que habrá un ahorro de recuersos públicos. / Foto: Archivo AD Noticias.
En contraparte, los argumentos en contra señalan riesgos de retroceso.
El riesgo de ser «juez y parte»: alestar subordinada a la Secretaría de la Contraloría, y con un titular nombrado por la gubernatura, Transparencia Mexiquense carece de independencia política real. Si un ciudadano solicita información incómoda sobre el Ejecutivo (por ejemplo, contratos de obra pública del gobierno), el órgano que decidirá si se entrega o se oculta dicha información es un empleado del mismo Ejecutivo.
Un cuello de botella inminente: concentrar más del 90% de las solicitudes estatales en una sola oficina desconcentrada que apenas iniciará operaciones amenaza con paralizar los tiempos de respuesta, violentando el derecho ciudadano a la información pronta y expedita.
El fin del INFOEM es inevitable, por eso su sustituto institucional deberá continuar brindando tranasparencia para asegurar que siga siendo un derecho. / Foto: Archivo AD Noticias.
Los argumentos a favor y en contra deberán ser tomados en cuenta por el Congreso que tendrá una difícil decisión, pues, aunque el fin de INFOEM está marcado, su sustituto deberá brindar la certeza de que la transparencia continuará siendo un derecho en el Estado de México.
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