La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó una inspección en la zona boscosa de El Ocotal, en Chalco, tras denuncias de ejidatarios y habitantes de San Juan y San Pedro Tezompa por presuntas irregularidades en trabajos presentados como saneamiento forestal.
Revisión se realiza tras denuncias de pobladores
La revisión federal se llevó a cabo después de que pobladores señalaron que, bajo el argumento de atender árboles afectados por plaga, se habrían retirado ejemplares sanos y extraído madera sin que hasta ahora exista una explicación pública sobre el alcance de los trabajos, los permisos, el volumen aprovechado y el destino del material forestal.
Los denunciantes han señalado que la intervención en el bosque fue presentada como un saneamiento por presencia de gusano descortezador; sin embargo, acusaron que los cortes no se limitaron a árboles enfermos. En recorridos realizados por habitantes y ejidatarios, según sus testimonios, fueron localizados tocones recientes, troncos jóvenes, ramas abandonadas y claros abiertos en distintas partes del monte.
Piden revisar seaneamiento forestal
El punto central de la revisión es determinar si los trabajos correspondieron a un saneamiento forestal autorizado y técnicamente justificado. Para ello, las autoridades deberán revisar si hubo diagnóstico previo, marcaje de árboles enfermos, delimitación del polígono intervenido, autorización o notificación correspondiente, así como documentación sobre la extracción, transporte y destino de la madera.
El saneamiento forestal es una medida permitida cuando existen plagas o enfermedades que ponen en riesgo una masa arbolada. No obstante, debe sujetarse a procedimientos técnicos y administrativos, especialmente cuando implica derribo de árboles y aprovechamiento de productos forestales. En este caso, los pobladores cuestionan si la medida se aplicó conforme a lo autorizado.
Profepa sin posicionamiento oficial
La inspección de PROFEPA deberá permitir establecer cuántos árboles fueron intervenidos, qué condición sanitaria presentaban, si los cortes coincidieron con lo autorizado y si el material forestal fue manejado conforme a la normatividad. También deberá aclarar si hubo omisiones de supervisión por parte de autoridades ejidales, municipales o forestales, o si los trabajos se realizaron dentro de los límites permitidos.
Hasta ahora, no se ha localizado un comunicado oficial de PROFEPA o de SEMARNAT que detalle la apertura de un procedimiento administrativo, número de expediente, medidas de seguridad, clausura, aseguramiento de madera o sanciones. Por ello, el caso se mantiene en etapa de revisión y la inspección federal no implica, por sí sola, una resolución sobre responsabilidades.
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Señalan a autoridades por tolerancia
En las denuncias también se ha señalado la posible participación o tolerancia de autoridades locales y ejidales. Sin embargo, esas acusaciones no han sido confirmadas por una resolución oficial, por lo que deberán ser investigadas y documentadas por las instancias competentes antes de establecer responsabilidades.
Mientras tanto, habitantes de la zona han pedido que se transparente la información del supuesto saneamiento: permisos, dictámenes, técnico responsable, número de árboles autorizados para corte, volumen de madera extraído y destino final del material. También han solicitado que se determine si hubo afectación ambiental más allá de lo permitido.
La información pendiente incluye la autorización bajo la cual se realizaron los trabajos, el diagnóstico técnico que los sustentó, la dependencia que supervisó la intervención, el número de árboles marcados, el número de ejemplares cortados y la documentación sobre el traslado o destino de la madera extraída.
Hasta que PROFEPA haga públicos los resultados de la inspección, la información disponible permite confirmar que hubo una revisión federal tras las denuncias ciudadanas, pero no permite establecer aún la magnitud de la afectación ni la responsabilidad de personas, autoridades o representantes ejidales señalados por los inconformes.
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