El dinero de las extorsiones llegaba hasta Las Lomas
La red habría extraído cientos de millones de pesos al año
Las denuncias comenzaron durante el gobierno de Alfredo del Mazo
Dos asociaciones llevaron el caso ante Delfina Gómez
Funcionarios del sexenio anterior permanecen sin rendir cuentas
Siete años de denuncias en los verificentros
El primer registro institucional localizado está fechado el 23 de enero de 2019, durante el gobierno de Alfredo del Mazo. Una proposición publicada en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Unión documentó quejas de propietarios de verificentros por trabas en las revalidaciones, multas superiores a 200 mil pesos, clausuras presuntamente injustificadas y falta de audiencia. El documento señaló a Carolina García Cañón, directora general de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, y pidió revisar la actuación de la PROPAEM, encabezada desde septiembre de 2017 por Luis Eduardo Gómez García. El 7 de octubre de 2020, un grupo de empresarios dirigió a Andrés Manuel López Obrador una denuncia por presuntos actos de corrupción, extorsión, abuso de autoridad y desvío de recursos. El 24 de enero de 2022, los afectados acudieron ante la Secretaría de la Contraloría dentro del expediente DGI/INVESTIGACIÓN/S-A/DENUNCIA/0030/2021, abierto desde el año anterior. Gómez García fue nombrado magistrado del TRIJAEM el 24 de noviembre de 2022 y presidente del tribunal en enero de 2026. En junio pasado, dos asociaciones de verificentros informaron a Delfina Gómez de cuotas mensuales de entre 100 mil y 250 mil pesos por establecimiento, además de una exigencia de 500 mil pesos por cada línea para revalidar las autorizaciones de 2027. El 10 de agosto fueron detenidos Raúl Piña Horta y Carlos Eduardo Solares Vega. Las denuncias comenzaron con Del Mazo; el caso explotó con Delfina, quien finalmente dijo basta.
Quién llevó el caso ante Delfina
La queja que activó al gobierno fue presentada en junio de 2026 por la Asociación de Verificentros del Estado de México y la Asociación Ecológica de Verificación. En un oficio dirigido a Delfina Gómez y remitido también a autoridades federales, acusaron cobros mensuales de entre 100 mil y 250 mil pesos a 145 de los 168 verificentros de la entidad, además de una cuota de 500 mil pesos por línea para asegurar las autorizaciones de 2027. La primera agrupación ha sido encabezada desde 2020 por María de Lourdes Campos Medina, quien sustituyó a Jesús Trigos Rodríguez, antiguo dirigente del gremio, expresidente de Coparmex Estado de México y actual presidente de su Federación Centro. Trigos ha mantenido interlocución con figuras del PAN y se mueve en el empresariado tradicionalmente cercano a ese partido, aunque no existe prueba localizada de militancia formal. Campos Medina tomó otra ruta. En 2024 fue candidata de Movimiento Ciudadano a diputada local por Toluca y ocupó el sexto lugar de su lista plurinominal. La segunda asociación es encabezada por Juan Gustavo Torres Anzures, representante de antiguos verificentros de la Ciudad de México que perdieron sus permisos durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera y cuya batalla recibió el acompañamiento de los entonces legisladores morenistas César Cravioto y Juan Romero Tenorio. No fue una rebelión improvisada. La queja surgió de dirigentes con negocios, experiencia política y acceso al poder.
Verificentros, una mina de oro
La ley les garantiza la clientela. En 2024 se realizaron en el Estado de México 6 millones 962 mil 393 verificaciones, con una facturación estimada de 3 mil 695 millones de pesos. Este año, las tarifas van de 469 pesos para los hologramas 1 y 2 a 610 para el 0 y mil 197 para el doble cero. Con siete millones de vehículos obligados a verificar, el mercado vale por lo menos 3 mil 283 millones de pesos por vuelta y podría superar los 6 mil 500 millones al año, porque la mayoría debe cumplir dos veces. Allí estaba el botín. De acuerdo con la queja presentada por los empresarios, la presunta red exigía entre 100 mil y 250 mil pesos mensuales a 145 verificentros. Son entre 174 y 435 millones al año, sin contar los 500 mil pesos por línea que habrían pedido para renovar las autorizaciones de 2027. Con un promedio de seis carriles por establecimiento, esa cuota extraordinaria rondaría otros 435 millones. La verificación terminó convertida en un negocio dentro de otro negocio. Los particulares cobraban al automovilista porque la ley lo obliga; los funcionarios cobraban a los particulares porque podían clausurarlos. No era una mordida, sino un sistema de extracción administrado desde el poder. Una mina de oro bajo control de una presunta organización criminal integrada por funcionarios, exfuncionarios y particulares.
El hombre que recibía el dinero
La recaudación no terminaba en las oficinas del Estado de México. El efectivo era trasladado a Bosques de las Lomas, donde, de acuerdo con información conocida por esta columna, lo recibía un empresario plenamente identificado y relacionado desde hace años con servicios fiduciarios. Su firma diseña y administra fideicomisos, estructuras patrimoniales, operaciones inmobiliarias e instrumentos financieros capaces de fragmentar el recorrido del dinero entre contratos, derechos y beneficiarios. Nada de eso es ilegal por sí mismo; adquiere otra dimensión si se utiliza para ocultar recursos obtenidos mediante extorsión. La Fiscalía ya tendría identificado el domicilio, al receptor y la mecánica. Ahora deberá establecer cuánto dinero ingresó, mediante qué vehículos financieros fue dispersado y quién quedó como beneficiario final. Por responsabilidad editorial, reservamos todavía el nombre. Lo importante no es revelar antes de tiempo al intermediario, sino impedir que la investigación se detenga en quienes cobraban las cuotas. Los funcionarios reunían el efectivo; alguien en Las Lomas tenía la tarea de borrar el camino hacia sus verdaderos dueños.
Los intocables del sexenio anterior
La red no comenzó en 2023. Durante el gobierno de Alfredo del Mazo, Jorge Rescala Pérez encabezaba la Secretaría del Medio Ambiente y tenía bajo su mando las áreas denunciadas por propietarios de verificentros. Su primo, Elías Rescala Jiménez, no era un personaje marginal. Fue subsecretario general de Gobierno entre 2017 y 2021, una de las posiciones políticas más importantes del gabinete, y después se convirtió en diputado y coordinador del PRI en el Congreso. Luis Eduardo Gómez García dirigía la PROPAEM cuando las clausuras, multas y reaperturas comenzaron a ser señaladas como instrumentos de presión. Lejos de investigarlo públicamente, la Legislatura lo nombró magistrado en 2022 y este año llegó a la presidencia del TRIJAEM. Su antecesor, Gerardo Becker Ania, condujo el tribunal entre 2023 y 2025, periodo que terminó entre señalamientos por un presunto quebranto de 32 millones de pesos. Carolina García Cañón, responsable de autorizaciones y revalidaciones, también fue mencionada desde 2019 y hoy aparece como consultora independiente. No todos desempeñaron la misma función ni están acusados penalmente, pero formaron parte del entramado político, ambiental y administrativo dentro del cual prosperaron las extorsiones. Falta seguir el dinero del sexenio anterior y establecer quién era su principal beneficiario. Los inspectores clausuraban, los funcionarios administraban y las instituciones protegían; el dinero necesariamente subía hacia alguien con poder suficiente para mantenerlos a todos en su sitio.
Para ir más al fondo: La gran cloaca de los verificentros
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