Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, quien permanece en el penal de El Altiplano, en el Estado de México, y es señalado por su supuesta participación en la comisión del delito de desaparición forzada de personas en el caso de los 43 normalistas en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, controlaba a las organizaciones policiales y a la delincuencia, detalla la indagatoria a la que este medio tuvo acceso.
De acuerdo con el expediente, el exmandatario estatal ordenó la destrucción de los videos relacionados con la desaparición de los estudiantes norma-listas.
En la orden de aprehensión se recabaron diversas entrevistas ministeriales, entre ellas la de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, que en ese entonces se desempeñaba como visitadora general del Consejo de la Judicatura en el estado.
La exservidora pública narra que en una visita con el entonces gobernador alcanzó a escuchar cómo en ese momento Aguirre Rivero le llamaba a su sobrino Ernesto Aguirre para ordenarle que destruyera todas las evidencias relacionadas con el caso Ayotzinapa, que no quería que se supiera nada de lo que había pasado en sus oficinas en esos días.
