MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que alista la publicación de un decreto para garantizar el acceso a toda la información del gobierno y reservar solo aquella que realmente sea de seguridad nacional o que esté dentro de un proceso judicial.
En medio del debate sobre el derecho a las audiencias, la Jefa del Ejecutivo informó que hoy martes acudirá a Palacio Nacional Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para dar más detalles sobre el nuevo decreto.
Aclaró que la información pública que se entregue debe garantizar el resguardo y protección de datos personales.
“Raquel Buenrostro viene a platicar sobre el tema de la transparencia, un decreto que voy a emitir y un planteamiento también para que sea parte de la ley.
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“El objetivo es que sólo aque-llo que realmente es de seguridad nacional o que esté en proceso judicial no pueda darse a conocer, pero las plataformas de transparencia tienen que garantizar el acceso de todos los datos del go-bierno, obviamente resguardando los datos personales”, dijo.”.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General del SNSNP indican que como información reservada podrá clasificarse aquella que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa nacional y la paz social.
En su artículo 112, la ley señala que también podrá reservarse aquella información que pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales, y la que pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física.
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“Artículo 112. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa nacional o la paz social; II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales”.”.
La ley establece que también podrá reservarse aquella información que pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación y que pueda afectar o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en tanto no hayan quedado firmes.
Esta ley también estipula que podrá clasificarse como reservada la información que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de leyes o afecte la recaudación de contribuciones.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que la información clasificada como reservada podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años, el cual correrá a partir de la fecha en que se clasifica el documento.
Advierte que excepcionalmente los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva.
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