El retiro de más de 3 mil 300 máquinas tragamonedas en decenas de municipios del Estado de México reveló una estructura financiera vinculada con grupos criminales, pero también abrió una pregunta sobre las autoridades locales: ¿cómo pudieron instalarse y operar miles de aparatos a la vista de los ayuntamientos?
El Gobierno Federal informó que, durante el primer despliegue de la Operación Dos de Bastos, autoridades federales y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aseguraron 3 mil 374 máquinas en 89 demarcaciones mexiquenses.
Las autoridades también extrajeron de los equipos 9 toneladas con 697 kilogramos de monedas, equivalentes a unos 9 millones de pesos. El valor comercial de las máquinas fue calculado en 50 millones 610 mil pesos, por lo que el aseguramiento representaría en conjunto alrededor de 59.6 millones.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que estos aparatos podían generar ingresos de hasta 600 millones de pesos y eran utilizados como mecanismos de financiamiento, extorsión y lavado de recursos. También los relacionó con cobros de piso, préstamos “gota a gota”, pandillas y posibles procesos de reclutamiento de jóvenes.
Autoridades dieron a conocer el decomiso de más de 3 mil máquinas tragamonedas; cifra que no se puede dar sin la complacencia de los ayuntamientos. /Foto: especial
Expansión a la vista de los ayuntamientos
El operativo fue realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía mexiquense; para concretarlo, se solicitaron 234 órdenes de cateo y se habilitaron espacios para resguardar las máquinas y el dinero encontrado.
Sin embargo, el volumen de aparatos indica que no se trataba de instalaciones ocultas o aisladas. Para producir los ingresos calculados por las autoridades, las máquinas necesitaban operar de manera constante, recibir dinero y estar colocadas en establecimientos con acceso al público.
El retiro afecta la economía de las organizaciones que presuntamente las administraban, pero no explica qué controles fallaron antes de la intervención federal y estatal.
Las autoridades municipales deberán precisar en qué negocios estaban colocadas, cuánto tiempo permanecieron ahí, quién recibía las ganancias y si los propietarios aceptaron voluntariamente su instalación o fueron obligados mediante amenazas y extorsiones.
¿Qué corresponde a los municipios?
La autorización, vigilancia y control de los juegos con apuestas corresponde al Gobierno federal, por medio de la Secretaría de Gobernación. La normativa establece que solo pueden realizarse con un permiso escrito y que las autoridades estatales y municipales deben cooperar con la Federación en su cumplimiento.
Por tanto, los ayuntamientos no tienen facultades para autorizar legalmente el funcionamiento de una tragamonedas.
Sí son responsables de regular la actividad comercial de los establecimientos donde estaban colocadas.
Los municipios expiden licencias de funcionamiento, administran registros de unidades económicas y verifican que cada negocio opere de acuerdo con el giro declarado. También pueden detectar actividades distintas de las autorizadas, iniciar procedimientos administrativos, suspender establecimientos o informar a las autoridades competentes.
La legislación comercial mexiquense dispone que las direcciones municipales de Desarrollo Económico deben crear y actualizar el registro de negocios que cuentan con licencia; los ayuntamientos también participan en la vigilancia del funcionamiento de las unidades económicas asentadas en su territorio.
Si bien un comercio podía contar con licencia para funcionar como tienda, farmacia, restaurante o cualquier otro giro y, al mismo tiempo, instalar ilegalmente una tragamonedas sin declararla, la presencia de miles de equipos obliga a revisar si existieron inspecciones, reportes ciudadanos, recorridos policiales o procedimientos administrativos. También debe establecerse si alguna autoridad local conoció su instalación y omitió intervenir.
Pese a que regular el juego ilegal no es competencia de los ayuntamientos, éstos deben regular las actividades dentro de los establecimientos donde se encontraban las máquinas. /Foto: especial.
Las licencias son una parte de la investigación
Los ayuntamientos involucrados tendrán que informar cuántas tragamonedas fueron retiradas dentro de su territorio y qué áreas eran responsables de vigilar los establecimientos.
Uno de los esclarecimientos que falta por realizarse es conocer si hay servidores públicos investigados, pues la omisión de estas miles de máquinas deberá dejar responsables y no solo los decomisos.
La magnitud de la red parece responder a una debilidad administrativa, insuficiencia de inspectores, falta de coordinación o posibles actos de protección. Determinar cuál de esas condiciones requiere expedientes y pruebas, no únicamente el número de aparatos decomisados.
Comerciantes y cercanía con escuelas
Las autoridades sostienen que las tragamonedas tienen un impacto particular sobre niñas, niños y adolescentes debido a su ubicación en negocios de acceso cotidiano y a los mecanismos de juego que pueden generar adicción.
Por ello, el desglose territorial debe identificar cuántas funcionaban cerca de escuelas, espacios deportivos o centros comunitarios. También debe determinarse si los propietarios recibían una parte de las ganancias o si grupos criminales les imponían los equipos bajo amenazas.
Esa distinción es importante: algunos comerciantes podrían formar parte de la red, mientras otros podrían ser víctimas de extorsión.
El aseguramiento y destrucción de estas máquinas no debe significar el fin del operativo, sino que las autoridades deberán dar con los responsables por su instalación y señalar quién permitió que funcionaran. /Foto: Archivo AD Noticias.
Las interrogantes por resolver
La Fiscalía mexiquense informó que dará vista a la Fiscalía General de la República por las posibles violaciones a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, también iniciará el procedimiento para destruir las máquinas conforme a la legislación estatal.
No se ha detallado el destino legal de los aproximadamente 9 millones de pesos extraídos ni si existen cuentas, inmuebles o empresas bajo investigación.
Dos de Bastos permitió retirar una fuente de ingresos criminales; la siguiente etapa deberá establecer quiénes instalaron las máquinas, quiénes cobraban las ganancias y qué controles municipales permitieron que la red se extendiera por gran parte del Estado de México.
Te puede interesar: Fiscalía Edomex asegura 50 millones de pesos y miles de tragamonedas ilegales
La entrada Operativo Dos de Bastos exhibe omisiones de ayuntamientos se publicó primero en AD Noticias.
