El pasado jueves, día en que arrancó el actual campeonato mundial de fútbol, se presentó la tercera cifra más baja en lo que va del año en número de homicidios dolosos en el país: 30. Si ese fuera el promedio diario, nuestro país volvería a condiciones no vistas en los últimos 35 años. No es pertinente establecer una co-relación entre el inicio del torneo y la cifra, pero sí es posible subrayar que ya ha habido días de este año en que la cifra ha llegado a ser de 28 (7 de junio) y de 29 (15 de mayo). Y, aunque, este registro es preliminar y está basado en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), son los datos disponibles para cualquier análisis.
Desde hace ya casi cuarenta años, nuestro país ha cargado con tendencias muy graves de violencia homicida. Las generaciones más jóvenes no conocen otra realidad que aquella en la que los asesinatos son el pan de cada día. Pero los datos de que se dispone en este momento permiten aventurar que 2026 podría representar un punto de inflexión en esa tendencia. Lo que estamos observando no parece ser un descenso efímero ni resultado de un solo factor, sino una tendencia sostenida que continúa y profundiza la mejoría iniciada a finales del sexenio anterior.
Esta consistencia mes a mes, con descensos en la mayoría de las entidades (26 de 32 según el SESNSP), sugiere que no se trata de una anomalía estacional, sino de un patrón estructural.
Escribimos sobre esto hace ya varios meses, cuando las cifras comenzaban a indicar un rumbo de desaceleración y, luego, de descenso en la violencia homicida. Pero trascurrida ya prácticamente la primera mitad de 2026, es posible señalar que los homicidios dolosos acumulados muestran reducciones del orden del 30-40% en comparación con periodos equivalentes de 2025. Hasta abril, se registraron 6,149 víctimas, frente a 8,784 en el mismo periodo del año anterior. Específicamente los promedios diarios han caído, de niveles cercanos a los 80-90 en 2024, a alrededor de 50-52 en lo que va 2026, con días excepcionales como los tres ya señalados.
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Esta consistencia mes a mes, con descensos en la mayoría de las entidades (26 de 32 según el SESNSP), sugiere que no se trata de una anomalía estacional, sino de un patrón estructural. Y, para apreciar la magnitud del cambio, es necesario mirar hacia atrás. Según datos históricos del INEGI, México vivió una reducción sostenida de la tasa de homicidios desde los años 90 hasta 2007, cuando tocó un mínimo de aproximadamente 8 por cada 100,000 habitantes. A partir de 2008 y la absurda guerra de Calderón, la tasa se disparó.
Como lo advertimos en su momento, en 2025 ya se registró una caída notable (INEGI reportó tasas semestrales de 11.1 en el primer semestre) y, en este 2026, se profundiza esa trayectoria. Tan es así que, de mantenerse esta tendencia, estaríamos apuntando a un cierre anual entre 18,000 y 19,500 homicidios dolosos. Con una población estimada de 133-134 millones, esto equivaldría a una tasa de aproximadamente 13.6-14.6 por 100,000 habitantes. Una reducción de más del 40% respecto a los picos de años recientes.
Pero no estamos hablando de números. Se trata de miles de vidas preservadas y un alivio en la presión social. Sin embargo, el descenso no es uniforme. Ciertas entidades siguen concentrando una desproporcionada cantidad de casos y, por tanto, “elevan” la tasa nacional. En el primer cuatrimestre de 2026, ocho estados concentraron alrededor del 53% de los homicidios. Chihuahua y Guanajuato (gobernados por el PAN) lideraron en abril con 129 casos cada uno, seguidos por Morelos, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Veracruz y Guerrero (todos ellos gobernados por Morena).
El descenso sostenido no está asociado con la “mano dura”, sino con la disminución de los incentivos económicos y logísticos de la violencia.
Estos focos reflejan la persistencia de dinámicas de crimen organizado: disputas territoriales por el control de rutas de tráfico, extorsión y mercados ilegales. La fragmentación de cárteles, paradójicamente, puede generar tanto descensos (por desarticulación) como repuntes locales cuando surgen nuevas rivalidades. Y es que la violencia en México no es un fenómeno aleatorio. Tienen que verse los factores estructurales: mercados ilegales (principalmente drogas), debilidad institucional selectiva, desigualdad territorial y “equilibrios violentos”, donde la competencia criminal se autorrefuerza. La alta letalidad se asocia a la disponibilidad de armas de fuego, la corrupción en eslabones locales y la ausencia de oportunidades legítimas en regiones marginadas.
El descenso sostenido no está asociado con la “mano dura”, sino con la disminución de los incentivos económicos y logísticos de la violencia. Cuando el costo de la confrontación supera los beneficios (por desarticulación de redes o mayor riesgo de captura), los grupos optan por perfiles más bajos.
Ahora, no debemos caer en lo que sociológicamente se llama la “paz negativa” (exclusivamente reducción de homicidios), porque no garantiza vivir bien si persisten impunidad, desapariciones, violencia familiar y feminicida. A esto se debe que, aún con estas tendencias, se mantenga alta percepción de inseguridad, según el INEGI. La reconstrucción del tejido social —educación, empleo, cohesión comunitaria— debe acompañar la contención operativa.
A lo que debe apuntarse es, a seguir con la disminución de la violencia, abatir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia. Si esas cosas se logran y se le suma fortalecimiento institucional y recuperación económica en regiones con altos índices de violencia, en los próximos tres o cuatro años podrían llevar la tasa de homicidios por debajo de 10-12, acercándonos a promedios latinoamericanos medios y recuperando niveles pre-2008 en algunas zonas.
El reto mayor está en los focos persistentes (Guanajuato, Chihuahua y otros). Estrategias diferenciadas por región —inteligencia focalizada, inversión social y justicia restaurativa donde sea viable— serán clave. No obstante, el descenso sostenido de los homicidios en 2026 no resuelve todos los problemas de seguridad ni borra décadas de daño estructural. Pero sí demuestra que la violencia letal no es un destino inevitable en México.
Miles de familias que hoy no lloran a un ser querido son la mejor evidencia de que el cambio en la inercia, aunque incompleto e imperfecto, está ocurriendo. El camino hacia tasas de un solo dígito sigue abierto, siempre que no confundamos mejoría con victoria definitiva.
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