El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se alista para discutir una nueva propuesta de fiscalización para el proceso electoral 2026-2027, con la que buscará meter en cintura a los partidos políticos que ya arrancaron sus procesos internos de selección de candidaturas, bajo figuras creadas de manera interna que esconden esa intención, justificar que no son actos fuera de la ley.
La única restricción que por ahora tienen los aspirantes a obtener candidaturas de partidos políticos para no llevar a cabo lo que se consideran actos anticipados de campaña es llamar al voto por ellos mismos, según las resoluciones tomadas en 2023 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El INE trabaja una propuesta de lineamientos que busca que los aspirantes internos de cada partido deben informar al INE del origen y destino del dinero con el que lleven a cabo estas asambleas o eventos para posicionar su figura a nivel partido y, de no hacerlo, podrían perder la candidatura.
“Si el INE no interviene para regular los procesos adelantados de designación de candidatos que ocurren ya en algunos partidos políticos, la elección de 2027 está en entredicho”, alertan consejeros electorales, exconsejeros y especialistas.
Coincidieron en que el Instituto Nacional Electoral va con meses de retraso al arbitraje del proceso electoral 2026-2027, lo que podría acarrear la eventual pérdida de confianza en la elección y trastocar la credibilidad en los resultados.
Aunque los tiempos legales marcan que el inicio del proceso será en septiembre próximo, varios partidos se han adelantado con los procesos de selección de quienes eventualmente serán sus candidatos, sin que el INE tenga aún lineamientos para regular estas actividades partidistas.
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