■ El fin del pacto de impunidad.■ La prueba de fuego del nuevo Poder Judicial.■ La crisis moral del panismo.■ La indignación selectiva.■ El PRI frente a su propio espejo.
El fin del pacto de impunidad
Durante los 86 años de gobiernos priistas en el Estado de México no se recuerda un solo caso en que un subsecretario enfrentara un proceso penal por presuntos actos de corrupción. Bastaron tres años del gobierno de la transformación para romper ese paradigma. La detención de Óscar Guzmán, exsubsecretario de Administración del sexenio de Alfredo del Mazo, trasciende el expediente judicial y adquiere un profundo valor simbólico: por primera vez, uno de los integrantes de la alta burocracia deja de ser intocable. La justicia aún deberá determinar su responsabilidad, pero el mensaje político ya está enviado. Cuando el poder comienza a rendir cuentas ante la ley, el viejo pacto de impunidad empieza a perder su último refugio.
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La prueba de fuego del nuevo Poder Judicial
Los expedientes de Óscar Guzmán, Nancy Nápoles y Fernando Flores terminarán, inevitablemente, en la cancha del nuevo Poder Judicial del Estado de México. Ahí estará la verdadera prueba de fuego. Si los casos se caen en tribunales por negligencia, debilidad técnica o cálculo político, el daño institucional será enorme; no sólo para el gobierno, sino para la esperanza pública de justicia. La sociedad mexiquense no pide venganza: exige que la ley deje de inclinarse ante el poder, el dinero o el apellido. Si se acredita su responsabilidad, el precedente será histórico: por fin, en esta tierra acostumbrada a los intocables, podrá decirse que todos son iguales ante la ley.
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La crisis moral del panismo
Los panistas de doctrina, aquellos que llegaron al partido atraídos por sus ideas y no por los cargos, observan con creciente indignación los privilegios y las deferencias que la élite dirigente dispensa a Fernando Flores e Iraí Albarrán. Para ellos, el problema ya no es únicamente electoral, sino ético. Un partido que nació reivindicando el bien común, la legalidad y la dignidad de la persona termina justificando aquello que antes denunciaba: el personalismo, el patrimonialismo y la concentración del poder en una misma familia. Las derrotas en las urnas se remontan; las derrotas deontológicas suelen ser irreversibles.
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La indignación selectiva
La jauría política desatada por las acusaciones contra el secretario del Ayuntamiento de Toluca revela, además de un legítimo interés por esclarecer los hechos, un inocultable apetito por obtener rentabilidad política y electoral. Lo verdaderamente desconcertante es la memoria selectiva de muchos de los que hoy exigen destituciones inmediatas y condenas anticipadas: guardaron un silencio sepulcral cuando el entonces alcalde priista Raymundo Martínez enfrentó acusaciones de enorme gravedad y terminó abandonando el cargo sin que esa misma indignación incendiara plazas ni redes sociales. La justicia no puede administrarse según la conveniencia política del momento. Cuando la indignación depende del color del acusado, deja de ser un principio y se convierte en simple hipocresía.
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El PRI frente a su propio espejo
Ahora que el PRI se dice indignado por los presuntos actos de corrupción en la Secretaría de Salud, podría aprovechar el momento para volver la mirada sobre su propia historia. En esa lista tendría que aparecer el exsecretario de Salud César Gómez Monge, sobre quien existen expedientes e investigaciones relacionados con hospitales inconclusos, la incorporación de operadores políticos a la nómina y la asignación de contratos por miles de millones de pesos que fueron objeto de denuncias. La autoridad moral no se proclama, se acredita. Si el PRI exige castigo para los presuntos corruptos de hoy, tendría que pedir el mismo rigor para los de ayer. Ver la paja en el ojo ajeno mientras se ignora la viga en el propio nunca ha sido un acto de justicia, sino de conveniencia política.
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