El reciente bloqueo del Circuito Economistas no es un conflicto nuevo para Naucalpan, sino el capítulo más reciente de una disputa que lleva más de una década. La instalación de los parquímetros del sistema NauPark en la Zona Azul de Ciudad Satélite ha detonado nuevamente el rechazo de locatarios, trabajadores y residentes, quienes acusan imposición, opacidad y falta de consulta ciudadana.
El proyecto fue aprobado por el Cabildo en abril de este año y publicado en la Gaceta Municipal 73. Días antes de la protesta, el balizamiento de cajones blancos para pago y azules para residentes marcó el inicio de una cuenta regresiva: en un plazo de 15 a 20 días, el cobro comenzará a operar bajo una plataforma que combina una aplicación móvil, pago digital y validación de placas sin boleto impreso.
La sombra de los fracasos previos
La desconfianza vecinal tiene raíces profundas. Entre 2013 y 2015, durante la administración de David Sánchez Guevara, se instaló el primer programa formal con tarifas de 8 pesos por hora. La medida enfrentó la oposición del llamado grupo G8 de regidores y terminó con la operación suspendida a finales de 2015 entre acusaciones de corrupción y abusos.
Un segundo intento ocurrió entre 2016 y 2017. El esquema subió la tarifa a 12 pesos por hora y planteó un reparto de ingresos del 60% para la empresa y 40% para un fideicomiso vial. El resultado fue el sabotaje, la destrucción de equipos y el abandono de los aparatos en las aceras. Las administraciones posteriores (2019-2024) intentaron revivir el cobro, pero la pandemia y la desconfianza acumulada frenaron los proyectos.
Hoy, la primera fase del nuevo reglamento apunta a Ciudad Satélite, con planes de expansión hacia Naucalpan Centro, El Mirador, Industrial Alce Blanco, Lomas de Tecamachalco y Boulevares.
Potresta contra parquimetros / Foto: RR.SS.
Tarifas y el argumento del reordenamiento
El gobierno municipal sostiene que la finalidad de NauPark no es recaudatoria. El objetivo oficial es ordenar el estacionamiento en la vía pública, promover la rotación de vehículos en zonas comerciales, evitar dobles filas y desplazar a los franeleros.
Las tarifas vigentes operan por fracciones de 15 minutos, con costos de $2, $3, $4 o $5 para automóviles, dependiendo de la zona, y $2 para motocicletas. El horario de cobro se extenderá de lunes a miércoles de 8:00 a 20:00 horas, y de jueves a domingo desde las 8:00 hasta las 02:00 de la madrugada.
Sin embargo, el impacto económico es una de las principales preocupaciones. Estimaciones presentadas por la regidora opositora Ana Ramírez Cendón, quien votó en contra de ciertos puntos del reglamento, señalan que un trabajador que deba estacionarse diariamente en la zona podría enfrentar un gasto mensual superior a los 4,000 pesos.
Las voces en la calle: entre la imposición y el caos
El rechazo central que motivó el bloqueo de los circuitos en Satélite radica en la ausencia de diálogo. Los manifestantes acusan que el municipio omitió los estudios integrales de impacto y no tomó en cuenta a la comunidad antes de marcar las calles.
«Claro que es una total violación a nuestros derechos humanos, a nuestro derecho a la vía pública, a nuestro derecho a la participación ciudadana», expuso uno de los locatarios organizados durante la manifestación del martes pasado. «No nos fue consultado, no sabemos quiénes son los socios de esa empresa de parquímetros, a dónde se van a destinar los recursos y por eso es que nos estamos manifestando».
Entre los residentes y usuarios de la zona, las posturas chocan frente a la realidad del espacio público. Pamela Mads, vecina del municipio, defiende el cobro como una herramienta de orden frente a la privatización informal:
«Prefieren tener franeleros y que en la calle al lado de La Abeja se adueñen los ‘viene viene’ y los ‘valets parking’ de los restaurantes… Deberían implementar un control financiero adecuado para que esos recursos se transformen en mejoras para la comunidad».
En contraste, René Fernández resume el reclamo de un sector que rechaza cualquier modelo de cobro: «Ni franeleros, ni parquímetros; queremos estacionamiento libre».
El propio argumento gubernamental de combatir la extorsión informal encuentra resistencia empírica entre quienes transitan la zona específica del conflicto. «En Zona Azul nunca he visto un franelero», sostiene María Eugenia Franco, usuaria del área comercial.
Ante la falta de claridad histórica en los convenios con operadores privados, surge la exigencia de mecanismos de transparencia. José Luis Rodríguez, otro habitante interesado en el ordenamiento vial, propone ir más allá del rechazo absoluto: «Crear la figura jurídica de Contraloría Social que vigile que los recursos económicos obtenidos del cobro se apliquen exclusivamente para el objetivo exacto, y que los integrantes informen a la sociedad de Ciudad Satélite».
Parquimetros / Foto: RR.SS
La mesa de diálogo
La presión de las casi 10 mil viviendas que conforman el fraccionamiento ya se había manifestado desde mayo, cuando los colonos solicitaron formalmente la exención de pago para los residentes, argumentando que el desorden vehicular es generado por población flotante.
Tras el bloqueo que paralizó el tránsito en el área comercial, el gobierno municipal, a través del Subdirector de Movilidad, Arie Geurts Novoa, anunció la instalación de una mesa de diálogo con una comitiva vecinal. Las autoridades han declarado tener disposición para escuchar y han dejado abierta la posibilidad de que el proyecto sufra modificaciones.
El futuro de las calles en Naucalpan depende ahora de esa mesa. Si no hay acuerdos sustantivos que garanticen exenciones claras y transparencia en el uso de los recursos, la historia del municipio advierte que los parquímetros volverán a chocar contra la resistencia vecinal organizada.
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