La Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales acumularon 2 millones 139 mil 228 carpetas de investigación pendientes de concluir en 2024, más las carpetas empezadas durante el propio ejercicio de 2024, el número de carpetas ascendió a 4 millones 780 mil 581, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal.
Desde 2020, las cantidades son las siguientes, según datos procesados por la asociación civil Causa en Común: 2020, 2 millones 963 mil 725 carpetas de investigación pendientes; 2021 en 3 millones 973 mil 851; 2022 son 4 millones 228 mil 655 y en 2023: 4 millones 391 mil 437.
“Las precarias condiciones que enfrentan las fiscalías, sumadas a la escasez de personal sustantivo, las incapacita ante los altos niveles de incidencia delictiva en el país”, indicó dicha organización no gubernamental al calificar como “absurdas” las cargas de trabajo. A nivel nacional, cada agente del ministerio público debió atender, en promedio, 258 carpetas de investigación a la vez.
El informe “Inseguridad, injusticia, instituciones rotas: el caso de las fiscalías”, publicado el pasado 27 de mayo por Causa en Común, documentó que en entidades como Jalisco, cada agente ministerial debe atender 896 carpetas de investigación, debido a que en todo el estado nada más hay 701 agentes ministeriales y 628 mil 273 expedientes pendientes.
Mientras que en Aguascalientes, hay 171 agentes del ministerio público y 123 mil 736 carpetas gestionadas, por lo que cada agente debe atender 724 carpetas de investigación. En el caso de Baja California, en 2024 había 545 agentes del MP contra 299 mil 774 investigaciones: cada elemento debe resolver 550 carpetas en promedio.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024, la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales efectuaron un millón 857 mil 288 determinaciones acerca de las carpetas de investigación, en otras palabras, resoluciones ministeriales emitidas con referencia a los asuntos que permanecieron bajo trámite durante el año, incluyendo tanto a las carpetas iniciadas en 2024 como expedientes pendientes de años anteriores.
Estas determinaciones pueden derivar en el ejercicio de la acción penal, el archivo temporal, mecanismos alternativos de solución de controversias u otras formas de conclusión administrativa que implican el no ejercicio de la acción penal. En ese sentido, conforme a los propios registros oficiales, sólo el 15% de las carpetas determinadas derivó en el ejercicio de la acción penal y 5% se canalizó mediante acuerdos reparatorios, mientras que 38% fue remitido al archivo temporal.
La A.C. señaló que el sistema de procuración de justicia en México se ha caracterizado por un desempeño deficiente y faccioso, que a su vez genera impunidad y desconfianza ciudadana. Además, informó que al menos seis entidades del país continúan sin contar con una institución de procuración de justicia definida legalmente como órgano constitucional autónomo: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Campeche, Jalisco e Hidalgo.
Agregó que no hay información pública consistente y verificable sobre el personal con que cuentan las fiscalías: “Los datos disponibles son fragmentarios, inconsistentes y dependen, en gran medida, de lo que las propias instituciones reportan al INEGI a través del Censo Nacional de Procuración de Justicia”, comentó.
Por ejemplo, en 2019, había 116 mil 54 elementos adscritos a las fiscalías, mientras que en 2024, la cifra bajó a 110 mil 843. De acuerdo con los datos reportados al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la policía de investigación (PDI) es el área con el mayor crecimiento entre 2019 y 2024, con un incremento de 87%. En el caso de la FGR, el número de policías de investigación reportados aumentó 50%, alcanzando los 4 mil 14 elementos.
“Los aparentes incrementos en el personal de las fiscalías resultan insuficientes mientras persistan deficiencias y omisiones para la conformación de sistemas de carrera funcionales. Por ejemplo, a través de solicitudes de información, se constató que únicamente 18 fiscalías cuentan con reglamentos o leyes que regulan el servicio profesional de carrera y que sólo cinco fiscalías realizaron algún tipo de convocatoria para la promoción de grado durante 2024”, detalló Causa en Común.
Por otro lado, advirtió que en México no existe un estándar que fije un salario mínimo para el personal sustantivo de las fiscalías. Cada fiscalía (incluyendo a la General de la República) fija sus tabuladores conforme a la disponibilidad presupuestal y a criterios administrativos propios.
Acumulan fiscalías casi 4.8 millones de investigaciones
