Luego de que Integrantes de la Misión Civil de Observación Sexta denunciaron que las autoridades les negaron seguridad para poder llegar a la comunidad de Alcozacán, en Chilapa, donde están refugiados los pobladores de varias comunidades, el gobierno federal aseguró que autoridades federales y estatales han mantenido presencia permanente y coordinada, con acciones de seguridad y atención para salvaguardar a la población.
Integrantes de la organización denunciaron que “las autoridades federales, estatales y municipales traicionan su palabra” de brindarles seguridad, y aseguraron que al intentar llegar a Tlapa, para encontrarse con integrantes del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y con las corporaciones del Estado que brindarían el acompañamiento a la MCO-S, Jesús Plácido, promotor del CIPOG-EZ, fue notificado de que no habría ningún acompañamiento de alguna corporación de seguridad del estado.
Lo mismo, aseguraron, fue notificado al Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, así como a los beneficiarios del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Ante esto, el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación aseguró que desde el inicio de los hechos de violencia registrados en las comunidades de Xicotlán y Tula, en Guerrero, autoridades federales y estatales han mantenido presencia permanente con “acciones de seguridad y atención institucional para salvaguardar a la población”.
Señalaron que derivado de reuniones previas con autoridades comunitarias, se recibió la solicitud de acompañamiento para el ingreso de una misión civil de observación. Sin embargo, en diversos momentos, representantes de la misión y de organizaciones comunitarias rechazaron el acompañamiento y solicitaron el retiro de la presencia institucional.
La autoridad federal aseguró que las organizaciones no proporcionaron la información requerida por la Mesa de Paz en Guerrero, sobre rutas, horarios y puntos de traslado para activar los mecanismos operativos correspondientes.
Sin embargo, a pesar de esto, el Gobierno federal aseguró que se mantuvieron 1,200 elementos del Ejército, Guardia Nacional y policía estatal tanto en la zona como en el corredor que comunica las localidades de Alcozacán y Tula, garantizando condiciones de acompañamiento y protección. Además de que se mantuvo presencia con 12 bases de operación interinstitucionales y canales de comunicación abiertos para brindar apoyo.
Detallaron que el 22 de mayo de 2026, a las 16:35 horas, fue cuando la denominada Misión Civil de Observación Sexta arribó a la comunidad de Alcozacán, integrada por alrededor de 20 personas y que durante todo el corredor existió presencia de seguridad federal y estatal, sin registrarse incidente alguno.
El Gobierno federal señaló que la atención a comunidades afectadas por la violencia “requiere esfuerzos compartidos y coordinación interinstitucional, donde sociedad civil, autoridades comunitarias y dependencias federales y estatales sumen voluntades a través del diálogo en beneficio de la población”.
Gobierno asegura presencia militar y policiaca en comunidades
