En San José Río Hondo, el conflicto por el predio “La Colmena” ya no se explica solo como una obra pública.
Para una parte de la comunidad, el proyecto abre una pregunta más profunda: si la intervención responde a una necesidad urbana o a una lógica de valorización del suelo que transforma el territorio.
El operativo policial del pasado 28 de abril —que dejó detenidos, lesionados y derivó en una investigación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM)— fue solo el punto más visible de una tensión que se venía acumulando desde antes.
Un espacio con historia
Para los habitantes de la colonia, “La Colmena” no es un terreno disponible.
Hace más de un siglo, la antigua fábrica textil San José Río Hondo destinó el predio para uso recreativo de sus trabajadores. Desde entonces, el espacio ha funcionado como punto de encuentro comunitario, sostenido por generaciones de vecinos.
Ese origen marca la forma en que la comunidad entiende el conflicto: no como una disputa legal, sino como la defensa de un espacio que consideran propio.
El proyecto: intervención o transformación
El Ayuntamiento de Naucalpan sostiene una versión distinta.
De acuerdo con la administración municipal, el predio no contaba con reconocimiento jurídico como espacio público y la intervención forma parte de un proceso de regularización.
El proyecto “Fábrica de Sueños” contempla una inversión de 30 millones de pesos para la construcción de un parque con áreas verdes, canchas, anfiteatro y espacios recreativos.
Además, el gobierno local señala que la obra responde a obligaciones de mitigación de una desarrolladora vinculada al fraccionamiento Cumbres Herradura, que prevé la donación del terreno para uso público.
La pregunta de fondo
El conflicto aparece en la interpretación de ese proyecto.
Entre los vecinos, la discusión no gira únicamente en torno al parque, sino a su función real.
“Yo apoyo el parque, pero siempre y cuando sea para el pueblo de Río Hondo, no solo para los departamentos”, es una de las posturas que se repite entre los habitantes.
La desconfianza se alimenta de experiencias previas.
“Así dijeron del parque en avenida Río Hondo… luego lo cerraron”, recordó un vecino durante las protestas.
En ese contexto, la percepción de que la obra podría responder a dinámicas de valorización inmobiliaria —más que a una necesidad comunitaria— se vuelve un eje del conflicto, aunque no ha sido confirmada por las autoridades.
Dos formas de entender la ciudad
La tensión también revela una diferencia en prioridades.
Mientras el proyecto apuesta por infraestructura recreativa de mayor escala, los vecinos insisten en necesidades más inmediatas: alumbrado, pavimentación y seguridad.
“¿Por qué no invierten esos 30 millones en infraestructura para San José Río Hondo?”, cuestionó una habitante.
El contraste expone dos visiones:
una centrada en proyectos urbanos visibles
otra enfocada en condiciones básicas de vida
El punto de ruptura
El 28 de abril, esa diferencia escaló. La llegada de maquinaria, acompañada por elementos de seguridad pública, detonó un enfrentamiento entre vecinos, trabajadores y policías. Desde entonces, las versiones sobre lo ocurrido se mantienen en disputa.
Mientras autoridades y la empresa señalan actos de vandalismo y resistencia al proyecto, los habitantes sostienen que las agresiones comenzaron antes de la intervención policial. A partir de estos hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició una investigación para determinar si existieron abusos en el uso de la fuerza.
Más allá del operativo
La intervención de Derechos Humanos no resuelve el conflicto de fondo, pero sí lo desplaza hacia otro nivel.
Porque el caso de Río Hondo no es únicamente sobre un enfrentamiento, sino sobre la forma en que se toman decisiones sobre el territorio. En ese sentido, la disputa abre preguntas que van más allá del predio: quién define el uso del espacio, bajo qué criterios y con qué grado de participación de la comunidad.
Una disputa abierta
Hoy, la obra continúa bajo resguardo, mientras la comunidad mantiene su organización y el gobierno sostiene el proyecto. En paralelo, la CODHEM integra un expediente que podría marcar el rumbo institucional del caso.
El conflicto sigue abierto, no solo en términos legales, sino en la relación entre autoridades y habitantes, en un contexto donde la confianza aún no se reconstruye.
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