La nueva integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) abre un periodo de escrutinio sobre la legitimidad de sus decisiones, ahora que sus 11 consejerías fueron designadas durante la Cuarta Transformación en el Congreso, sin acuerdos amplios con las fuerzas de oposición.
Especialistas advierten que el organismo “estará a prueba” no sólo en el proceso electoral de 2027 —cuando se renovarán la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas—, sino también en la segunda ronda de la elección judicial, en la que se elegirá a la otra mitad de juzgadores a nivel nacional.
Francisco Burgoa, constitucionalista y académico de la UNAM, sostuvo que uno de los principales retos será acreditar imparcialidad en decisiones sobre candidaturas, sanciones y fiscalización.
Señaló que, aunque el procedimiento de designación fue legal, la legitimidad democrática y la confianza ciudadana en el árbitro electoral están en entredicho ante la percepción de cercanía con el oficialismo.
Por su parte, Irma Méndez, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), consideró que la curva de aprendizaje de los nuevos consejeros debe ser ace-lerada para demostrar independencia.
Actualmente, los 11 integrantes del Consejo General fueron electos en la era de la 4T.
En 2020, cuatro consejeros fueron nombrados con amplio consenso en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, en 2023 la designación por insaculación de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, y otros integrantes se realizó sin acuerdo previo, lo que derivó en tensiones internas y dificultades para nombrar directivos y titulares de unidades técnicas.
Pondrá INE a prueba a los nuevos consejeros
