El diputado del PRI Christian Mishel Castro Bello presentó una reforma al Código Penal Federal con el propósito de establecer que comete traición a la patria el funcionario al cual le acrediten crímenes en materia de delincuencia organizada, relacionados con infracciones contra la salud, contrabando de hidrocarburos, secuestro, extorsión y/o emplee recursos provenientes de tales ilícitos para el ejercicio de su actividad política.
Dicha propuesta, que adiciona las fracciones XVI y XVII al artículo 123, enviada a la Comisión de Justicia, precisa que, además de las penas que conllevan los delitos en lo particular, le será aplicable la pena de cárcel máxima señalada en este artículo (40 años) y se le impondrá una multa equivalente a seis años del salario percibido por el ejercicio del cargo público sobre el cual obtuvo provecho para su actividad criminal.
Además, indica que comete traición a la patria el servidor público que haya incurrido en responsabilidades administrativas y penales por hechos de corrupción relacionados con la distracción, ejercicio u otorgamiento, ya sea para beneficio propio y/o de un tercero, de fondos públicos en forma ilegal, así como cuando no acredite legítimamente el incremento de su patrimonio.
En este caso, le será aplicable la pena de prisión máxima señalada en el citado artículo (40 años) y se le impondrá una multa equivalente al monto del recurso objeto del hecho ilegal o del aumento patrimonial no comprobado.
De igual modo, menciona que comete traición a la patria el tercero particular que haya obtenido un beneficio de las conductas señaladas, siendo aplicable, además de las sanciones administrativas y penales en lo particular establecidas en la legislación vigente, la misma penalidad y multa de hasta del 70 por ciento del beneficio obtenido.
En la fundamentación de esta iniciativa, Castro Bello expone que el fin es contribuir a que se devuelva la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones y al servicio público en general, y se castigue como traidores a la patria a los servidores públicos que, haciendo uso del cargo que les fue conferido o designado, tengan o establezcan vínculos con el crimen organizado.
