Raúl Piña Horta dirigía el área de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica. Antes había sido secretario particular de Jorge Emilio González Martínez, el Niño Verde. Carlos Eduardo Solares Vega estaba al frente de Control de Emisiones a la Atmósfera, después de ocupar cargos ambientales en Puebla.
Ambos fueron detenidos el 10 de agosto de 2026. Una jueza del distrito judicial de Chalco los vinculó a proceso por extorsión agravada y abuso de autoridad. Los dos quedaron bajo prisión preventiva.
La carpeta sitúa el comienzo de la operación a finales de 2023. En el Estado de México funcionaban 163 verificentros con 878 líneas activas. Los funcionarios habrían exigido hasta 200 mil pesos mensuales por establecimiento, además de cuotas por cada vehículo verificado y por cada línea en operación.
La amenaza era administrativa. Los verificentros que se resistían podían quedarse sin hologramas, ser suspendidos o enfrentar procedimientos por supuestos incumplimientos ambientales.
El expediente de los verificentros mostró que la Fiscalía estaba dispuesta a tocar intereses del gobierno en funciones. / Foto: Archivo AD
El control llegaba al Sistema Automatizado de Emisión y Control de Hologramas de Verificación Vehicular. De acuerdo con la Fiscalía, el sistema podía desconectarse y reactivarse desde el Centro de Control de la Secretaría. Esa intervención permitía habilitar líneas para aprobar vehículos irregularmente.
Algunos verificentros trasladaban el costo de las cuotas a los automovilistas. Primero les negaban el holograma y después les ofrecían pasar el vehículo “con brinco”, mediante una línea desconectada temporalmente del sistema. La extorsión institucional terminaba convertida en corrupción al menudeo.
La Fiscalía calcula que la estructura obtuvo más de 430 millones de pesos en efectivo.
El dinero era entregado en oficinas privadas de Bosques de las Lomas y en domicilios de Cuajimalpa. Los mensajeros acudían mediante cita y, en algunos casos, utilizaban códigos QR para ingresar. Un particular identificado dentro de la investigación recibía los recursos.
La carpeta también sostiene que algunos propietarios fueron presionados para ceder participaciones de sus empresas mediante dos razones sociales relacionadas con la estructura. Los operadores aseguraban contar con protección política. Cuando el expediente fue judicializado, otros servidores públicos permanecían prófugos.
El caso tuvo efectos inmediatos dentro y fuera de la Secretaría del Medio Ambiente. Colocó bajo escrutinio los nombramientos de Piña y Solares, la supervisión de sus áreas, las relaciones políticas que los llevaron al gobierno y la responsabilidad de quienes permitieron que una red semejante funcionara durante casi tres años.
Una jueza del distrito judicial de Chalco los vinculó a proceso por extorsión agravada / Foto: Archivo AD
También abrió una pregunta más incómoda: quién era el beneficiario final.
Los dos directores detenidos constituyen el primer nivel visible. Falta establecer quién concentraba el dinero, qué función desempeñaban las empresas, cómo se ocultaban los recursos y quién proporcionaba protección política.
Proceder contra ellos tuvo un costo mayor que investigar a exfuncionarios. La red creció dentro de la administración actual. No había manera de colocar toda la responsabilidad en el pasado.
Ese fue el momento de mayor exposición para Cervantes. El expediente de los verificentros mostró que la Fiscalía estaba dispuesta a tocar intereses del gobierno en funciones.
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