La Fiscalía General de la República (FGR) reservó hasta 2031 todas las grabaciones, peritajes, entrevistas y demás datos integrados en las carpetas de investigación sobre Mauro Alberto Núñez Ojeda, “El Jando”, identificado como el piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, tras ser secuestrado por uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En respuesta a una solicitud de información, y pese a que se pidió una versión pública, la fiscalía justificó la reserva, al asegurar que la divulgación de esta información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio a la seguridad nacional.
Argumentó que está imposibilitada para brindar la información, al señalar que se encuentra inmersa dentro de las investigaciones que lleva a cabo el agente del Ministerio Público de la Federación y su difusión puede comprometer la persecución de delitos.
Bajo estos argumentos, el 19 de agosto pasado, el Comité de Transparencia de la FGR confirmó la clasificación de la información por un periodo de cinco años.
El pasado 15 de julio, la FGR confirmó que no sabía que “El Jando” fue el piloto que trasladó a “El Mayo” a Estados Unidos, luego de ser secuestrado por Joaquín Guzmán López.
A través de una tarjeta informativa, la institución indicó que apenas en junio de este año encontraron indicios de que la voz y huellas dactilares coinciden con el piloto que trasladó el 25 de julio de 2024 a “El Mayo” y a Guzmán López, de Culiacán a Nuevo México.
En el oficio, la fiscalía argumentó que no podría entregar la información solicitada, al señalar que esto representaría un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional.
Indica que sería un “riesgo real” porque se expondrían las líneas de investigación llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Federación, en las cuales se reúnen las evidencias para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los medios de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal.
La FGR también justificó que existe un “riesgo demostrable”, ya que, de entregar la información solicitada, se expondría la eficacia de la institución.
La FGR advierte que la persona servidora pública que quebrante la reserva de la información, al dar a conocer datos inmersos en expedientes de investigación estaría cometiendo el delito contra la administración de justicia y, por ende, se haría acreedor a las sanciones penales correspondientes, así, como la sanción administrativa respectiva al incumplir con el debido resguardo de los documentos e información bajo su responsabilidad.
