La desaparición del Infoem dio un paso más en el Congreso del Estado de México, después de que comisiones legislativas aprobaran el dictamen que crea Transparencia Mexiquense, un nuevo órgano que dependerá de la Secretaría de la Contraloría estatal y que asumirá parte de las funciones que actualmente realiza el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.
El documento reúne las iniciativas presentadas por el diputado Gerardo Pliego Santana, de Morena, y por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, además de expedir nuevas leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia aprobaron el dictamen antes de que llegue al pleno, donde su votación está prevista para el Octavo Periodo Extraordinario de Sesiones del próximo jueves 20 de agosto. La reforma también modifica cinco ordenamientos estatales para eliminar referencias al Infoem y adaptar las atribuciones de las instituciones que asumirán sus responsabilidades.
Comisiones legislativas aprobaran el dictamen que crea Transparencia Mexiquense. /Foto: Congreso del Estado de México.
Transparencia Mexiquense dependerá del Ejecutivo
El cambio más importante consiste en que el Estado de México dejará de tener un solo organismo autónomo encargado de resolver inconformidades y vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pues esas funciones serán distribuidas entre distintas autoridades según el poder u organismo al que pertenezca la información solicitada.
Transparencia Mexiquense será la autoridad garante para los asuntos correspondientes al Poder Ejecutivo y los municipios, mientras que la Contraloría Interna del Poder Judicial atenderá los casos de ese poder y la Contraloría del Congreso hará lo propio con el Legislativo. Los órganos internos de control de instituciones autónomas asumirán las funciones relacionadas con sus propias dependencias.
La nueva estructura significa, por ejemplo, que una inconformidad relacionada con información del Gobierno del Estado ya no sería revisada por un organismo autónomo como el Infoem, sino por una instancia ubicada dentro de la Secretaría de la Contraloría del propio Ejecutivo.
Ese diseño concentra buena parte de las diferencias entre Morena y los partidos de oposición, pues mientras la mayoría legislativa sostiene que los derechos de acceso a la información continuarán protegidos, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD cuestionan que la autoridad encargada de vigilar al gobierno dependa administrativamente del mismo Poder Ejecutivo.
El fin del INFOEM se daría en los próximos días, cuando Transparencia Mexiquense comience con sus funciones. /Foto: Archivo AD Noticias.
Morena defiende ahorro y continuidad
Los legisladores de Morena sostuvieron que la desaparición del Infoem permitirá reducir gastos sin eliminar los procedimientos que actualmente utilizan los ciudadanos para solicitar información, presentar recursos o exigir que una dependencia cumpla con sus obligaciones.
Octavio Martínez Vargas aseguró que la reforma permitirá eliminar gastos relacionados con viajes, salarios elevados, fondos de retiro y representación, además de reducir una estructura administrativa que consideró excesiva.
Paola Jiménez Hernández señaló que las solicitudes de información, los recursos, las obligaciones de transparencia y las sanciones se mantendrán dentro del nuevo sistema, aunque serán atendidos utilizando estructuras gubernamentales que ya existen.
Vladimir Hernández Villegas rechazó que la desaparición del organismo autónomo implique también la desaparición del derecho a la información y sostuvo que el cambio busca modificar la forma en que se administra el sistema de transparencia.
En contraparte, Krishna Karina Romero Velázquez, del PAN, consideró que colocar a Transparencia Mexiquense dentro de la estructura del Ejecutivo genera un problema porque la dependencia que deberá revisar, ordenar o eventualmente sancionar al gobierno estará vinculada con el mismo poder que debe vigilar.
Araceli Casasola Salazar, del PRD, centró sus señalamientos en el presupuesto y la independencia institucional, pues el dictamen no establece montos específicos para la operación de Transparencia Mexiquense. La diputada advirtió que la falta de recursos propios podría afectar la capacidad del nuevo órgano para cumplir sus funciones.
El cierre de Infoem ha tenido opiniones a favor y en contra, sin embargo, el congreso será quien decida si continúa. /Foto: Archivo AD Noticias.
Así quedaría organizado el nuevo sistema
El dictamen también crea un Subsistema de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México, que será encabezado por la persona titular de la Secretaría de la Contraloría e incluirá representantes de las contralorías de los poderes Legislativo y Judicial, órganos autónomos y municipios.
Dentro de ese subsistema participarán los órganos internos de control de instituciones como la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Universidad Autónoma del Estado de México, además de siete representantes municipales, uno por cada región establecida en el Plan de Desarrollo estatal.
Las dependencias públicas seguirán obligadas a contar con unidades y comités de transparencia, encargados de recibir solicitudes, revisar respuestas y resolver asuntos internos relacionados con el acceso a información.
La nueva legislación también conserva los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre datos personales, conocidos como derechos ARCO, y mantiene obligaciones para autoridades estatales, municipales, poderes públicos, organismos autónomos, fideicomisos y cualquier ente que ejerza recursos públicos.
La aprobación en comisiones deja el dictamen a un paso de llegar al pleno y concentra ahora la discusión en dos puntos: si la nueva estructura permitirá mantener los mismos mecanismos de acceso a la información con menor gasto y si una autoridad dependiente del Ejecutivo tendrá independencia suficiente para resolver controversias cuando sea el propio gobierno estatal el obligado a entregar la información.
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