Alejandro «Alito» Moreno Cárdenas representa, en la actualidad, una de las figuras más polémicas de la política mexicana. A siete años de haber asumido la presidencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), su mandato se caracteriza por una profunda paradoja: mientras el partido ha sufrido el mayor descalabro territorial y de votos en su historia, él ha logrado concentrar un poder interno absoluto, blindándose estatutariamente mientras sortea múltiples acusaciones penales y el arresto de su antiguo círculo de confianza.
Mientras él busca apoyo con las autoridades de Estados Unidos, argumentando censura y persecución a la oposición, el historial de irregularidades en su gobierno lo pone contra la pared.
Acusaciones estatales y federales
Las investigaciones contra Moreno Cárdenas tienen dos frentes principales: el federal y el estatal.
A nivel federal, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito. Esta investigación, impulsada originalmente por denuncias internas de figuras como Ulises Ruiz, señala una discrepancia millonaria entre los ingresos declarados por Moreno como servidor público (alrededor de 5 millones de pesos anuales) y la adquisición de al menos 16 inmuebles en Campeche entre 2012 y 2015, así como vehículos y cuentas bancarias.
La joya de la corona en esta acusación es una mansión ubicada en el exclusivo fraccionamiento Lomas del Castillo, valuada pericialmente en más de 46 millones de pesos.
A nivel estatal, la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción de Campeche —impulsadas mediáticamente por la gobernadora Layda Sansores en su programa «Martes del Jaguar»— han abierto carpetas por peculado, abuso de autoridad, lavado de dinero y uso indebido de facultades.
En meses recientes de 2026, la fiscalía estatal solicitó un nuevo proceso de desafuero ante la Cámara de Diputados en su contra, argumentando el desvío comprobado de 83.5 millones de pesos durante su gestión como gobernador.
Alejandro Moreno se ha visto acorralado por las crecientes acusaciones en su contra, mientras busca una narrativa de víctima ante EEUU. /Foto: Archivo AD Noticias.
El círculo de confianza tras las rejas
Mientras «Alito» se defiende desde sus fueros legislativos en la Ciudad de México, su antiguo gabinete en Campeche ha comenzado a caer. Hasta 2025 y 2026, las autoridades han vinculado a proceso a al menos 11 exfuncionarios de su administración.
Entre las detenciones más sonadas de su primer círculo destacan:
Walter «J.O.V»: exvocero y extitular de Comunicación Social de Campeche, detenido en Mérida, Yucatán, acusado de peculado y uso indebido de atribuciones.
Domingo José «N»: exsecretario de Desarrollo Económico, arrestado por desviar 25 millones de pesos originalmente destinados a proyectos de artesanos hacia la construcción de una plaza privada.
Pablo «N»: extitular del Fideicomiso del 2% sobre la nómina, señalado por tejer la red de desvíos financieros.
Antonio «A.O.»: exdirector administrativo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado (Capae).
Carlos Alberto “N”: exsecretario técnico de la Unidad de Comunicación Social, detenido el 12 de agosto, señalado por peculado.
Algunos funcionarios que acompañaron a «Alito» durante su mandato en Campeche han ido cayendo presos, todos por acusaciones relacionadas con corrupción. /Foto: Archivo AD Noticias.
Para entender mejor: La riqueza inexplicable de Alito Moreno
El blindaje dentro del PRI
Alejandro Moreno asumió la dirigencia del PRI en 2019 para un periodo original que concluía en 2023; sin embargo, valiéndose de su control sobre el Consejo Político Nacional, primero logró extender su mandato hasta pasada la elección presidencial de 2024.
El movimiento definitivo ocurrió el 7 de julio de 2024. Durante la 24ª Asamblea Nacional del PRI, y pese a la férrea oposición y exigencia de renuncia por parte de más de 250 priistas históricos (incluyendo expresidentes del partido y exgobernadores), Moreno realizó una modificación a los estatutos para permitir la reelección de la dirigencia por hasta tres periodos consecutivos de cuatro años.
Bajo estas nuevas reglas, el 11 de agosto de 2024 logró reelegirse formalmente, asegurando su permanencia en la presidencia del PRI, en principio, hasta 2028, con la puerta abierta legalmente para atrincherarse hasta el año 2032.
En 2024, modificó los estatutos del PRI para poder reelegirse una vez más y alargar su mandato. /Foto: Archivo AD Noticias.
Un partido en ruinas electorales
La concentración de poder de «Alito» contrasta diametralmente con los resultados electorales entregados: bajo su mandato, el PRI pasó de ser una fuerza territorial dominante a un partido en riesgo de volverse marginal.
Cuando asumió la presidencia en 2019, el PRI gobernaba 12 entidades federativas; tras una racha de derrotas devastadoras (incluyendo la pérdida de 10 gubernaturas tan solo entre 2021 y 2022, y la caída del histórico bastión del Estado de México en 2023), el partido se redujo a gobernar únicamente dos estados: Coahuila y Durango.
A esto se suma el resultado de las elecciones federales de 2024, donde el PRI registró una de las votaciones más bajas de su historia, perdiendo fuerza en el Congreso y cediendo terreno no solo ante Morena, sino ante sus propios aliados y el Partido Verde.
En el periodo de Moreno al frente del PRI el partido redujo sus estados gobernados de 12 a tan solo 2. /Foto: Archivo AD Noticias.
La narrativa de persecución en sus giras a Estados Unidos
Ante el cerco judicial en Campeche y su aislamiento político interno, Moreno ha optado por internacionalizar su defensa. Durante 2025 y 2026, ha realizado al menos cinco viajes a Washington D.C., reuniéndose con legisladores estadounidenses, así como con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro.
¿Qué es lo que denuncia en estos viajes?
Persecución Política: asegura que las investigaciones por enriquecimiento ilícito y peculado son «carpetas fabricadas» por el oficialismo para destruir a la oposición, utilizando al Estado como brazo represor.
El «Narcopartido»: ha emprendido una fuerte campaña en EE. UU. (ante el Departamento de Estado y el Capitolio) para denunciar que Morena es un partido con vínculos probados con el crimen organizado, llegando a solicitar la extradición de funcionarios morenistas acusados de narcotráfico.
Sanciones contra el INE (Ley Magnitsky): en uno de sus movimientos más controvertidos (agosto de 2026), Moreno denunció ante el Departamento de Estado de EE. UU. a tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (Arturo Castillo, Rita Bell López y Frida Gómez). Solicitó que se les investigue y sancione bajo la Ley Magnitsky por presuntas violaciones a la libertad de expresión, luego de que el órgano electoral le ordenara bajar publicaciones en redes sociales donde catalogaba a Morena como un «narcopartido».
La solicitud de que un gobierno extranjero intervenga reactivó de inmediato las peticiones para que se reanude un juicio político en su contra, lo cual lo dejaría sin protección para ser juzgado por las autoridades.
Los gobiernos de Campeche y el Federal parecen estar determinados a llevar a “Alito” frente a la justicia, mientras que él, acorralado y con cada día menos aliados políticos, busca una narrativa que lo ponga como víctima, aunque el historial que arrastra desde su mandato en Campeche lo ha puesto contra la pared.
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