Tras una audiencia de más de 16 horas, una jueza rechazó los argumentos de la defensa; el 15 de agosto se resolverá la solicitud de vinculación a proceso.
Toluca/Estado de México
Dos servidores públicos investigados por su probable participación en una presunta red delictiva relacionada con Centros de Verificación Vehicular del Estado de México permanecerán en prisión preventiva justificada, luego de una audiencia que se prolongó durante más de 16 horas.
Raúl “N” y Carlos Eduardo “N” son investigados por los delitos de extorsión agravada y abuso de autoridad, respectivamente. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las indagatorias los relacionan con un presunto entramado que habría afectado a propietarios de verificentros y a ciudadanos que acuden a realizar la verificación vehicular obligatoria.
Audiencia por caso de verificentros duró más de 16 horas
La audiencia para la formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión inició el 12 de agosto y se extendió por más de 16 horas.
Durante la diligencia participaron tres agentes del Ministerio Público, mientras que los imputados estuvieron asistidos por siete defensores particulares.
La defensa argumentó, entre otros puntos, la presunta ilegalidad de las detenciones y la inexistencia del tipo penal, por lo que solicitó la libertad inmediata de sus representados.
Tras escuchar los argumentos de ambas partes, la Juez de Control del Distrito Judicial de Chalco desestimó los planteamientos de la defensa y determinó mantener detenidos a Raúl “N” y Carlos Eduardo “N”.
Dictan prisión preventiva a servidores públicos investigados
La autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. De acuerdo con la información de la Fiscalía, la determinación busca:
Garantizar la seguridad de víctimas y testigos.
Evitar la obstaculización del procedimiento.
Reducir el riesgo de sustracción de los imputados.
Asegurar su presencia durante el proceso judicial.
La situación jurídica de ambos todavía no está definida. A petición de sus defensores, la continuación de la audiencia fue programada para el sábado 15 de agosto, a las 10:30 horas.
En esa diligencia se resolverá la solicitud para determinar si ambos servidores públicos son vinculados a proceso.
Investigan presunta red relacionada con verificentros de Edoméx
La FGJEM investiga a los servidores públicos por su probable participación en un presunto entramado delictivo que habría operado en perjuicio de propietarios de Centros de Verificación Vehicular del Estado de México.
Las investigaciones también contemplan posibles afectaciones a ciudadanos que utilizan estos establecimientos para cumplir con el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria.
Uno de los detenidos es investigado por extorsión agravada y el otro por abuso de autoridad.
Ambos deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.
Fiscalía amplía investigación contra servidores y particulares
La Fiscalía mexiquense informó que, con apoyo de autoridades integrantes del Gabinete Nacional de Seguridad, continúa ampliando las investigaciones a partir de las denuncias presentadas por diversas víctimas.
Las indagatorias comprenden a los dos imputados y podrían alcanzar a otros servidores públicos, ex servidores públicos y particulares presuntamente relacionados con los hechos.
La FGJEM señaló que dará a conocer nuevos avances conforme lo permita el desarrollo de las investigaciones.
Datos
¿Por qué están detenidos los servidores públicos investigados en Edoméx?Raúl “N” y Carlos Eduardo “N” son investigados por extorsión agravada y abuso de autoridad, respectivamente, dentro de un caso relacionado con Centros de Verificación Vehicular.
¿Qué pasará con Raúl “N” y Carlos Eduardo “N”?Permanecerán en prisión preventiva justificada mientras continúa el procedimiento. El 15 de agosto se realizará una nueva audiencia para resolver la solicitud de vinculación a proceso.
¿Cómo afecta este caso a los ciudadanos que verifican sus vehículos?La Fiscalía investiga un presunto entramado que habría perjudicado tanto a propietarios de verificentros como a ciudadanos que acuden a cumplir con la verificación vehicular obligatoria.
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