El aire sucio, el negocio intacto
Los ecologistas de su propio patrimonio
El misterio de los 42 verificentros
El timador timado
Alhely Rubio ya no puede lavarse las manos
El aire sucio, el negocio intacto
La verificación vehicular mexiquense nació con Pichardo y Agustín Gasca; Chuayffet la volvió obligatoria en 1994; César Camacho desarrolló la red; Montiel amplió el negocio, y Peña, Eruviel y Del Mazo lo modernizaron, extendieron y revalidaron. Delfina Gómez recibió una estructura de 168 establecimientos privados y una burocracia con facultades para autorizar, inspeccionar, clausurar o cancelar su operación. Tres décadas después, la mala calidad del aire impide presentar el modelo como una política ambiental exitosa, pero su capacidad recaudatoria permanece intacta: el automovilista está obligado a pagar y el particular autorizado cobra. Tampoco existe un padrón histórico accesible que permita conocer el origen de cada autorización, sus transferencias y beneficiarios reales. La protección ambiental terminó convertida en argumento; la obligación, en mercado; y el servicio público, en un negocio privado garantizado por el Estado.
Los ecologistas de su propio patrimonio
Por la Secretaría de Ecología, después convertida en Medio Ambiente, pasó una larga nómina de políticos: Agustín Gasca, Héctor Ximénez, Isidro Muñoz, Martha Garciarivas, Yolanda Sentíes, Martha Hilda González, Arlette López, Mireille Roccatti, Guillermo Velasco, Carlos Cadena, Cruz Roa, Miguel Ángel Contreras, Raúl Vargas y Jorge Rescala. Cambiaron los gobernadores, los nombres y las siglas, pero todos resolvieron su problema económico. De ahí salieron hacia notarías, empresas, diputaciones, alcaldías, nuevas secretarías y posiciones desde las cuales conservaron poder, relaciones y patrimonio. La dependencia responsable de regular verificentros, impactos ambientales, bosques, desarrollos inmobiliarios y áreas protegidas nunca construyó un registro público que permita comparar con claridad cuánto poseía cada titular al entrar y cuánto acumuló al salir. Cuidaron poco el aire, los bosques y el territorio; de su futuro personal, en cambio, ninguno se olvidó.
El misterio de los 42 verificentros
En enero de 2021 operaban 126 verificentros en el Estado de México; para enero de 2026 ya eran 168. En cinco años aparecieron 42 establecimientos, pero no existe una relación pública que precise cuándo comenzaron a operar, qué gobierno los autorizó ni quiénes recibieron el beneficio. Alfredo del Mazo pudo haberlos aprobado durante la segunda mitad de su sexenio; algunos expedientes pudieron quedar en trámite para la administración siguiente, y otros pudieron ser resueltos después de octubre de 2023, cuando Raúl Piña Horta asumió la Dirección General encargada de las autorizaciones y revalidaciones. La diferencia no es menor: son 42 negocios incorporados a un mercado obligatorio que en 2024 generó alrededor de 3 mil 696 millones de pesos. El padrón vigente muestra domicilios y razones sociales, pero oculta la genealogía de cada permiso. Hasta que Medio Ambiente entregue fechas, expedientes, firmas y beneficiarios, los 42 serán el gran misterio del negocio de los verificentros.
El timador timado
La corrupción en los verificentros es un secreto a voces. Automóviles incapaces de aprobar una revisión real obtienen holograma mediante pagos de mil o dos mil pesos; gestores, empleados y propietarios participan en un comercio tan visible que terminó normalizado. De confirmarse las denuncias contra funcionarios de Medio Ambiente, parte de ese dinero no habría quedado únicamente en las cajas clandestinas de los establecimientos: habría servido para pagar las cuotas exigidas desde la propia autoridad. El verificentro cobraba al automovilista por falsear el resultado y después entregaba una parte para evitar inspecciones, clausuras o problemas con su revalidación. Era una cadena de corrupción completa: abajo se vendían hologramas; arriba se cobraba protección. Quien hacía negocio burlando la norma terminó pagando para que el gobierno le permitiera seguir burlándola. El timador también fue timado.
Alhely Rubio ya no puede lavarse las manos
La permanencia de Alhely Rubio Arronis al frente de Medio Ambiente comienza a ser políticamente insostenible. Bajo su conducción ocuparon cargos directivos Raúl Piña Horta y Carlos Eduardo Solares Vega, hoy detenidos y acusados de encabezar una red de extorsión contra propietarios de verificentros. La responsabilidad penal corresponde determinarla a los jueces; la responsabilidad política y administrativa ya pertenece a la secretaria. Su dependencia les entregó atribuciones y acceso a las oficinas desde las cuales podían autorizar, inspeccionar, clausurar o condicionar revalidaciones. Si conoció las irregularidades y las toleró, falló por acción u omisión; si nunca las advirtió, falló en el control de su propia estructura. La ignorancia no absuelve a quien gobierna ni la subordinación cancela el deber de vigilar. Alhely no puede presentarse como espectadora de una trama que operaba debajo de su escritorio.
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