El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, aseguró que la “inexistencia” de pruebas para sostener que Ernesto Ruffo Appel encabezó una red de huachicol fiscal, así como su encarcelamiento en un penal de máxima seguridad confirman que el exgobernador de Baja California es víctima del uso político de las instituciones de justicia por parte del gobierno de la Cuarta Transformación.
“Ernesto Ruffo es un preso político del gobierno de la 4T, que prefiere perseguir a opositores antes que llevar ante la justicia a los verdaderos criminales que se encuentran dentro de sus propias filas”, sostuvo.
En un comunicado, señaló que no pueden ignorarse los casos de políticos de Morena como Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Américo Villarreal y Marina del Pilar Ávila, quienes han enfrentado graves señalamientos relacionados con presuntos vínculos con grupos criminales, sin que las autoridades actúen con la misma rapidez y severidad.
“No se nos olvidan los políticos de Morena que han sido señalados por presuntos vínculos con grupos del narcotráfico y que continúan protegidos por el oficialismo. La ley no puede aplicarse con un criterio para los opositores y con otro para quienes pertenecen al partido en el gobierno”, insistió.
Sostuvo que nadie puede estar por encima de la ley y que, cuando existan pruebas de la comisión de un delito, corresponde aplicar todo el peso de la justicia. Sin embargo, advirtió que tampoco puede permitirse que las instituciones sean utilizadas para perseguir adversarios o fabricar culpables.
Dijo que en el caso de Ruffo Appel se busca atacar a una figura emblemática de la democracia mexicana con un proceso marcado por inconsistencias y decisiones que dejan dudas sobre la imparcialidad de autoridades.
“La justicia (…) debe aplicarse con independencia, neutralidad, objetividad y respeto absoluto al debido proceso”, sentenció Jorge Romero.
Acusa PAN persecución política contra exgobernador de BC
