Autoridades del Estado de México continúan la investigación sobre la red de plazas falsas que ordeñaba alrededor de 10 millones de pesos mensuales al erario público. Pese a los casi 30 detenidos, la pesquisa no para y el entramado que permitía el lucrativo negocio cada día luce más intrincado.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sostiene que no se trató únicamente de personas que cobraban sin trabajar, sino de una estructura que presuntamente controlaba distintas etapas de la nómina pública.
Estas son las Claves AD para entender quiénes aparecen en la investigación, qué funciones desempeñaban y cómo avanza el proceso.
1. El caso alcanza a más 33 personas
La Fiscalía ejercitó acción penal contra 33 funcionarios, exservidores públicos y particulares por su probable participación en la asignación irregular de plazas docentes.
Al último corte, 28 personas habían sido detenidas y vinculadas a proceso. Jaime Noé “N” fue localizado posteriormente en Guanajuato, pero permanece en libertad debido a una suspensión concedida dentro de un juicio de amparo. Su audiencia inicial continúa pendiente.
Las personas procesadas enfrentan acusaciones por fraude y abuso de autoridad.
2. Óscar “N” ocupó el puesto de mayor jerarquía
Óscar “N” es uno de los principales personajes de la investigación. Fue director general de Personal y, posteriormente, subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas durante el gobierno de Alfredo del Mazo.
La Fiscalía lo señala como probable creador y consolidador de la estructura. Su posición le permitía intervenir en la administración del personal, conocer los sistemas de nómina y mantener comunicación con las áreas responsables de autorizar movimientos y pagos.
La importancia de su cargo no estaba únicamente en firmar documentos. La Dirección General de Personal concentraba información sobre plazas, salarios, bases de datos, licencias y movimientos administrativos de todo el Gobierno estatal.
La red de aviadores operaba de forma compleja en conjunto con autoridades de la fiscalia. /Foto: Archivo AD.
3. Tres directores de Personal bajo investigación
expediente alcanza a quienes encabezaron la Dirección General de Personal durante tres periodos consecutivos: Óscar “N”, Rodolfo “N” y Jaime Noé “N”.
Según la hipótesis ministerial, la operación comenzó durante la gestión de Óscar “N”, continuó cuando Rodolfo “N” asumió la Dirección General de Personal y permaneció activa después de que Jaime Noé Hernández llegó al cargo con la nueva administración estatal.
La continuidad es uno de los puntos relevantes del caso.
La Fiscalía investiga si la estructura sobrevivió a los cambios de gobierno porque permanecieron funcionarios, vínculos personales y operadores con conocimiento de los sistemas internos
4. El último detenido
Jaime Noé “N” fue director general de Personal entre septiembre de 2023 y octubre de 2025. Antes de ser localizado, promovió tres juicios de amparo contra posibles actos de detención y una presunta desaparición forzada.
Fue asegurado el 15 de julio en San Diego de la Unión, Guanajuato, pero una suspensión federal impidió que fuera trasladado inmediatamente a un penal mexiquense. Actualmente, se encuentra en libertad mientras un juez federal define el alcance de la protección.
La Fiscalía puede presentar sus datos de prueba y solicitar que comparezca, pero primero deberá resolverse bajo qué condiciones puede realizarse la audiencia.
Jaime «N» se convirtió en el tercer exdirector general de personal detenido por la red de plazas en venta en el Edomex. / Foto: RRSS
5. Libertad por amparo
La lista difundida por la Fiscalía identifica a cinco personas que promovieron juicios de amparo indirecto: Jaime Noé “N”, Eduardo “N”, Erick Jonathan “N”, José Ernesto “N” y Areli “N”.
Eduardo se desempeñaba como subdirector de Control de Pagos; Erick Jonathan, como subdirector de Soporte de Nómina; Areli, como subdirectora de Control de Calidad de Procesos, y José Ernesto había sido elemento de la Secretaría de Seguridad.
Tras la localización de Jaime Noé, permanecen pendientes las situaciones de los otros cuatro. Los amparos pueden suspender una captura o establecer condiciones para que comparezcan, pero no eliminan las órdenes ni impiden que la investigación continúe.
6. Educación tenía su propia cadena administrativa
La investigación también alcanza a Sergio Andrés “N”, exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación, y a Alfredo “N” y Daniel Arturo “N”, quienes ocuparon delegaciones administrativas del Subsistema de Educación Básica.
Estas áreas participaban en la gestión de recursos humanos, la integración de expedientes y el envío de movimientos para registrar al personal docente. La Fiscalía considera que esta cadena permitía conectar las supuestas contrataciones con las oficinas encargadas de incorporarlas a la nómina.
Sin la intervención de áreas educativas, las personas beneficiadas no podían aparecer formalmente adscritas a escuelas o centros de trabajo.
El entramado de la red ha dado como resulado que la fiszalia gire 33 ordenes de aprhensión./ Foto: RRSS
7. Remuneraciones y bases de datos autorizaban los pagos
Entre las personas procesadas se encuentran Araceli “N”, directora de Remuneraciones al Personal; Yunuen “N”, subdirectora de Actualización de Base de Datos; Christopher “N”, subdirector de Desarrollo Tecnológico, y Diego Emmanuel “N”, jefe del Departamento de Base de Datos de Nómina.
Sus puestos resultaban estratégicos porque intervenían después de que una contratación era propuesta. Desde estas áreas podían actualizarse registros, confirmarse datos, validar movimientos y autorizar que los salarios fueran incorporados a la nómina.
La investigación sostiene que varias altas avanzaron pese a que faltaban documentos, propuestas escolares, formatos oficiales o expedientes completos.
8. Los capturistas eran el último eslabón indispensable
Once trabajadores de la Secretaría de Educación aparecen señalados por realizar funciones de captura. Aunque ocupaban cargos de menor jerarquía, tenían acceso a los sistemas utilizados para registrar las altas.
La Fiscalía afirma que algunos realizaron decenas de movimientos irregulares y que recibían pagos por cada registro. También investiga el intercambio de contraseñas y la captura de información durante la madrugada para dificultar el rastreo de los usuarios.
Su participación era necesaria porque los acuerdos de los mandos superiores debían convertirse en registros oficiales. Sin la captura en el sistema, las plazas no podían llegar a la nómina.
Cargos altos además de orquestar, protegían loa intereses de la red. / Foto: Especial.
9. Los sistemas permitían ocultar a los falsos docentes
La presunta red habría utilizado el Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal y la plataforma META4 para registrar plazas con documentación incompleta o inexistente.
Las personas eran asignadas a escuelas inactivas o a claves de centros de trabajo que no operaban. Esto reducía la posibilidad de que fueran detectadas durante una supervisión, pues no existía una comunidad escolar que reclamara su ausencia.
Una vez depositados los salarios, terceros controlaban las tarjetas bancarias. Los supuestos docentes recibían una cantidad menor y el resto era distribuido entre los operadores.
10. Las pesquisas no han terminado
La carpeta contiene alrededor de 12 mil fojas distribuidas en 30 tomos. Incluye entrevistas, documentos, peritajes, evidencia digital, inspecciones y análisis de los movimientos realizados en la nómina.
Durante la investigación complementaria deberán practicarse auditorías financieras a los imputados y revisar las altas detectadas. También falta definir la situación de quienes promovieron amparos y ejecutar las órdenes que continúen vigentes.
La Fiscalía sostiene que cada movimiento irregular podría ser considerado un delito independiente. Por ello, las posibles sanciones dependerán del número de altas que se logren acreditar y de la responsabilidad individual que determine el Poder Judicial.
La FGJEM logró la vinculación de las personas involucradas en la red, sin embargo aun hay profugos./ Foto: RRSS.
Una estructura que necesitaba toda la cadena
La investigación comenzó después de que la Secretaría de Educación detectó 459 movimientos de alta de personas que aparecían como docentes, pero no realizaban funciones. El posible daño documentado supera los 96 millones de pesos entre enero de 2025 y febrero de 2026.
El expediente busca demostrar que el esquema no podía funcionar con un solo funcionario. Necesitaba personas que reclutaran identidades, áreas educativas que generaran movimientos, directivos que los validaran, técnicos que administraran los sistemas, capturistas que registraran las plazas y operadores que controlaran las cuentas bancarias.
La responsabilidad de cada implicado deberá ser probada ante los tribunales. El punto central del proceso será determinar quién tomó las decisiones, quién permitió las altas y quién recibió los recursos desviados.
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