La Comisión Permanente recibió ayer la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para la expedición de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, cuyo objetivo es homologar el tipo penal, los protocolos de investigación y las sanciones en las 32 entidades federativas.
La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó que la propuesta establece una pena de 50 a 70 años de prisión, así como 19 agravantes que permitirán aumentar las sanciones cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, periodista, activista defensora de derechos humanos o migrante.
Se contemplan castigos más severos cuando el responsable sea un servidor público, cuando existan ataques con ácido u otras sustancias corrosivas o cuando haya circunstancias que incrementen la vulnerabilidad de la víctima.
La iniciativa plantea que el feminicidio sea considerado “imprescriptible”, que no se puedan aplicar al victimario beneficios como la amnistía, criterios de oportunidad u otras salvedades para reducir penas, además de sancionar la simple tentativa de cometer el delito.
También incorpora sanciones complementarias para los responsables como la pérdida de derechos sucesorios, la patria potestad, tutela o custodia de menores, así como la destitución e inhabilitación de servidores públicos que incumplan sus obligaciones en la investigación o atención de los casos.
Además, obliga a las fiscalías estatales a contar con unidades especializadas, personal ministerial, policías y peritos capacitados en perspectiva de género y derechos humanos.
Se plantea una transformación en la forma en que las fiscalías estatales atienden los casos de violencia extrema contra las mujeres, al considerar que las diferencias entre legislaciones locales han generado criterios distintos de investigación, subregistro de casos y espacios de impunidad.
“El feminicidio representa la peor forma de violencia contra las mujeres”, expone la iniciativa y recalca que la prioridad es garantizar que ningún caso quede sin una investigación adecuada.
La propuesta contempla 10 razones de género para acreditar el delito, entre ellas violencia sexual, antecedentes de agresiones, relaciones de poder, amenazas, discriminación y conductas asociadas a estereotipos de género.
Recibe Comisión Permanente iniciativa de feminicidio
