Sara, Dianna… y la violencia contra las mujeres en el Estado de México

Dos asesinatos ocurridos en el Valle de Toluca obligan a mirar una violencia mucho más antigua. Los registros abarcan por lo menos 36 años; la entidad lleva once bajo alerta de género y todavía no puede demostrar, de principio a fin, cuántas mujeres consigue proteger y a cuántas entrega justicia.
Sara Valeria Maya López tenía 28 años. Desapareció el 14 de agosto en Lerma y cuatro días después fue localizada sin vida en Toluca. Dianna Rivera Romero tenía 18. Desapareció el 20 de agosto en el centro de la capital mexiquense; su cuerpo fue encontrado el día 23 en La Marquesa, Ocoyoacac.
Hasta ahora no existe información pública que vincule ambos crímenes. Tampoco se conoce la clasificación jurídica definitiva de las carpetas. Llamarlos feminicidios antes de que las investigaciones acrediten razones de género significaría anticipar una conclusión; presentarlos como episodios aislados sería incurrir en el error contrario.

Fichas de búsqueda de Dianna y Sara / Foto: Elaboración propia

Sara y Diana son el punto de partida, no la dimensión del problema. La secuencia —desaparición, búsqueda familiar y localización sin vida— devuelve una pregunta que el Estado de México arrastra desde antes de que existiera el delito de feminicidio: por qué la violencia contra las mujeres continúa como una experiencia social extendida, pese a las leyes, las alertas, las fiscalías especializadas y el dinero destinado a contenerla.
Una violencia anterior a su nombre
No existe un año inaugural de la violencia contra las mujeres. Es anterior a los registros, a su reconocimiento jurídico y a las instituciones que aprendieron a nombrarla. Lo que sí puede fecharse es el momento en que el Estado comenzó a contar sus expresiones más graves y, mucho después, admitió que enfrentaba una emergencia.
Un estudio académico sobre violencia letal y feminicida identificó 13 mil 261 mujeres víctimas en el Estado de México entre 1990 y 2018. La cifra procede del análisis de homicidios y desapariciones y no equivale a 13 mil 261 feminicidios reconocidos por las autoridades. La categoría penal es más reciente y depende de la investigación de cada caso. El dato acredita algo distinto: la crisis documentada tiene, al menos, tres décadas y media.
El feminicidio fue incorporado al marco penal federal en 2012. La serie comparable del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública comienza en 2015. Desde entonces y hasta 2025, el Estado de México acumuló alrededor de mil 74 víctimas registradas bajo esa clasificación.

Un estudio académico sobre violencia letal y feminicida identificó 13 mil 261 mujeres víctimas en el Estado de México entre 1990 y 2018. / Foto: Archivo AD Noticias

Los años más graves fueron 2018, con 115 casos; 2019, con 121; 2020, con 151; 2021, con 145, y 2022, con 138.
La tendencia reciente descendió. En 2025 se registraron 55 víctimas de feminicidio, 61 por ciento menos que las 138 de 2022. La reducción es importante. Negarla sería tan irresponsable como exagerar su alcance.
El feminicidio es una categoría jurídica, no la suma de todas las mujeres asesinadas. Durante 2025, otras 172 mujeres fueron registradas como víctimas de homicidio doloso en la entidad. Al reunir ambos delitos, por lo menos 227 perdieron la vida en hechos intencionales reconocidos por las autoridades.
La diferencia no es un tecnicismo. Determina cómo investiga la Fiscalía, cuáles hipótesis persigue, qué derechos pueden exigir las familias y qué resultados presenta el gobierno. Si se observa únicamente el feminicidio, quedan fuera tres de cada cuatro muertes intencionales de mujeres registradas ese año.
La reducción existe. La duda legítima es si disminuyó toda la violencia letal o solamente la parte clasificada como feminicidio.
La mejoría de 2026
Los datos disponibles de 2026 confirman una disminución, aunque todavía no permiten hacer un balance anual.
Entre enero y julio, el Estado de México acumuló 27 víctimas de feminicidio, frente a 35 en el mismo periodo de 2025. Son ocho menos, equivalentes a una reducción de 23 por ciento. Al concluir junio se contabilizaban 24.
Para observar la violencia letal completa, el último desglose localizado llega a mayo. Durante los primeros cinco meses de 2026 fueron asesinadas 53 mujeres, al sumar feminicidios y homicidios dolosos. En el mismo periodo de 2025 habían sido 104. La disminución fue de 48.1 por ciento.

Entre enero y julio, el Estado de México acumuló 27 víctimas de feminicidio, frente a 35 en el mismo periodo de 2025 / Foto: Archivo AD Noticias

Es un descenso considerable y debe reconocerse. También debe leerse con cautela: se trata de un periodo parcial, no del cierre del año. Además, las cifras oficiales no llegan en tiempo real ni resuelven por sí mismas la discusión sobre la clasificación de cada muerte.
Sara y Diana fueron localizadas sin vida en agosto. Por ello todavía no aparecen en el corte oficial de julio. La estadística siempre llega después de los cuerpos.
Los datos de 2026 describen una mejoría general; los dos asesinatos del Valle de Toluca recuerdan que una tendencia favorable no equivale a una violencia extinguida. El gobierno puede sostener que hay menos casos y los registros respaldan esa afirmación. Lo que no puede sostener es que el problema esté resuelto.
Setenta y nueve de cada cien
El asesinato representa el extremo de una violencia que suele comenzar mucho antes: control, amenazas, agresiones familiares, acoso, abuso sexual, dependencia económica, desaparición y, con frecuencia, una respuesta institucional tardía.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2021 encontró que 78.7 por ciento de las mexiquenses de 15 años o más había sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida. Fue la proporción más alta del país. El promedio nacional era de 70.1 por ciento.
El tamaño de la población explica que el Estado de México encabece numerosas estadísticas en números absolutos, pero no explica esa proporción. Casi cuatro de cada cinco mujeres han padecido violencia psicológica, física, sexual, económica o patrimonial en alguno de los ámbitos medidos.

78.7 por ciento de las mexiquenses de 15 años o más había sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida / Foto: Archivo AD Noticias

La violencia letal no surge, entonces, como una anomalía separada del resto. Es la última estación de un continuo social tolerado durante años dentro de las casas, los centros de trabajo, las escuelas, las calles y las propias instituciones.
Tampoco todo llega a una fiscalía. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública estimó para el Estado de México una cifra negra de 94.2 por ciento: delitos que no se denuncian o que, denunciados, no producen una investigación.
El indicador abarca toda clase de delitos, no exclusivamente los cometidos contra mujeres. Sin embargo, describe el ecosistema institucional en el que una víctima debe decidir si denunciar servirá para protegerla o solamente la obligará a recorrer oficinas, repetir su historia y exponerse a una nueva forma de desgaste.
Once años bajo alerta
El 31 de julio de 2015, el gobierno federal declaró la primera Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del país. Fue aplicada en once municipios mexiquenses: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Naucalpan, Tultitlán y Valle de Chalco.
La alerta no era una distinción ni una etiqueta administrativa. Fue concebida como un mecanismo extraordinario para garantizar la seguridad de las mujeres, detener la violencia y corregir desigualdades institucionales. Debía activar medidas urgentes de prevención, protección y justicia.
Cuatro años después fue necesario emitir una segunda alerta, ahora por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres. Comprendió siete municipios: Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca y Valle de Chalco.
Ni siquiera la fecha aparece de manera uniforme en los documentos públicos. Fuentes federales ubican la declaratoria el 20 de septiembre de 2019; el portal estatal la refiere en octubre. Parece una inconsistencia menor, pero retrata una política cuyos datos están dispersos desde su origen.

El 31 de julio de 2015, el gobierno federal declaró la primera Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del país. / Foto: Archivo AD Noticias

Once años después, la primera alerta continúa vigente.
Su permanencia admite dos interpretaciones. Una sostiene que el mecanismo sigue activo porque el problema no ha desaparecido. La otra, más incómoda, pregunta qué significa mantener durante más de una década una medida concebida como extraordinaria sin establecer cuándo, cómo y bajo qué indicadores puede considerarse superada.
Toluca se encuentra en las dos alertas. Lerma y Ocoyoacac, escenarios del último trayecto conocido de Sara y Diana, no figuran en ninguna.
Los límites pueden tener sentido para distribuir recursos, pero no reproducen la geografía real de la violencia. Una mujer vive en un municipio, trabaja en otro, utiliza transportes que atraviesan varios más y puede desaparecer en una demarcación para ser localizada en otra. La vida metropolitana no reconoce las divisiones administrativas; policías, fiscalías y presupuestos sí.
La violencia cruza fronteras municipales con facilidad. La respuesta pública todavía tropieza con ellas.
Más instituciones, resultados incompletos
El Estado de México no ha permanecido inmóvil. Creó una Secretaría de las Mujeres, Centros de Justicia, refugios, unidades de atención, células municipales de búsqueda, Puertas Violeta y la Línea Sin Violencia. Se aprobaron protocolos, sistemas de videovigilancia, botones de auxilio, programas de alumbrado y acciones para recuperar espacios públicos.
Para 2026 se mantuvo una bolsa de 260 millones de pesos destinada a operar las dos alertas. De ese monto, 210 millones se asignaron directamente a municipios alertados. Las autoridades identificaron además 88 sitios de alta prioridad para realizar intervenciones preventivas y obras de recuperación urbana.
La pregunta ya no es si existen programas. Existen muchos. La pregunta es qué resultados producen.
Los portales oficiales enumeran talleres, patrullas, luminarias, asesorías y recursos ejercidos, pero no presentan una cadena homogénea que permita seguir el resultado completo: cuántas mujeres fueron identificadas en una situación de riesgo, cuántas recibieron protección, cuántas órdenes fueron vigiladas, cuántos agresores reincidieron, cuántas carpetas se judicializaron y cuántas terminaron en sentencias firmes.

Cada institución puede informar actividades cumplidas sin que nadie responda por el resultado final. / Foto: Archivo AD Noticias

Una evaluación académica de la alerta mexiquense advirtió desde 2019 que la falta de indicadores impedía acreditar resultados favorables. La estructura institucional es hoy más grande y dispone de más recursos, pero la información continúa dividida entre dependencias, municipios, fiscalías y tribunales.
Esa fragmentación tiene una consecuencia política. Cada institución puede informar actividades cumplidas sin que nadie responda por el resultado final.
El municipio instaló luminarias. La Secretaría impartió cursos. La Fiscalía abrió carpetas. El Poder Judicial emitió resoluciones. Todos hicieron algo; nadie puede demostrar, a partir de una cuenta pública común, si la mujer que pidió ayuda quedó efectivamente a salvo.
La reducción observada en 2025 y 2026 puede ser una señal de que algunas medidas comienzan a funcionar. Para acreditarla como resultado de una política y no solamente como una variación estadística, el gobierno necesita publicar la serie conjunta de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres, las reclasificaciones de carpetas, las desapariciones desagregadas por edad y municipio, los tiempos de localización, las judicializaciones y las sentencias.
Sin esa cadena, el éxito se anuncia antes de poder auditarse.
Por qué no ha terminado
La explicación más cómoda atribuye cada asesinato a un hombre violento y termina allí. El agresor es responsable del crimen; el Estado lo es de prevenir el riesgo conocido, proteger a quien pide ayuda, buscar sin demora, investigar con rigor y sancionar al culpable.
La persistencia obedece a una combinación más profunda: violencia machista, impunidad generalizada, desigualdad económica, precariedad urbana y capacidades públicas muy diferentes entre municipios.
En el Valle de Toluca, los corredores industriales y carreteros conectan zonas densamente pobladas con bosques, terrenos baldíos y espacios limítrofes. Una mujer puede desaparecer en una demarcación, ser trasladada a través de otra y aparecer en una tercera. Cada cambio territorial aumenta la posibilidad de una demora, una ruptura en la comunicación o una disputa de competencia.
La clasificación penal constituye otra zona crítica. Desde la sentencia de la Suprema Corte en el caso Mariana Lima Buendía, resuelta en 2015, toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente con perspectiva de género.

Una investigación deficiente no sólo reduce las posibilidades de castigo. También modifica la estadística con la cual después se evalúa al gobierno./ Foto: Archivo AD Noticias

Eso no significa que todas las muertes sean feminicidios. Significa que la autoridad no puede desechar esa hipótesis antes de examinar el contexto, la relación con el agresor, las amenazas previas, las lesiones, la posible violencia sexual y las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo.
Una investigación deficiente no sólo reduce las posibilidades de castigo. También modifica la estadística con la cual después se evalúa al gobierno.
Existe, además, una política pública concentrada en reaccionar. Se compran patrullas, cámaras y luminarias; se abren espacios de atención y se imparten cursos cuando la violencia ya se manifestó. Nada de eso es inútil, pero resulta insuficiente si no existe una intervención capaz de identificar el riesgo antes de la agresión letal.
Cambiar la trayectoria exige valoraciones profesionales, órdenes de protección vigiladas, seguimiento de agresores reincidentes, intercambio inmediato de información y búsquedas que comiencen desde el primer momento. La ley no establece un plazo de 24, 48 o 72 horas para buscar a una persona desaparecida. Esperar no es prudencia: es perder tiempo.
Mujeres en el poder
Delfina Gómez se convirtió en septiembre de 2023 en la primera gobernadora del Estado de México. Claudia Sheinbaum asumió en octubre de 2024 como la primera presidenta del país. Ambas llegadas poseen un valor histórico indiscutible: rompieron una exclusión política de dos siglos.
Pero sería injusto para ellas —y peligroso para las demás— convertir su condición de mujeres en una garantía automática de buen gobierno.
La violencia de género no depende del sexo de quien ocupa el despacho principal. Se encuentra incrustada en policías que minimizan las denuncias, ministerios públicos que desconfían de las víctimas, peritajes deficientes, jueces saturados, municipios sin personal suficiente y presupuestos que miden actividades en lugar de consecuencias.
Una gobernadora y una presidenta pueden cambiar esas rutinas. Su sola presencia no las disuelve.

Gobernadora del Edomex, Delfina Gómez y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum / Fotos: Archivo AD Noticias

El gobierno de Delfina Gómez puede mostrar una reducción importante en la cifra oficial de feminicidios y, durante los primeros meses de 2026, en el conjunto de muertes intencionales de mujeres. También ha mantenido una inversión considerable para atender las alertas. Son datos que deben reconocerse.
El siguiente paso consiste en someter esos avances a una evaluación más exigente que la propaganda: menos muertes violentas, búsquedas más rápidas, mayor protección, menor reincidencia, investigaciones mejor construidas y más responsables sentenciados.
Gobernar con perspectiva de género no consiste en feminizar el organigrama. Consiste en modificar el destino probable de una mujer cuando denuncia, desaparece o pide auxilio.
Hasta cuándo
No existe una fecha honesta para prometer el final de la violencia. Sí hay una manera de reconocer que el Estado comenzó a derrotarla: cuando la probabilidad de sobrevivir deje de depender del municipio en el que una mujer desaparece, del criterio del agente que recibe la denuncia o de la capacidad de su familia para cerrar una avenida y obligar a las autoridades a buscar.
El cambio será verificable cuando toda muerte violenta de una mujer sea investigada con perspectiva de género; cuando la primera hora de una desaparición active una búsqueda metropolitana; cuando una orden de protección implique vigilancia real; cuando los presupuestos informen resultados y no sólo adquisiciones; cuando la Fiscalía publique qué ocurrió con cada carpeta, y cuando una sentencia deje de ser un acontecimiento excepcional.
Sara Valeria Maya López y Diana Rivera Romero no son todavía estadísticas cerradas. Sus familias necesitan conocer la verdad, las autoridades deben identificar a los responsables y la sociedad tiene derecho a saber si existieron señales que pudieron advertirse.

El cambio será verificable cuando toda muerte violenta de una mujer sea investigada con perspectiva de género / Foto: Archivo AD Noticias

Sus muertes motivan esta revisión, pero la historia las precede y las desborda.
Once años después de la primera alerta, el Estado de México ya no puede alegar desconocimiento. Tiene leyes, instituciones, protocolos, experiencia y dinero. Los datos de 2026 sugieren que la violencia letal comienza a disminuir. Falta demostrar que el cambio será sostenido, que alcanza a todo el territorio y que no depende de cómo se clasifique cada muerte.
El problema ya tiene nombre. Ahora el Estado debe probar que puede impedir que la siguiente búsqueda termine frente a un cuerpo.
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