Propone Morena la muerte asistida en la Constitución

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, busca incorporar a la constitución el derecho a la muerte asistida voluntaria.
Se trata de una iniciativa de la diputada federal Elena Edith Segura Trejo, que plantea ir más allá de las propuestas que ya se han presentado en el Congreso sobre eutanasia y muerte digna, e incorporar expresamente en el artículo 4º de la Constitución el “derecho a una muerte voluntaria asistida bajo las condiciones legales aplicables”, para darle reconocimiento constitucional y desarrollar posteriormente sus reglas en leyes secundarias.
El tema ya forma parte de la agenda legislativa. La llamada Ley Trasciende, impulsada por la activista Samara Martínez, cuenta con el respaldo de más de 128 mil firmas. Propone reformar la Ley General de Salud para legalizar y despenalizar la eutanasia. En el Congreso también se han presentado iniciativas que buscan establecer requisitos específicos para que pacientes en determinadas condiciones puedan acceder a este procedimiento.
“La iniciativa coloca en el centro del debate la dignidad humana, la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la salud. Establece que una persona mayor de edad, con capacidad para decidir y que enfrente una enfermedad incurable e irreversible, pueda manifestar de manera libre, informada, consciente y reiterada su voluntad respecto del proceso final de su vida”, señaló la diputada a través de un comunicado de prensa.
Uno de los puntos centrales del proyecto es impedir que la muerte asistida se convierta en consecuencia de la pobreza, el abandono o la falta de atención médica.
Antes de cualquier procedimiento, el Estado deberá garantizar “medicamentos, cuidados paliativos, tratamiento del dolor, acompañamiento psicológico y atención integral”.
Segura Trejo retoma además experiencias internacionales de países como Países Bajos, Bélgica, Canadá, España, Colombia, Ecuador, Australia, Suiza y Uruguay, donde existen distintos modelos para regular las decisiones al final de la vida.
La diferencia central de su planteamiento está en llevar este reconocimiento directamente a la Constitución y con ello aplicarse en cada una de las entidades federativas.