Juristas y exmagistrados alertan riesgo de censura rumbo a eleccion

Juristas, exmagistrados y especialistas agrupados en el Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (CEPNA) advirtieron que la propuesta de “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias”, elaborada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, podría derivar en censura y autocensura en radio y televisión, con efectos sobre el debate público y el proceso electoral 2026-2027.
En el posicionamiento “Libertad de Expresión y Proceso Electoral 2026-2027. Sin debate libre no hay elecciones libres”, los firmantes reconocieron que la propuesta contiene medidas necesarias en materia de accesibilidad y fortalecimiento de los derechos de las audiencias. Sin embargo, señalaron que permitir que el gobierno determine qué constituye información, opinión o tratamiento noticioso, además de imponer sanciones a los concesionarios, representa un riesgo para la libertad de expresión.
“Alertamos sobre el inevitable efecto negativo de esos lineamientos en el debate político diario y durante los procesos electorales”, señalaron.
El documento sostiene que la libertad de expresión constituye una condición indispensable para la democracia y recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ha definido como una “piedra angular” de toda sociedad democrática, al permitir la existencia de una opinión pública informada y de una ciudadanía capaz de contrastar ideas, ejercer la crítica y tomar decisiones libres.
Los integrantes del CEPNA afirmaron que ninguna elección puede considerarse auténtica cuando la conversación pública se desarrolla bajo la amenaza de sanciones o en un entorno que incentive la autocensura preventiva por parte de medios de comunicación y concesionarios.
Asimismo, recordaron que desde la reforma de 2024 advirtieron sobre los riesgos de trasladar las facultades de protección de los derechos de las audiencias a una dependencia gubernamental, en sustitución de un organismo autónomo, al considerar que ello podría convertir al gobierno en árbitro de los contenidos informativos y del debate público.
Los firmantes señalaron que la legislación electoral vigente otorga al Instituto Nacional Electoral (INE) la administración de los tiempos de radio y televisión durante los procesos electorales, mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ejerce el control de constitucionalidad y legalidad en la materia, precisamente para evitar que el gobierno intervenga en la valoración del ejercicio de la libertad de expresión durante las contiendas políticas.