Antes de que comience formalmente la jornada política, la radio ya está encendida.
Acompaña el tránsito de Toluca a Lerma, los desplazamientos entre Ecatepec y la Ciudad de México, la actividad comercial en Atlacomulco y los largos recorridos que comunican Tejupilco, Valle de Bravo y Tierra Caliente. En oficinas, talleres, automóviles, comercios y hogares, una voz selecciona qué ocurrió, quién merece ser escuchado y bajo qué palabras debe entenderse la realidad.
Por la noche, la televisión completa la operación. Jerarquiza los acontecimientos, coloca imágenes al poder y transforma algunos problemas en conversación colectiva mientras deja otros fuera de cuadro.
Este poder no necesita ordenar directamente cómo votar. Su capacidad es más elemental y profunda: decide buena parte de aquello sobre lo que una sociedad piensa.
En el Estado de México, la entidad más poblada del país y su principal reserva electoral, esa influencia alcanza potencialmente a casi 17 millones de personas. Sin embargo, la discusión sobre quién protege a esas audiencias, cómo pueden reclamar y qué límites deben imponerse tanto a los medios como al Gobierno ha pasado prácticamente de noche.
Una infraestructura pequeña para una población gigantesca
La base de infraestructura de radiodifusión de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, actualizada en abril de 2026, permite identificar aproximadamente 19 estaciones principales de radio con transmisores instalados en territorio mexiquense:
Cuatro estaciones de amplitud modulada, AM.
Quince estaciones de frecuencia modulada, FM.
A ellas se suman alrededor de 12 estaciones principales de Televisión Digital Terrestre, TDT.
En conjunto representan cerca de 31 estaciones transmisoras instaladas dentro del estado. No son necesariamente 31 empresas ni 31 proyectos periodísticos diferentes. Un concesionario puede controlar varias frecuencias; una estación puede retransmitir programación producida fuera de la entidad y una frecuencia digital puede transportar varios canales mediante la multiprogramación.
La cifra requiere otra precisión: una estación registrada como vigente o en proceso de prórroga no necesariamente transmite de forma continua. El inventario administrativo identifica infraestructura y derechos concesionados, pero no sustituye una verificación cotidiana de operación.
Aun con esas reservas, el dato exhibe una desproporción: el mayor estado del país por número de habitantes posee una infraestructura radiofónica y televisiva propia relativamente pequeña.
El Estado de México tiene alrededor de 19 estaciones principales de radio: cuatro de AM y 15 de FM / Foto: Archivo AD Noticias
Dos mercados dentro de una misma entidad
El sistema mediático mexiquense se encuentra dividido por una realidad geográfica y económica.
El Valle de Toluca tiene el ecosistema local más reconocible. En esta región operan frecuencias comerciales, públicas y universitarias que transmiten desde Toluca, Metepec y localidades cercanas.
Sus señales se extienden, según su potencia y las condiciones orográficas, hacia Lerma, Zinacantepec, Almoloya de Juárez, San Mateo Atenco, Calimaya, Temoaya, Tianguistenco, Atlacomulco y Valle de Bravo.
En radio aparecen Mexiquense Radio, Uni Radio de la UAEMéx y distintas estaciones comerciales. En televisión, las antenas de Toluca y el cerro de Jocotitlán transmiten contenidos de Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión, el Sistema Público de Radiodifusión y el Sistema Mexiquense de Medios Públicos.
El segundo universo es mucho mayor: el Valle de México mexiquense.
Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Atizapán, Tultitlán, Coacalco, Tecámac, Cuautitlán Izcalli y decenas de municipios forman parte del mercado metropolitano de la Ciudad de México.
Sus habitantes viven en el Estado de México, votan en el Estado de México y padecen problemas del Estado de México, pero consumen en gran medida señales cuya producción, agenda y perspectiva provienen de la capital nacional.
Así se configura una paradoja territorial: millones de mexiquenses reciben diariamente radio y televisión, pero no necesariamente contenidos concebidos desde su propia realidad.
Cobertura no significa audiencia
El Censo de Población y Vivienda 2020 contabilizó 16 millones 992 mil 418 habitantes en el Estado de México. El estudio de cobertura elaborado por el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó que la población estatal tenía posibilidad de acceder al menos a uno de los servicios de radiodifusión: AM, FM o televisión digital.
Eso permite hablar de una audiencia territorial potencial cercana a 17 millones de personas.
Pero cobertura potencial no significa audiencia efectiva.
Para saber cuántas personas escuchan una estación o ven un programa se necesitan mediciones de audiencia, encuestas de consumo, horarios, edades, niveles socioeconómicos y zonas reales de recepción. Una antena puede cubrir un municipio sin que todos sus habitantes sintonicen la señal.
Tampoco todas las estaciones poseen el mismo alcance. Una emisora comunitaria de baja potencia puede atender una localidad. Una frecuencia comercial o pública transmitida desde una elevación puede cubrir varios municipios y cruzar límites estatales.
La cobertura indica hasta dónde puede llegar una señal. La audiencia revela quién decidió recibirla.
La audiencia potencial se aproxima a 17 millones de habitantes, pero cobertura técnica no significa audiencia efectiva / Foto: Archivo AD Noticias
La radio del Valle de Toluca
El Valle de Toluca concentra la mayor oferta de radio originada dentro del estado.
Entre las frecuencias identificadas en Toluca, Metepec y su entorno se encuentran:
1600 AM, Mexiquense Radio.
89.3 FM, Lokura FM.
90.1 FM, Mix.
91.7 FM, Mexiquense Radio.
92.5 FM, Amor.
93.3 FM, Crystal.
98.9 FM, Súper Stereo Miled.
99.7 FM, Uni Radio UAEMéx.
101.3 FM, Ultra Radio.
102.1 FM, Radio Disney.
Su mercado territorial ampliado puede comprender aproximadamente entre 2.5 y 3 millones de habitantes, aunque ninguna frecuencia cubre necesariamente toda esa población.
En el Valle de México mexiquense se identifican estaciones en Tultitlán, Zumpango, Otumba y San Andrés de la Cañada. Sin embargo, la mayor parte de la oferta disponible para esa población proviene de transmisores instalados en la Ciudad de México.
El poniente y el sur
Valle de Bravo cuenta con dos frecuencias principales: 93.5 FM y 104.5 FM. Su influencia puede alcanzar distintos puntos de Amanalco, Donato Guerra, Villa de Allende, Ixtapan del Oro, Santo Tomás, Otzoloapan, Zacazonapan y Temascaltepec.
En el sur operan señales en Tejupilco y Tlatlaya. Su área potencial comprende parte de Tierra Caliente y municipios como Amatepec, Luvianos, Sultepec, Temascaltepec, San Simón de Guerrero, Zacualpan y Almoloya de Alquisiras.
Son territorios extensos, rurales y montañosos. La existencia de una frecuencia no garantiza una recepción homogénea.
En estas regiones la radio puede tener una importancia mayor que en los centros urbanos. Es accesible, acompaña desplazamientos largos y puede transmitir alertas, información comunitaria y servicios públicos donde internet y televisión enfrentan mayores limitaciones.
Paradójicamente, las comunidades que más necesitan medios cercanos suelen ser las menos atractivas para la inversión comercial.
Doce transmisoras de televisión
Dentro del territorio estatal se identifican aproximadamente 12 estaciones principales de Televisión Digital Terrestre.
Se distribuyen principalmente en:
Altzomoni y la zona de los volcanes.
Cerro Pico Tres Padres.
Cerro Jocotitlán y Valle de Toluca.
Toluca.
Valle de Bravo.
Desde esos puntos se transmiten señales de Las Estrellas, Canal 5, NU9VE, Azteca Uno, Azteca 7, Imagen Televisión, Mexiquense TV, Canal Catorce, Canal Once, TV UNAM y Canal 22, entre otras.
Las 12 estaciones no equivalen a 12 canales. La televisión digital permite que una sola frecuencia transporte varias señales mediante multiprogramación.
En el Valle de México, además, los hogares mexiquenses reciben una oferta mucho más amplia proveniente de las antenas ubicadas en la Ciudad de México.
Millones de mexiquenses reciben contenidos producidos y transmitidos desde la CDMX / Foto: Archivo AD Noticias
Las regiones olvidadas
La concentración demográfica y comercial provoca que el mayor número de señales se dirija a los valles de México y Toluca.
El norte, poniente y sur cuentan con una oferta menor. Donde no existe periodismo local constante, los problemas municipales difícilmente alcanzan visibilidad estatal.
Un conflicto por agua, una carretera abandonada, la presión del crimen, una disputa agraria o un abuso de autoridad pueden permanecer confinados dentro de una comunidad.
Lo que no llega a los medios rara vez llega al centro del poder.
La desigualdad mediática también es territorial: no todos los municipios poseen la misma capacidad para colocar sus problemas dentro de la conversación pública.
El poder de decidir qué importa
La radio y la televisión no controlan automáticamente la voluntad de sus audiencias. Las personas interpretan, contrastan y rechazan los mensajes que reciben.
Pero los medios sí poseen una capacidad decisiva: seleccionar los temas que ingresan a la discusión colectiva.
Si un noticiario dedica varios días a la inseguridad, puede elevar la percepción social del problema. Si reproduce actos de un alcalde sin someterlos a contraste, la propaganda adquiere apariencia de información. Si presenta constantemente a una persona como aspirante competitiva, contribuye a instalarla en el imaginario electoral.
La influencia mediática no consiste solamente en convencer. También consiste en volver visible.
Durante los procesos electorales, esta capacidad adquiere mayor valor. Los medios pueden:
Aumentar el reconocimiento de una candidatura.
Normalizar una aspiración política.
Repetir encuestas sin explicar su metodología.
Presentar propaganda pagada como entrevista.
Amplificar acusaciones sin evidencia suficiente.
Ocultar contradicciones o conflictos de interés.
Convertir actividades rutinarias de gobierno en acontecimientos.
Excluir actores y problemas de la conversación pública.
En la entidad con el mayor padrón electoral del país, la distribución de la visibilidad tiene consecuencias políticas.
El dinero público y la frontera borrosa
Gobiernos, ayuntamientos, legislaturas y organismos públicos contratan espacios de comunicación social. La publicidad oficial puede servir legítimamente para informar sobre servicios, campañas sanitarias, emergencias o programas públicos.
El problema aparece cuando la contratación modifica la cobertura periodística o cuando una pieza pagada se presenta como información independiente.
La audiencia tiene derecho a saber cuándo recibe una noticia elaborada por una redacción y cuándo observa un contenido financiado por una autoridad, partido, candidato o empresa.
Un alcalde entrevistado porque sus decisiones poseen interés público no es lo mismo que un alcalde entrevistado como parte de un convenio comercial. El contenido puede parecer idéntico; su naturaleza ética no lo es.
La opacidad impide al ciudadano conocer qué intereses participan en la construcción del mensaje.
La propuesta de Defensoría de las Audiencias
En este escenario, la CRT sometió a consulta los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.
La propuesta fue publicada el 24 de julio de 2026 y la consulta se desarrolla del 27 de julio al 21 de agosto. Su propósito es establecer los mecanismos mediante los cuales radioescuchas y televidentes podrán ejercer sus derechos frente a concesionarios de radio, televisión abierta, televisión y audio de paga.
Los lineamientos obligarían a las radiodifusoras y televisoras abiertas a contar con una persona defensora de las audiencias y un código de ética.
La persona defensora será nombrada por el propio concesionario, no por el Gobierno. Deberá tener al menos 30 años, experiencia en comunicación, derecho, radiodifusión o telecomunicaciones y no haber trabajado para el medio durante los dos años anteriores.
Tampoco podrá ser socia, accionista, representante legal, pareja o familiar cercano de quienes controlan la concesionaria.
La consulta sobre la Defensoría de las Audiencias concluirá el 21 de agosto de 2026 / Foto: Archivo AD Noticias
¿Qué podrán reclamar las audiencias?
Una persona podrá presentar una queja cuando considere que un programa, contenido o publicidad vulneró sus derechos.
Entre los posibles motivos están:
Información falsa presentada como noticia.
Datos antiguos difundidos como actuales.
Publicidad disfrazada de información periodística.
Falta de distinción entre noticia y opinión.
Contenidos discriminatorios.
Afectaciones a la dignidad o privacidad.
Violaciones al derecho de réplica.
Falta de protección a menores.
Ausencia de accesibilidad para personas con discapacidad.
La persona defensora podrá pedir al medio informes y grabaciones. Después determinará si existió una vulneración y, en su caso, recomendará una rectificación, modificación o medida correctiva.
La última palabra no será del defensor
La parte más delicada aparece cuando la audiencia rechaza la determinación, el concesionario no cumple la recomendación o la propia Defensoría solicita la intervención de la autoridad.
En esos casos podrá actuar la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
La CRT tendrá capacidad para confirmar, modificar o revocar la decisión de la persona defensora. También podrá ordenar medidas correctivas y, ante un incumplimiento, iniciar un procedimiento sancionador.
Las multas previstas pueden ir de 0.01 a 1 por ciento de los ingresos acumulables del concesionario o programador.
El Gobierno sostiene que no existe censura porque ninguna autoridad podrá revisar o prohibir contenidos antes de su transmisión.
La objeción no se limita, sin embargo, a la censura previa. El riesgo está en que una autoridad integrada en la estructura del Ejecutivo pueda decidir posteriormente si un contenido fue falso, descontextualizado o insuficientemente diferenciado de una opinión.
La pregunta es inevitable: ¿cómo proteger a las audiencias sin conceder al Gobierno la facultad de establecer una verdad oficial?
El otro riesgo: un defensor subordinado al medio
La independencia también puede romperse del lado empresarial.
El concesionario nombrará a la persona defensora y le proporcionará los recursos necesarios para trabajar. Aunque los lineamientos prohíben las interferencias y establecen impedimentos por conflicto de interés, no resuelven completamente la dependencia económica.
Si el defensor necesita la cooperación del medio para desempeñar sus funciones y espera ser ratificado al terminar su periodo, su autonomía puede debilitarse.
México queda frente a una tensión doble:
Un defensor demasiado cercano al concesionario puede convertirse en figura ornamental.
Una autoridad demasiado cercana al Gobierno puede convertirse en mecanismo de presión.
El equilibrio exige que ninguno de esos poderes controle por sí solo el procedimiento.
Radio y televisión pueden construir agendas, reputaciones políticas y percepciones sociales / Foto: Archivo AD Noticias
La ausencia mexiquense
A pesar de la dimensión de las audiencias y de la proximidad de las elecciones de 2027, la consulta ha generado escasa discusión pública en el Estado de México.
Los partidos no han construido posiciones serias. El Congreso local no ha colocado el tema en el centro de su agenda. Las universidades no han convocado a una deliberación de gran alcance. Los concesionarios locales tampoco han explicado ampliamente cómo los afectaría la propuesta.
La sociedad civil permanece prácticamente ausente.
La omisión resulta difícil de justificar. Las reglas se aplicarán a estaciones que operan dentro del territorio y a señales recibidas por millones de mexiquenses. También pueden modificar la manera en que se presentan noticias, opiniones, publicidad y rectificaciones.
El Estado de México representa el mayor mercado electoral del país, pero no está participando proporcionalmente en la definición de sus derechos como audiencia.
Una reforma antes de 2027
La oportunidad política no es secundaria.
Las elecciones intermedias de 2027 renovarán ayuntamientos y diputaciones. En ese proceso, la radio y la televisión volverán a ser instrumentos relevantes para presentar candidaturas, construir reputaciones, difundir encuestas y fijar prioridades.
Los medios digitales han crecido, pero no han eliminado el poder de la radiodifusión. Con frecuencia sucede lo contrario: un fragmento transmitido en radio o televisión se reproduce después en Facebook, X, Instagram, TikTok, WhatsApp y portales informativos.
Un contenido puede comenzar frente a un micrófono y terminar circulando durante días en millones de teléfonos.
Una audiencia enorme, una discusión mínima
El Estado de México cuenta con aproximadamente 19 estaciones principales de radio y 12 transmisoras de televisión instaladas dentro de su territorio, pero recibe muchas más señales provenientes de entidades vecinas.
Su audiencia potencial se aproxima a 17 millones de habitantes y forma parte del mercado político más disputado del país.
La radio y la televisión no deciden solas una elección. Pero ayudan a establecer quién existe políticamente, qué problemas merecen atención y bajo qué palabras se interpreta la realidad.
Pueden fiscalizar al poder o servirle de escaparate. Pueden informar a la ciudadanía o administrarle propaganda. Pueden abrir la conversación pública o clausurarla mediante silencios.
La Defensoría de las Audiencias pretende colocar un contrapeso frente a ese poder. Su legitimidad dependerá de que también posea contrapesos frente al Gobierno y frente a los propietarios de los medios.
La entidad más importante para conquistar el poder nacional todavía no discute seriamente quién influye sobre sus decisiones ni quién defenderá a quienes reciben, todos los días, los mensajes del poder.
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