Cómo entender el poder en Edomex

Atlacomulco: la batalla por la grey y los diezmos
Fiscalía Edomex: el prestigio en juego
El patrimonio público bajo asedio
Laura González se baja de la competencia por Metepec
Los partidos nunca pierden en Edomex

Atlacomulco: la batalla por la grey y los diezmos
Durante décadas, Atlacomulco fue el gran laboratorio del poder. Ahí se disputaban candidaturas, presupuestos, contratos, influencias y negocios. Hoy el municipio vuelve a llamar la atención por una batalla distinta. Ya no la protagonizan partidos, gobernadores o caciques. Ahora la libran iglesias. El reciente comunicado de la Diócesis de Atlacomulco, encabezada por Adolfo Miguel Castaño Fonseca, para desconocer el ministerio de Isidoro Abad Olivares, primado de la Iglesia Apostólica Ecuménica Siervos del Espíritu Santo, trasciende el debate teológico. Cuando una institución sale a defender públicamente a su grey, reconoce que alguien más intenta atraerla. En Atlacomulco ya no solo se disputan los votos. También los diezmos. Al final, la decisión no será de los obispos, sino de la feligresía. Después de todo, Dios parece ser el mismo. Lo que cambia son las sucursales.

Fiscalía Edomex: el prestigio en juego
Las vinculaciones a proceso de los alcaldes Fernando Flores y Nancy Nápoles dejaron de ser únicamente dos expedientes de alto impacto político. Hoy representan la prueba más importante para la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México, encabezada por Rodrigo Archundia Barrientos, y para la estructura responsable de investigar los delitos cometidos por servidores públicos, bajo la conducción de Norma Elvia Trejo Luna. El valor simbólico de ambos casos es enorme: demostrar que el combate a la corrupción puede sostenerse con investigaciones sólidas y técnicamente impecables. Si las acusaciones prosperan, la Fiscalía consolidará el prestigio institucional que ha construido en los últimos años. Pero si las carpetas se derrumban por errores de integración, insuficiencia probatoria o fallas procesales, el daño trascenderá la absolución de dos alcaldes: pondrá en entredicho la credibilidad de una institución que ha convertido estos expedientes en una de sus principales cartas de presentación.

El patrimonio público bajo asedio
La denuncia de la síndica de Atizapán de Zaragoza sobre la apropiación de decenas de predios municipales por particulares, entre ellos cadenas comerciales como OXXO y Tiendas 3B, no describe un conflicto inmobiliario, sino un mecanismo de privatización ilegal del patrimonio público mediante omisiones administrativas, permisos irregulares o redes de complicidad. Atizapán es apenas la expresión más reciente de un fenómeno que se repite en distintos municipios del Estado de México. Reservas territoriales, áreas de donación, vialidades y otros bienes públicos terminan incorporados al patrimonio privado sin que exista una política eficaz para protegerlos ni consecuencias para quienes lo permiten. Mientras la atención pública suele concentrarse en el desvío de recursos, el saqueo del patrimonio territorial avanza con mucha menor visibilidad, aunque sus efectos son mucho más profundos y permanentes. Es una de las formas de corrupción más rentables, menos visibles y más difíciles de revertir.

Laura González se baja de la competencia por Metepec
Desde hace meses, Laura González, secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México, figuraba en la conversación política como una de las cartas más competitivas de Morena para disputar la alcaldía de Metepec. Nunca fue una aspiración expresada por ella, sino una hipótesis construida a partir de su desempeño en el gabinete y de las buenas evaluaciones de su gestión. La propia secretaria decidió cerrar el debate con un no rotundo y una explicación poco común en la política: «no tengo trabajo político». Con esa sola frase descartó, al menos rumbo a 2027, una candidatura que muchos daban por viable y recordó una verdad que con frecuencia se olvida: la eficacia en el gobierno no sustituye la construcción territorial ni el trabajo político.

Los partidos nunca pierden en Edomex
Podrá ser legal, pero cuesta trabajo sostener que sea moral. En un estado que concentra el mayor número de personas en situación de pobreza del país, los mexiquenses mantienen a diez partidos políticos, varios de ellos con una presencia pública apenas perceptible y una utilidad social difícil de acreditar. Tan solo este año recibirán 429 millones de pesos de financiamiento público, recursos que podrían destinarse a becas, patrullas, sistemas de agua potable o, cuando menos, a tapar los baches que forman parte del paisaje cotidiano. Lo más desconcertante no es que el dinero exista, sino que desaparece en la contabilidad partidista sin que los ciudadanos sepan realmente en qué se gasta. Los partidos exigen transparencia al gobierno, pero cuando se trata de explicar el destino de sus propias prerrogativas, el silencio suele ser mucho más elocuente.
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