Acceder a estudios universitarios en México es un privilegio. El mismo se legitima empezando con un ritual: el examen de admisión. Se trata de un proceso cuya base es creer en la meritocracia. Si todos los que se preinscriben y presentan su examen están convencidos de que merecen un lugar, lo que hace el examen es asignar los roles según el mérito de cada quien: aceptado, rechazado, con posibilidad de segunda opción, etc.
Este ritual es de lo más común en casi todo el mundo. Desde las universidades más prestigiosas hasta otras más locales, la mayoría convoca a los aspirantes a prepararse para el examen sabiendo que los lugares están limitados y exceden a la demanda. Hay carreras y universidades donde la proporción de los admitidos es menor a 20%. Y, se asume que todos los rechazados aceptan el resultado, porque el proceso es muy transparente. Pero esto último es sólo una suposición, porque en muchos de quienes son rechazados se cultiva una idea de que el proceso fue injusto o manipulado. Para que se mantenga la creencia en la meritocracia debe buscarse donde estuvo la falla: quienes no logran ingresar pueden atribuir su exclusión no a falta de mérito individual, sino a fallas sistémicas.
Prueba de lo anterior lo tenemos con todo el revuelo causado tras la publicación de resultados del primer Concurso de Selección a Licenciatura 100% en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Los datos que han sido revelados han movido a la sospecha: históricamente algunas carreras como Medicina registraban promedio de aciertos entre 59-62, pero en esta ocasión ese promedio subió a 78 aciertos; también se incrementaron los casos de quienes alcanzaron un puntaje casi perfecto, con 117 de 120 aciertos posibles; y, en general, hay una curva de distribución que se desplaza masivamente hacia la franja alta. Lo que en apariencia podría celebrarse como un “mejor desempeño” colectivo se ha convertido en motivo de sospecha generalizada, debate acalorado y, sobre todo, descrédito institucional.
Más voces de las acostumbradas se han levantado para pedir que se revise todo el proceso. La propia UNAM ha anunciado la creación de una Comisión Técnica para que se meta al asunto y aclare si hubo algo anormal o no. Las principales acusaciones van en el sentido de que muchos de los que aplicaron el examen pudieron haberse auxiliado de Inteligencia Artificial. También hay señalamientos de que en el mercado negro se vendían las claves, o que en redes sociales circulaban las respuestas a las preguntas de dicho examen. Yo creo que estas sospechas y acusaciones apuntan más profundo. No sólo son anomalías estadísticas que renuevan las acusaciones de siempre, puede ser una crisis de legitimidad en uno de los pilares simbólicos de la educación superior mexicana, como lo ha sido el examen de admisión.
A nivel internacional se han dado casos como este que ahora enfrenta la UNAM. Están aquellos en los que se comprobaron filtraciones en India y Perú (llevando a anular todo el proceso) y otros con anomalías, como en Argentina que llevaron a un escándalo. Y están los casos de Corea del Sur y China, cuyos sistemas han optado por la hipervigilancia y penalización de trampas en los exámenes, lo que puede generar estrés extremo en los estudiantes y una cultura de control que prioriza la integridad sobre el aprendizaje significativo.
En el caso de la UNAM no hay respuestas fáciles. Anular todo el proceso generaría frustración y costos logísticos; revisiones selectivas generarían acusaciones de arbitrariedad. El examen en línea expone con crudeza cómo la digitalización acelerada, sin las salvaguardas adecuadas, amplifica desigualdades preexistentes en lugar de mitigarlas. Esto se debe a que no todos los aspirantes compiten bajo las mismas condiciones: acceso a internet estable, entornos tranquilos, dispositivos adecuados y capital cultural para navegar (o resistir) las nuevas tentaciones tecnológicas como la IA generativa o la colaboración remota. Lo que para algunos significó menor estrés y mejor rendimiento, para otros representa la sospecha de que su esfuerzo presencial histórico fue devaluado por un sistema vulnerable a filtraciones, “cuentas fantasma” y redes de fraude.
El desplazamiento estadístico masivo que reflejan los resultados de la UNAM dificilmente se explica solo por factores emocionales o cambios en la dificultad del examen. Aunque no existan pruebas categóricas de fraude masivo, la percepción de inequidad es ya un hecho social con consecuencias reales. Aspirantes que prepararon durante meses o años ven cómo su posición relativa se diluye. Quienes lograron puntajes excepcionales cargan ahora con el estigma de la duda. Y la institución, guardiana histórica del acceso público a la excelencia, enfrenta el riesgo de que su proceso sea visto no como meritocrático, sino como arbitrario o permeable a privilegios tecnológicos.
Yo diría que debemos considerar que los exámenes de admisión no son meras herramientas técnicas de selección; son rituales de legitimación social. Funcionan como mecanismos que convierten diferencias sociales en diferencias “naturales” de mérito, otorgando a los seleccionados un título de nobleza académica que justifica su posición futura. Si este tipo de rituales pierden credibilidad, se erosiona la creencia colectiva en la meritocracia: ya no se trata solo de que algunos aprobaron o reprobaron, sino de que el propio “mérito” medido ha dejado de ser comparable, confiable y justo.
La legitimidad simbólica de la UNAM, construida durante décadas como espacio de movilidad social ascendente, queda herida con este escándalo. En un país con profundas desigualdades, la educación superior pública ha operado como uno de los pocos canales creíbles de ascenso. Cuando ese canal se percibe viciado —ya sea por fallas técnicas, brechas digitales o nuevas formas de ventaja—, se alimenta el cinismo: la idea de que “el sistema siempre está arreglado”, solo que ahora de formas más sofisticadas y difíciles de auditar. Esto no solo desmotiva el esfuerzo de miles de jóvenes, sino que puede profundizar la migración hacia universidades privadas (con sus propios filtros económicos) o hacia el desencanto educativo.
La UNAM y el resto de universidades públicas tienen ante sí una oportunidad histórica: más allá de resolver el caso concreto de este examen 2026, debe propiaciarse una reflexión nacional sobre qué tipo de meritocracia queremos en la era digital. Porque si los exámenes de admisión dejan de ser percibidos como justos, no solo perderán efectividad como herramientas de selección: perderán su poder como símbolos de que el esfuerzo y el talento pueden prevalecer sobre el origen social.
En última instancia, la erosión de la legitimidad meritocrática no afecta solo a los aspirantes rechazados o aceptados este año. Afecta el contrato social que sostiene la educación como vía legítima de progreso. Reconstruirlo requiere más que parches tecnológicos: exige transparencia, equidad real y una concepción de la universidad como institución que no solo selecciona, sino que transforma condiciones sociales. El futuro de la educación superior mexicana se juega, en buena medida, en cómo respondamos a esta crisis de confianza.
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