El trágico desenlace del tigre Kenzo en el Estado de México puso bajo la lupa una realidad alarmante: el descontrolado mercado y la tenencia irresponsable de grandes depredadores en el país. Detrás de un animal exótico deambulando por un cerro, existe una red de comercio opaco, presupuestos exorbitantes y un perfil de propietarios que ven en la fauna silvestre un símbolo de estatus económico, muchas veces ligado a la ilegalidad.
Sin embargo, la legislación mexicana contiene un vacío normativo histórico que ha facilitado que particulares y refugios improvisados adquieran legalmente grandes depredadores como si fueran animales de compañía. Aunque la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) regula la conservación y el aprovechamiento de la fauna, sus figuras administrativas han sido utilizadas como una puerta trasera para el mascotismo de felinos exóticos.
La posesión legal
Bajo el marco de la Ley General de Vida Silvestre, cualquier ciudadano puede solicitar el registro de un predio o de posesión de animales salvajes ante la SEMARNAT mediante dos modalidades: UMA (Unidades de Manejo Ambiental) y PIMVS (Predios e Instalaciones que Manejan Vida Silvestre).
El problema radica en que los requisitos de la ley se centran en la entrega de un Plan de Manejo en papel que certifique el origen legal del animal mediante notas de venta o facturas de criaderos autorizados y garantice medidas de seguridad. Sin embargo, la ley no exige de manera obligatoria una certificación de conocimientos técnico-veterinarios avanzados a los propietarios particulares antes de otorgar el permiso. Esto permite que personas sin capacitación real operen albergues o mantengan tigres en zonas residenciales, amparados por un registro oficial del Gobierno.
Los vacíos en las leyes mexicanas han permitido que la venta de animales exóticos prolifere tanto de forma legal como ilegal. /Foto: RRSS.
El colapso de la regulación
La legislación estipula que la PROFEPA debe hacer visitas periódicas para asegurar el cumplimiento del trato digno y respetuoso a los animales. No obstante, el presupuesto asignado a la procuraduría ambiental ha sufrido recortes, dejando a la institución con un déficit de inspectores para todo el territorio nacional.
Esta incapacidad operativa provoca que, una vez otorgado el permiso PIMVS o UMA, las autoridades rara vez verifiquen que el recinto donde se encuentra el animal cuente con las medidas de contención adecuadas para evitar escapes, o si el personal sabe aplicar un protocolo de sedación.
El caso de Kenzo demostró el peor escenario de este sistema: un tigre albergado legalmente bajo un esquema deficiente, cuyo escape expuso que las autoridades locales y los dueños operaban en la total ignorancia técnica, transformando un vacío burocrático en una persecución con consecuencias fatales
Impunidad y «lavado de especies»
De acuerdo con análisis de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), las personas que adquieren grandes felinos en el país suelen dividirse en dos perfiles económicos altos:
● Empresarios particulares que buscan coleccionar animales exóticos en ranchos o residencias.
● Delincuencia organizada, quienes utilizan a tigres y leones como herramientas de intimidación o símbolos de poder.
A nivel operativo, existe una preocupante modalidad conocida como el «lavado de especies». Algunos predios e instalaciones que manejan vida silvestre con permisos legales aprovechan la falta de supervisión de la Dirección de Vida Silvestre para reproducir felinos sin reportar sus nacimientos. Posteriormente, clonan o duplican un solo permiso legal para comercializar ilegalmente con múltiples crías, vendiéndolas a particulares sin que estos cuenten con la infraestructura o el conocimiento veterinario para albergarlos.
Criaderos han adoptado métodos para burlar a las autoridades mexicanas y vender como legales cachorros de felinos exóticos. /Foto: especial.
¿Cuánto cuesta adquirir un Gran Felino?
En el mercado formal o en criaderos autorizados, un cachorro de tigre de Bengala legal puede promediar entre $60,000 y $100,000 pesos mexicanos, siempre que se emita la documentación correspondiente; sin embargo, el incremento del tráfico ilegal ha diversificado los canales de distribución.
Ernesto Zazueta, presidente de la AZCARM, advierte constantemente sobre los alcances del mercado negro, señalando que «el tráfico ilegal de animales es el tercer ilícito que más dinero genera en el mundo, solo por detrás de las armas y las drogas, moviendo más de 100 mil millones de dólares al año».
En este mercado clandestino que se produce por medio de redes sociales, mercados locales o intermediarios, los precios fluctúan de manera drástica según la exclusividad del animal, por ejemplo:
● Tigre de Bengala tradicional o león africano: se pueden conseguir desde los $30,000 hasta los $50,000 pesos.
● Variaciones exóticas (Tigre Blanco o Jaguar): debido a su rareza y alta demanda estética, sus precios se disparan en el mercado negro, alcanzando montos de entre $150,000 y $300,000 pesos.
El mercado de animales exóticos se ha vuelto altamente lucrativo y cada día afecta más al ecosistema por la extracción de animales de su hábitat natural. /Foto: Mongabay Latam.
El impagable costo de mantenimiento
El verdadero problema para los compradores no es la adquisición, sino el costo de manutención, una cifra que la gran mayoría de los refugios improvisados o particulares no puede sostener a largo plazo, derivando en desnutrición y abandono generalizado de los ejemplares.
Mantener a un solo tigre de Bengala en condiciones óptimas cuesta más de $50,000 pesos mensuales. Un ejemplar adulto consume diariamente entre el 8% y el 10% de su peso en carne cruda, aproximadamente de 10 a 18 kilos diarios; financiar esta dieta, sumada a los complementos alimenticios, la medicina preventiva, los programas de enriquecimiento ambiental y el sueldo de cuidadores calificados, eleva drásticamente el presupuesto.
El caso de Kenzo fue el reflejo de esta cadena: un animal adquirido por particulares que carecían de un protocolo de fuga eficaz, albergado en un espacio que no garantiza la contención de la fauna y cuyo escape terminó en una tragedia completamente predecible debido a la ignorancia operativa.
Mientras la Ley General de Vida Silvestre siga priorizando el papeleo burocrático sobre la inspección física rigurosa, y el mercado negro continúe expandiéndose a la sombra de la inacción institucional, la vida de los grandes felinos seguirá en manos de la improvisación.
Evitar futuros desenlaces fatales exige transitar de una fiscalización de escritorio a una verdadera supervisión técnica en campo, donde la experiencia especializada guíe de forma definitiva el manejo de la biodiversidad en nuestro país.
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