Tribunal ordena reactivar proceso contra Emilio Lozoya

Un tribunal federal ordenó reactivar el proceso penal contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por el caso de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, donde se le acusa del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La resolución se da luego de que su hermana, Gilda Susana Lozoya, fuera vinculada a proceso por el mismo asunto.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México confirmó la negativa de amparo que buscaba mantener suspendido el proceso contra el exfuncionario. Los magistrados determinaron que Lozoya no puede beneficiarse del acuerdo reparatorio firmado por Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), con Pemex.
La magistrada Lorena Oliva Becerra señaló que el convenio celebrado por Ancira para reparar el daño no extingue la responsabilidad de otros involucrados, debido a que la obligación fue establecida de manera mancomunada. Por ello, el acuerdo no puede ser utilizado por Lozoya para frenar la acción penal en su contra. El caso deriva de la compra de la planta Agronitrogenados por parte de Pemex en 2014, por un monto de 275 millones de dólares, pese a que una valuación oficial determinó que su valor era de poco más de 58 millones de dólares. La FGR estimó que el sobreprecio ocasionó un daño de más de 216 millones de dólares.
El acuerdo reparatorio firmado con Ancira contemplaba el pago de esa cantidad en tres partes; sin embargo, el empresario no cubrió la última parcialidad de más de 112 millones de dólares. Ante el incumplimiento, la FGR solicitó reactivar el proceso penal, mientras que Lozoya continuará enfrentando las acusaciones por el caso Agronitrogenados.
Sin embargo, la tercera y última parcialidad, superior a los 112 millones de dólares y que debía pagarse en noviembre de 2023, no fue cubierta por el empresario. Ante este incumplimiento, la FGR solicitó la reanudación del proceso penal contra Ancira y pidió continuar con las acciones legales correspondientes.
Ancira argumentó que no pudo realizar el pago debido a un proceso de reestructura financiera de su empresa y solicitó una ampliación del plazo. Pemex consideró viable extender la fecha límite hasta noviembre de 2024, propuesta que fue autorizada posteriormente por un juez de control.
No obstante, la aprobación definitiva del convenio modificatorio quedó pendiente debido a una suspensión derivada de un juicio de amparo promovido por Emilio Lozoya. Con la nueva resolución del tribunal federal, queda sin efecto el argumento que permitió mantener detenido el proceso penal del exdirector de Pemex. La FGR ha sostenido que el acuerdo alcanzado con Alonso Ancira tuvo como objetivo reparar el daño provocado por la adquisición de la planta de fertilizantes, considerada una operación irregular debido al sobreprecio pagado por Pemex.