La Fiscalía General de la República (FGR) identificó una presunta red empresarial dedicada a la introducción ilegal de gasolina y diésel al país, en la que estaría involucrado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, señalado como uno de los principales accionistas de la empresa Ingemar.
De acuerdo con la investigación federal, el esquema operaba mediante al menos 11 empresas que presuntamente participaron en la recepción, distribución y comercialización de combustibles ingresados sin declarar ante autoridades aduaneras. Entre las compañías señaladas se encuentran Ingemar, Servicios Portuarios, Dragados y Puertos, Logística Ferroviaria Fargo y Crismon Hidrocarburos y Derivados.
La FGR señala que cuatro de estas empresas fueron utilizadas como destinatarias finales del combustible: Internacional de Fundentes, Logística Ferroviaria Fargo, Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G. y Crismon Hidrocarburos y Derivados. Según la indagatoria, dichas compañías habrían participado en operaciones para aparentar la legalidad de la distribución de los petrolíferos.
La investigación establece que Ingemar y Servicios Aduanales JR fueron utilizadas para ingresar al país 163 ferrotanques cargados con miles de litros de combustibles que no fueron declarados ante las autoridades. Además, la fiscalía detectó que durante 2025 Ingemar habría excedido los límites autorizados para la importación de gasolina y diésel.
Según el expediente, la empresa tenía permisos para importar 216 millones de litros de gasolina regular y 173 millones 280 mil litros de diésel; sin embargo, habría ingresado más de 760 millones de litros de gasolina y mil 766 millones de litros de diésel, lo que representa un excedente superior a los 2 mil millones de litros de petrolíferos.
La FGR también señala a Crismon Hidrocarburos y Derivados como la empresa encargada de colocar el combustible en el mercado mediante operaciones con otras compañías. La dependencia detectó facturas emitidas a Gasolinera Faza, empresa relacionada con investigaciones por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Finalmente, la Fiscalía indicó que varias de las empresas involucradas no contaban con permisos vigentes de la Secretaría de Energía ni de la Comisión Nacional de Energía para importar, distribuir o comercializar hidrocarburos. La investigación continúa para determinar la responsabilidad de las personas físicas y morales relacionadas con el presunto esquema.
La indagatoria de la FGR también señala que las empresas involucradas habrían utilizado documentos comerciales, cartas porte y guías de embarque para justificar el traslado y propiedad de los combustibles, con el objetivo de dar apariencia de legalidad a operaciones que presuntamente tenían un origen irregular.
El expediente agrega que las autoridades continúan analizando la estructura financiera y operativa de las compañías relacionadas, así como la participación de sus accionistas y representantes legales, para establecer si existió una coordinación para evadir controles fiscales, aduaneros y regulatorios en el manejo de hidrocarburos.
Identifica FGR 4 empresas a las que llegaba el huachicol
