CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 El Senado de la República analiza una reforma que busca evitar el abandono institucional de miles de migrantes mexicanos, incluidos menores, que son deportados o retornados de Estados Unidos y que llegan a la frontera mexicana sin documentos, sin recursos y expuestos al crimen organizado.
La iniciativa establece que cuando el Instituto Nacional de Migración (INM) reciba en puntos fronterizos a personas mexicanas repatriadas, personas mexicanas en retorno o personas extranjeras readmitidas por el Estado mexicano, deberá integrar una constancia de recepción y canalización segura.
“Significa que ninguna persona sea dejada en una carretera, terminal de transporte, puente internacional, zona despoblada o espacio público sin posibilidad razonable de traslado, comunicación o recepción segura, especialmente cuando existan condiciones de riesgo para su vida, integridad, libertad, salud o seguridad”, argumenta la iniciativa impulsada por la senadora por Morena, Olga Patricia Sosa.
Se señala que la constancia tendrá por objeto documentar la recepción de la persona, identificar riesgos inmediatos y dejar registro de la autoridad, institución, persona o lugar al que será canalizada.
Dicha constancia deberá incluir nombre, nacionalidad y datos de identificación disponibles de la persona recibida; fecha, autoridad o instancia que efectuó la entrega, cuando exista, manifestación de la persona sobre su lugar de destino o red de apoyo, tratándose de personas adultas.
Asimismo, identificación preliminar de condiciones de riesgo que requieran canalización a una autoridad competente; autoridad, institución, albergue, persona o lugar de destino al que será canalizada; medio de traslado o forma de salida del punto de recepción.
Antes de concluir su intervención, el Instituto deberá verificar que la persona cuente con un destino identificado o haya sido canalizada a una autoridad o institución competente cuando existan condiciones de riesgo para su vida, integridad, libertad, salud o seguridad.
Se destaca que en 2025 se registraron alrededor de 160 mil devoluciones de mexicanas y mexicanos desde Estados Unidos; si bien esta cifra fue menor que los 206 mil eventos de 2024 y los 215 mil de 2023, el fenómeno sigue siendo estructural y exige capacidades permanentes de recepción y reintegración.
El Gobierno Federal informó que, entre octubre de 2024 y junio de 2025, los Oficiales de Protección a la Infancia brindaron atención y protección a 35 mil 146 niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros, de los cuales 33 mil 108 viajaban acompañados y 2 mil 38 no acompañados; además, atendieron a 5 mil 968 niñas, niños y adolescentes mexicanos repatriados no acompañados.
Estas cifras muestran que la frontera no sólo recibe personas adultas en retorno, sino niñas, niños y adolescentes expuestos a separación familiar, violencia, explotación, trata de personas, reclutamiento delictivo, abandono, enfermedades, barreras lingüísticas y ausencia de documentos.
“Cuando una persona llega a territorio mexicano como resultado de una repatriación, retorno o readmisión, el Estado no recibe únicamente un dato estadístico o un expediente administrativo; recibe a una persona con historia, necesidades y posibles riesgos”.
“Puede tratarse de alguien que no cuenta con documentos, que carece de red familiar, que requiere medicamentos, que no tiene un lugar seguro al cual dirigirse o que se encuentra expuesto a violencia, explotación o reclutamiento delictivo. Frente a ello, la autoridad no debe concluir su intervención sin dejar constancia de lo ocurrido y sin verificar una ruta mínima de canalización segura”.
Senado analiza reforma sobre migración
